Por qué no todo lo que huele a tecnocracia fiscal es inocente. Ni todo lo que reluce en los BOEs es neutral.
En la maquinaria del Estado, algunos engranajes no solo giran: crujen. Y entre 2011 y 2018, uno de los que más chirriaba —con ritmo marcial y una eficacia casi lírica— era el de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda por gracia de Rajoy y voluntad propia.
Pero toda gran obra tiene sus ayudantes de cámara, y entre los que más cerca se mantuvieron del motor fiscal que lo impulsaba, destacan dos nombres curiosamente asturianos: Santiago y Rogelio Menéndez Menéndez, inspectores de Hacienda, altos cargos del Ministerio y, según la justicia, sospechosos también de practicar el lado oscuro del Excel.
Santiago, director de la Agencia Tributaria desde 2013 hasta que cambió el viento en Moncloa, y Rogelio, asesor directo de Montoro y alto cargo en Loterías del Estado, no solo compartían apellidos y origen; compartían pasillos, estrategia y —según la instrucción judicial del caso Montoro— una forma muy particular de concebir el servicio público: como un instrumento de presión al servicio de intereses privados.
Las fechas no mienten
Entre 2010 y 2011, cuando aún gobernaba Zapatero, Equipo Económico —el despacho fundado por Montoro antes de volver al Ministerio— ya era contratado por la patronal gasista para diseñar reformas fiscales a medida. A esa misma firma, Santiago Menéndez facturaba por cursillos y colaboraciones varias. Nada ilegal por entonces, quizá, pero sí sintomático: el círculo se estaba organizando antes incluso de pisar La Moncloa. La maquinaria se afinaba.
Montoro fue nombrado ministro el 22 de diciembre de 2011, y con él entró en escena un equipo bien engrasado y previsiblemente leal. A partir de entonces, lo que parecía ser una misión para estabilizar el déficit se convirtió, según la acusación judicial, en una ingeniería de extorsión normativa.
Las empresas afines obtenían reformas fiscales favorables. El despacho amigo se encargaba de canalizar las propuestas. Los amigos del ministro, desde cargos públicos, las ejecutaban con la frialdad de un notario y la opacidad de un brujo.
Y mientras tanto, Asturias
Porque en ese primer año de gobierno —2012— cuando aún no se habían redactado los papeles del caso gasista, Montoro ya mostraba inclinaciones muy marcadas. Concretamente, contra una región que no le debía dinero, ni superaba el déficit, ni se salía del guion técnico. Pero sí del político.
En Asturias gobernaba entonces Francisco Álvarez-Cascos, presidente en funciones tras su inesperada victoria con Foro Asturias, formación que él mismo había creado tras rechazarle el PP —y no de forma cordial— como candidato.
Fue entonces cuando Montoro amenazó con intervenir la comunidad autónoma, no por despilfarradora, sino por ingobernable. O más exactamente: por incómoda.
Asturias tenía un déficit del 0,99% (frente al 1,5% permitido) y una deuda pública por debajo de la media. Pero eso no bastó.
Montoro, acogiéndose a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, pidió informes jurídicos para estudiar si podía mandar a la Intervención General del Estado a tomar el control presupuestario del Principado.
Cascos lo denunció con claridad meridiana: “El Ministerio de Hacienda ha difundido una noticia falsa contra el Principado. Nuestra comunidad cumple los objetivos y se nos pretende castigar por razones políticas”.
Y tenía razón. El PSOE y el PP, heridos por la osadía de Cascos, bloquearon los presupuestos autonómicos. Y Montoro aprovechó esa debilidad para blandir el instrumento legal como una espada con afilado político, no fiscal.
Es decir: extorsión institucional revestida de normativa. Una especialidad que, al parecer, le gustaba practicar en más ámbitos que el asturiano.
¿Permitió Rajoy esta extralimitación? Difícil saberlo. Tal vez fue mera omisión, o tal vez —solo tal vez— entendió que Asturias podía ser campo de castigo útil para vengarse absurdamente. Lo cierto es que nadie detuvo a Montoro.
Y de haber llegado a intervenir formalmente la Hacienda del Principado, sabe Dios qué “tenderete fiscal” habría acabado montando. Quizá una oficina centralizada de arrepentimiento tributario. O una factoría de amnistías selectivas, según el día.
Hoy, una década después, los dos hermanos asturianos que lo acompañaban en aquellos años están imputados. Él, investigado. El círculo se ha cerrado, como cierran los expedientes que nunca debieron abrirse.
Y nos queda la amarga certeza de que bajo el lenguaje neutral de los presupuestos, a veces anida una concepción muy antigua —y muy peligrosa— del poder.
Aquella que no sirve para garantizar el equilibrio, sino para doblar la voluntad del otro. Por las buenas. O por Hacienda.
ENLACES RELACIONADOS:
1. Imputación de los hermanos Menéndez
Se informa que tanto Santiago como Rogelio Menéndez Menéndez han sido imputados dentro del llamado ‘caso Montoro’. Santiago, exdirector de la AEAT, y Rogelio, exdirector económico de SELAE, figuran entre los colaboradores señalados por supuestamente favorecer reformas fiscales al servicio de clientes de Equipo Económico, la consultora de Montoro.
https://www.rtve.es/noticias/20250721/quien-caso-montoro-circulo-hacienda/16672427.shtml
2.Montoro planteó la intervención de Asturias por el caos político.
En mayo de 2012, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solicitó a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudiaran la posibilidad de intervenir financieramente a Asturias. Alegaba que el bloqueo político, con la comunidad en funciones tras la victoria de Álvarez‑Cascos y sin presupuestos aprobados, impedía garantizar el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, a pesar de que la región cumplía los objetivos de déficit y deuda. Javier Fernández (PSOE) calificó la actuación del Ministerio de «alarma innecesaria» y exigió explicaciones detalladas.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED