Se habla mucho, demasiado, de lo que hace Trump con la delincuencia y la inmigración, siempre en clave de melodrama. Que si brutalidad, que si xenofobia, que si el nuevo Leviatán americano. Los medios lo pintan como si la política se redujera a un combate entre la compasión y la crueldad, como si la seguridad de un país fuera una cuestión de emociones y no de hechos.
Y mientras tanto, en España, la criminalidad encontró una zona de confort. La seguridad ha dejado de ser prioridad. O, mejor dicho, ha sido sustituida por un catálogo de valores abstractos que sirven más para justificar la inacción que para garantizar la convivencia. En España: zona de confort criminal, Samuel Vázquez y José María Vallejo sostienen que este país ha dejado de proteger a sus ciudadanos para convertirse en un territorio permisivo, donde el delito se expande sin cortapisas y la impunidad no es un accidente, sino la norma.
En otras palabras: el Estado ya no combate el crimen, lo administra. La pregunta es inevitable: ¿ha sido la justicia reemplazada por la complacencia?Los datos ofrecen pocas dudas. España es ya un enclave perfecto para el crimen organizado. Aquí las mafias de droga, trata de personas y tráfico de armas encuentran un refugio sin demasiados sobresaltos. El paraíso donde operar sin que nadie les moleste demasiado. La policía, cuando no está atada de pies y manos por la falta de recursos, tiene que lidiar con una burocracia que convierte cada intervención en una gincana legal.
Y eso, en el mejor de los casos. En el peor, se topa con estructuras de poder más preocupadas por sus propios intereses que por garantizar la seguridad pública.Pero el problema no acaba ahí.
El sistema judicial, en su obsesión por garantizar derechos, ha terminado por vaciar de contenido la responsabilidad penal. Se suavizan condenas, se premia la reincidencia y se multiplica la indulgencia. La reinserción, que debería ser una herramienta excepcional para ciertos casos, se ha convertido en el principio rector de toda la política criminal. ¿El resultado? Un delincuente puede reincidir hasta la saciedad sin que pase nada. O, mejor dicho, sin que le pase nada a él.
Y mientras tanto, la inmigración sin control añade otro eslabón a la cadena de negligencias. España ha decidido rebajar los filtros de sus fronteras con una laxa verificación de quién entra y sin control real sobre lo que hacen después. No es solidaridad, es irresponsabilidad. Es ignorar que entre quienes buscan oportunidades también se cuelan quienes solo buscan aprovecharse del descontrol.
En Barcelona, por ejemplo, ocho de cada diez detenidos por delitos son extranjeros. Pero basta con señalar este dato para que el escándalo no sea la cifra, sino el hecho de haberla mencionado. ¿En qué momento señalar una realidad estadística se convirtió en un tabú?
No es cuestión de ideologías. No es de derechas ni de izquierdas, ni de conservadores contra progresistas. Es simple: un Estado que no protege a sus ciudadanos ha dejado de ser un Estado. Reformar la policía, hacer leyes que protejan, controlar la inmigración y restaurar la autoridad no son medidas radicales. Son medidas de sentido común. Porque cuando la seguridad se debilita, la libertad es la siguiente en caer. Samuel Vázquez y José María Vallejo lo dicen con claridad en su libro: España se ha convertido en un territorio donde el crimen se siente cómodo y la ley, incómoda. Y esa es la realidad que muchos prefieren no ver. Porque afrontarla supondría admitir que la España garantista ha cruzado la línea y ha terminado en la España impune.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED
