Por mucho que uno se esfuerce, hay olores que no se pueden tapar con incienso político. El último ejemplo lo tenemos en Degaña, donde la muerte de cinco mineros y las heridas de otros cuatro en la mina de Cerredo no solo dejó un cráter bajo tierra, sino otro más hondo en la credibilidad del Gobierno del Principado. Este lunes, Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio —sí, ese título kilométrico que suena a departamento sin fricciones— presentó su dimisión irrevocable.
Lo hizo con cara de dignidad y discurso de víctima, pero el gesto tenía más de maniobra preventiva que de redención personal. Porque aquí nadie dimite por convicción. Se dimite para evitar que el escándalo trepe, salpique al presidente Adrián Barbón y lo obligue a dar explicaciones incómodas. Se dimite para cortar la mecha antes de que llegue al bidón de gasolina. Y se dimite, sobre todo, cuando la estructura que uno dirigía puede esconder más cadáveres administrativos que los que se han cobrado las minas.
Más que un accidente, una advertencia
La mina de Cerredo estaba supuestamente en “fase de investigación y limpieza”. Traducido del dialecto político-técnico: no tenía permiso para explotar carbón. Pero explotaba. Con maquinaria, con materiales, con ritmo de producción. Y alguien lo sabía. Alguien autorizó, o miró hacia otro lado, o se dejó convencer por informes con más maquillaje que una gala de variedades. La empresa responsable, Blue Solving, operaba en condiciones que cualquier inspector minero medio despierto debería haber detectado. Pero el gas grisú reventó no solo los túneles, sino las costuras del relato oficial.
Porque la cadena de decisiones y nombramientos dentro de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio —repetimos el nombre completo, por si alguien se escuda en siglas— está ahora bajo sospecha.
¿Quién nombró a quién?
Belarmina Díaz no es una recién llegada. Durante ocho años fue directora general de Energía y Minería del Principado. Y si hay algo que esta tierra enseña con claridad, es que el mundo de la minería no es precisamente un convento de clausura. Las relaciones familiares, personales y políticas entre quienes dan las concesiones y quienes las reciben merecen algo más que una investigación superficial. Porque a veces la familia no solo da calor, también da contratos.
No es descabellado —es necesario— que la comisión parlamentaria que ahora exige la oposición, incluyendo al Partido Popular, Vox y el Grupo Mixto, no se limite a mirar la documentación técnica del accidente.
Debe seguir el hilo del dinero, los apellidos y los favores cruzados.
Y debe preguntarse si la señora Díaz —o alguien de su entorno cercano— tenía intereses o conexiones con concesiones pasadas, presentes o previstas.
Barbón, el ausente omnipresente
Mientras tanto, el presidente Barbón guarda silencio. Como si la dimisión de la consejera le permitiese lavar las manos en una palangana de humo. Pero el olor a carbón quemado y muerte no se va tan fácil. La pregunta que flota en el aire es sencilla: ¿cómo pudo una mina operar ilegalmente bajo su mandato sin que nadie lo notase? ¿Dónde estaban los controles? ¿Quién firmó los permisos? ¿Y qué papel jugó la estructura nombrada por Díaz en todo ese proceso? La respuesta está pendiente.
Y la dimisión no debe servir como punto final, sino como prólogo de una investigación que, si es seria, puede llevarnos a las entrañas de un sistema viciado. Donde las minas no solo explotan carbón, sino también confianza pública, silencio institucional y, en el peor de los casos, vidas humanas.
El precio del silencio
En Cerredo, los hombres bajaban a la mina sabiendo que no era segura. Lo sabían ellos, lo sabía la empresa, y lo sabía —o debía saberlo— la administración.
Lo que ocurrió no fue una sorpresa: fue la consecuencia inevitable de una cadena de irresponsabilidades toleradas durante años.
Ahora, el Gobierno asturiano tiene dos opciones: levantar las alfombras o seguir echando tierra encima. Pero que no se engañen: hay muertos que no se entierran tan fácilmente.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED