El Gobierno de Adrián Barbón y su consejero Guillermo Peláez renuncian a proteger 6 millones en Duro Felguera, aceptando su quita sin batalla jurídica. Un caso que mezcla política, técnica y un sospechoso cambio de criterio.
Pero en el caso de Duro Felguera, el ruido no tapa la realidad: la compañía se juega su supervivencia en un proceso judicial donde el margen es ínfimo.