Si un visitante hubiera aterrizado en Salt hace una semana, sin saber nada de su historia reciente, al asomarse a sus calles habría sentido la punzada de un déjà vu distópico. Una película de bajo presupuesto, pero con producción en tiempo real. Contenedores en llamas, sombras encapuchadas jugando al ratón y al gato con los Mossos, cristales esparcidos como dientes rotos en la acera, pintadas que entremezclan árabe, catalán y rabia. Un municipio de 30.000 habitantes convertido en decorado de disturbios.
Pero lo de Salt no es un accidente. Ni un mal día. Ni un episodio suelto. Es un síntoma. Y los síntomas nunca vienen solos: anuncian un mal mayor.
Una chispa sobre gasolina derramada
El detonante, según la versión oficial, es de manual. Un desahucio. Un imán subsahariano, autoproclamado líder religioso, que llevaba cinco años sin pagar el alquiler de una vivienda ocupada a una entidad bancaria. La policía ejecuta la orden. El imán vuelve a intentarlo. Lo impiden. Se enciende la mecha. La mecha prende la pólvora. Y la pólvora estalla.
Primero, las protestas. Luego, las primeras piedras contra la comisaría. Después, efecto dominó: más gente en la calle, más rabia acumulada, más sensación de «nosotros contra ellos».
Salt no ha llegado hasta aquí por casualidad. Su demografía es un cóctel sin agitar pero con mecha corta: 38% de población inmigrante, 77 nacionalidades distintas compartiendo 6,5 km². Pero no es solo una cuestión de números. Es un problema de integración fallida, de guetos cada vez más definidos, de tensión contenida entre los discursos buenistas y los vecinos que ya no compran el cuento de la multiculturalidad feliz.
Las noches de furia
El primer día, unos 200 manifestantes cercan la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Se lanzan huevos, piedras, insultos como metralla verbal. La noche cae y el guion se endurece. Los contenedores arden, los negocios tiemblan, los cristales revientan.
El segundo día, la historia cambia de protagonistas. Ya no va de un imán desahuciado. Ni de vivienda. Ni de derechos. Ahora el relato es otro: el Estado opresor contra los de abajo. Llegan refuerzos: encapuchados de fuera, aprendices de barricada, profesionales del disturbio. La violencia se perfecciona. Aparecen cócteles molotov, guantes reforzados, mochilas con piedras. El vandalismo deja de ser espontáneo: empieza a ser un guion ensayado.
Y la policía, por supuesto, se convierte en el enemigo perfecto.
La política en el banquillo de los acusados
Salt, con sus problemas propios, se convierte de repente en un campo de pruebas para un debate mayor. La izquierda se apresura a encajar los disturbios en su narrativa: «los oprimidos contra los especuladores». Los ciudadanos, que padecen ya impacientes, en cambio, emiten el diagnóstico: «la inmigración descontrolada es una bomba de relojería».
La CUP, fiel a su capacidad para relativizar la violencia cuando la ejercen los suyos, justifica los disturbios. Una de sus diputadas sentencia que «tirar piedras a la policía y quemar contenedores es algo culturalmente propio de Cataluña». Dicho en cualquier otro país, le costaría la carrera política. Dicho aquí, se diluye entre la niebla de lo normalizado.
Mientras tanto, el gobierno catalán emite comunicados tibios, juega a la equidistancia, trata de no incomodar a los radicales que lo sostienen ni a la opinión pública que empieza a hartarse del caos. Y esa tibieza solo refuerza la sensación de que la autoridad es un concepto cada vez más borroso.
Un diagnóstico sin anestesia
La clave de todo esto no está en el desahucio. Ni siquiera en la falta de vivienda. Está en la fractura social. En la grieta que separa lo que se dice de lo que es.
Salt es el laboratorio de un multiculturalismo que solo existe en informes de ONG y discursos progresistas, pero que en la realidad significa barrios donde las normas de convivencia no son compartidas, donde el Estado apenas entra, donde integración es una palabra gastada.
Los disturbios han dejado algo claro:
- La convivencia no se impone por decreto.
- No basta con mezclar personas de diferentes culturas y esperar que se entiendan.
- No se puede sostener un sistema donde unos tienen derecho a la vivienda ajena y otros tienen la obligación de pagársela.
Y, sobre todo, que si la respuesta a estos estallidos es más tolerancia con la violencia y más comprensión con quienes incendian las calles, el siguiente episodio no será en Salt. Será en cualquier otro lugar. Será más violento. Y será más difícil de contener.
¿Y ahora qué?
El problema no tiene una solución sencilla. La receta habitual –más recursos, más diálogo, más integración– es un placebo cuando el tejido social ya está roto. Cuando hay generaciones enteras que han crecido con la idea de que las instituciones no son suyas, sino de los «otros».
Tampoco es cuestión de represión sin más. La policía puede sofocar disturbios, pero no puede arreglar el problema de fondo. Si la narrativa sigue justificando que unos tengan derechos y otros solo obligaciones, la grieta seguirá ensanchándose.
Lo que hace falta es algo mucho más impopular: restaurar la autoridad sin complejos. No solo la autoridad policial. También la del sentido común. Recuperar la idea de que las normas son iguales para todos. Que la ley no es una negociación entre grupos de presión. Que el Estado no puede permitir que haya barrios donde su presencia es anecdótica.
Porque si no, Salt no será una excepción. Será un anticipo. Y cuando la revuelta llegue a Barcelona, a Madrid, o a cualquier otro punto caliente del mapa, nos preguntaremos –hipócritamente– cómo ha podido pasar.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED
