El correo olvidado y las excusas de Barbón
Con el aplomo de quien cree que una buena coartada tapa un cadáver, Adrián Barbón explicó que el correo electrónico que alertaba de irregularidades en Cerredo no se abrió a tiempo porque «solo una persona lo gestionaba», «coincidió con una migración informática» y «no se encontró nada raro tras una inspección posterior». Cada palabra fue una confesión involuntaria.
Primero
Si en un servicio crítico como Minas solo una persona revisa las denuncias, no es un error puntual: es una negligencia estructural. Algo que ni una pequeña gestoría se permitiría.
Segundo
La excusa de la «migración informática» no resiste un mínimo examen técnico ni de sentido común. En cualquier administración seria, migrar sistemas implica garantizar la operatividad continua de los servicios críticos. No basta con mover datos: se duplican buzones sensibles, se supervisan manualmente bandejas estratégicas, se activa un plan de contingencia y se avisa a los usuarios. El principio básico es que el ciudadano ni siquiera debe notar que se está migrando.
Si en el Servicio de Minas un correo de denuncia acabó enterrado bajo excusas informáticas, el problema no fue técnico: fue una negligencia administrativa en toda regla.
Una migración bien hecha no justifica perder un aviso vital; una migración mal hecha, tampoco. Solo el descontrol absoluto explica que una comunicación crítica se evaporase sin que nadie —nadie— levantara una ceja.
Barbón no ofreció una defensa: ofreció, según se mire, el mapa exacto de un sistema fallido… o la coartada deliberada de quien sabe más de lo que dice.
Y de paso, dejó a los técnicos informáticos del Principado en entredicho, señalándolos ante toda Asturias como incapaces de mantener abierta una simple bandeja de entrada.
Tercero
Presumir de haber enviado inspectores semanas después de la denuncia solo agrava el problema. Una inspección tardía sirve para una foto política, no para garantizar la seguridad ni para encontrar pruebas.
La omisión del deber de inspección en su momento facilitó que todo siguiera funcionando hasta el desastre final.
Y como colofón tragicómico, resulta absurdo que un presidente de comunidad autónoma —el máximo responsable político de la región— se rebaje a ofrecer una excusa técnica sobre un correo electrónico, asumiendo implícitamente que su administración es incapaz de gestionar algo tan elemental como una bandeja de entrada.
No fue un error aislado: fue la confesión pública de una incompetencia que Barbón quiso maquillar… y terminó subrayando con trazo grueso.
En resumen: la excusa de Barbón no es una defensa.
Es una confesión de desorganización, improvisación y desprecio a la responsabilidad pública.
El agujero negro administrativo: Belarmina Díaz y Blue Solving
El principio de esta tragedia tiene nombres y apellidos: Belarmina Díaz Aguado, consejera de Transición Ecológica, y la empresa Blue Solving S.L.
En verano de 2024, Belarmina firmó la licencia de investigación complementaria que autorizaba exclusivamente la retirada de materiales viejos en el tercer nivel de la mina de Cerredo. No se autorizaba extracción de carbón, ni excavaciones de nuevos huecos, ni explotación alguna. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió.
¿Quién estaba detrás de Blue Solving?
Adrián Rodríguez Rodríguez, un joven empresario leonés sin experiencia minera, hijo de un empresario con antecedentes judiciales. La empresa, creada en 2022 con 3.000 euros de capital, fue puesta al mando de una instalación subterránea abandonada, sin que nadie del Principado se molestara en investigar su solvencia técnica ni su idoneidad.
Mientras Blue Solving cavaba talleres de arranque ilegales —dos huecos de 18,2 y 24,6 metros, con anchura mínima y altura de hasta 30 metros—, el Servicio de Minas miraba para otro lado. No se inspeccionó Cerredo en seis meses, escudándose en que «solo retiraban chatarra».
Como si el grisú respetara los permisos. Así se llegó al accidente. Con un oxímetro marcando 17% de oxígeno en una galería sin ventilación adecuada. Con trabajadores que entraban cada mañana a arriesgar su vida mientras otros cobraban su sueldo por no mirar.
Dinero manchado, vidas rotas y la confesión enterrada
El beneficio económico de esta operación ilegal tampoco es menor. Según los testimonios recogidos tras la tragedia, entre 2.376 y 4.050 toneladas de carbón habrían sido extraídas sin permiso. En el mercado industrial, el margen era bajo —de 4 a 6 euros por tonelada—.
Pero en el mercado doméstico, mucho menos controlado, el beneficio oscilaba entre los 306 y 606 euros por tonelada. Traducido: Blue Solving podría haberse embolsado entre 712.800 euros y 2,4 millones de euros con esa antracita extraída al margen de la ley.
El método era simple: sacar el carbón en vagones de 900 kilos, llevarlo a superficie, cribar tierra y piedra, cargarlo en camiones y, probablemente, enviarlo a calderas de Palencia, Salamanca, León o Asturias. Todo ello sin supervisión, sin licencia de explotación y con trabajadores jugándose la vida en galerías en condiciones extremas.
Y mientras tanto, en los despachos, silencio. El correo dormía en una bandeja sin revisar. Las inspecciones brillaban por su ausencia. Belarmina firmaba licencias de papel mojado. Y Adrián Barbón, cuando la tragedia se desató, echaba la culpa al «proceso informático».
Cerredo no fue un accidente. Fue la prueba de que en Asturias todavía se puede morir aplastado por la negligencia, enterrado bajo toneladas de silencio, favores y cobardía.
Hoy, el Principado promete «que la verdad saldrá a la luz». Pero en Cerredo, esa verdad ya quedó escrita a sangre y carbón. Y ni una sola de las excusas oficiales alcanza para tapar el olor.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED