La madre ha sido responsable de más asesinatos de sus hijos que sus padres, lo que en modo alguno justifica la misma brutalidad de estos últimos. La maldad no conoce de géneros.

La ley de violencia de género, convierte al varón en criminal, y a la mujer en víctima, de ahí que cuando una mujer pretende matar a su hija saltando con ella por la ventana de su casa en Avilés, a pesar de los gritos desesperados de la pequeña para que no lo haga, los medios de comunicación refieren que la mujer “cae” o se “precipita”, como si no mediara un acto voluntario y expreso de la madre de morir matando a su propia hija.

Pero cuando el que cae o se precipita, es un hombre “Un padre mata a su bebé al tirarse con ella por una ventana del hospital de La Paz”, el hombre “mata”, la madre “cae”.

Es difícil imaginar mayor crueldad que la de una madre o un padre asesinando a su hija, pues la pequeña, incluso en la acera de Avilés, llora y llama a quien intentó matarla. La niña siempre espera protección y auxilio de sus padres. Una niña nunca pensará que su madre quiere acabar con su vida envenenándola con un colacao.

La sobreprotección de la mujer que otorga al ley de violencia de género, en nada ha mejorado su situación. Se pretende imponer el arquetipo de madre “protectora” y padre “asesino”, impulsado por una clase política, que huérfana de objetivos, basa su supervivencia en la defensa de un tóxico supremacismo femenino, que degrada nuestro sistema judicial y más grave aún, la convivencia social, que tensiona al límite la relaciones familiares.

He vivido en primera persona, otra desgraciada situación de madre que matan a su hija, después de una resolución judicial favorable a su pareja, también en Asturias, el caso de la pequeña Olivia.

En ambos casos, aparentemente se pretende justificar la actuación de la madre, en base a episodios previos de malos tratos, que no son tales, cuando en un caso el de Gijón, una jueza, altera la guardia y custodia de la niña en beneficio del padre, y al día siguiente la madre asesina a su hija. O como en el caso de Avilés, donde los medios de comunicación refieren episodios previos de malos tratos, y la condición de víctima de la mujer, cuando las denuncias habían sido todas archivadas.

Parece que la madre mujer es la que merece la protección, y no tanto su hija también mujer, con tal de que el varón aparezca como mínimamente responsable original de tamaña brutalidad.

Muchas mujeres instrumentalizan la ley de violencia de género, acusando falsamente de maltrato, para vetar la convivencia del padre con sus hijos y obtener el resto de beneficios que la situación de víctima de maltrato les otorga. Esto genera situaciones de profunda injusticia frente al padre, el gran olvidado de este nuevo supremacismo femenino, y que tensiona las relaciones de pareja, siendo en no pocas ocasiones el detonante de situaciones violentas, que inicialmente no lo eran, fruto de la frustración y la injusticia.

Por otro lado, esa hiper sobreprotección de la mujer maltratada, y en no pocas ocasiones falsamente maltratada, induce a considerar a los hijos como propiedad de la madre, que llega al punto de creerse dueña de la vida de sus hijos, como ha sucedido en Gijón y Avilés. A día de hoy esta sobreprotección, ha llevado a prohibir por la Ley Orgánica 8/2021 el Síndrome de Alienación Parental, por el que un progenitor manipularía o usaría a sus hijos el perjuicio del otro, pues históricamente está manipulación ha estado liderada por la madre, con quien más tiempo convivían los hijos.

En concreto, en el Título I, artículo 11 de la ley, sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, describe el derecho de las víctimas a ser escuchadas, pero “los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”.

Mención a esta prohibición refiere también el artículo 26 de la ley, cuando aborda la prevención en el ámbito familiar. Se evidencia así el acoso del legislativo, en post de la criminalización del varón, liderado por socialistas y comunistas, socavando cualquier herramienta de defensa de éste.  

La deriva social, fomentada por políticos irresponsables, y abonada por medios de comunicación, en el que todos pretendemos ser titulares de muchos derechos y pocas obligaciones, lleva a las parejas a pensar más en ellos mismos, pero sobre todo a las legalmente sobreprotegidas madres, que en lo mejor para sus hijos, hasta el punto de pensar que si no están con ellas, es mejor acabar con su vida.

Se requiere un cambio de paradigma en las crisis de pareja, donde el menor sea el centro de derechos, y los adultos asuman sólo obligaciones, pensando en lo mejor para los niños.

Pues en demasiadas ocasiones los derechos que pretenden los adultos alcanzan el punto de querer disponer de las vidas de sus hijas, como sucedió en Gijón y en Avilés.