Corría el año 1991 en la provincia de Cienfuegos (Cuba). Mis padres estaban de vacaciones en la isla y se habían desplazado hasta ese rincón con la intención de conocer al  hermano de mi abuela paterna. El hombre que se hacía cargo de él era el reparador y limpiador de calzado de la zona, vamos, lo que viene siendo un autónomo.

En una de varias conversaciones les contó que al menos un par de semanas al mes, sin previo aviso y con escrupulosa metódica, un individuo permanecía a su lado las ocho o diez horas que duraba la  jornada  armado con una pequeña libreta de cuadrícula y un minúsculo lapicero apuntando cada par de botas o zapatos que pasaban por las manos del artesano, así como cada tubo de betún o crema abrillantadora que consumía. ¿Sería descabellado concluir que durante ese tiempo el vigilado trabajaba para pagar el sueldo de su propio vigilante?

 Mientras el presidente del Principado anunciaba a bombo y platillo la determinación de su mandato a la hora de proceder a la desburocratización y dinamización de la economía asturiana, el BOPA publicaba en el ejercicio de 2022, 47.813 páginas entre normas, ordenanzas, tasas, impuestos y contribuciones especiales que  junto con el BOE que emite el gobierno central (241.803 páginas) y el resto de los boletines autonómicos, suman una cifra superior al 1.300,000 páginas.

Esto quiere decir que para que cualquier empresario o ciudadano de a pie se pudiera considerar convenientemente informado  debería  leer las más de 700 páginas que diariamente se imprimen al respecto.

Cabe señalar que la hiperregulación podría aumentar significativamente los costos  para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, lo que dificultaría su capacidad para competir en el mercado.

Las regulaciones excesivas suelen disuadir  de invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, productos o servicios debido a los altos costos y riesgos asociados. También limitan la entrada de nuevos competidores al mercado, lo que reduce la competencia y acostumbra a resultar en precios más altos para los consumidores.

El exceso de burocracia aumenta la carga administrativa, lo que normalmente conlleva retrasos y frustraciones en el proceso de cumplimiento y puede reducir la demanda de trabajo en algunos sectores, especialmente aquellos que tienen dificultades para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Las empresas y los individuos deben  disponer de la libertad suficiente para adaptarse a situaciones cambiantes. Así, FADE denuncia que “una empresa en Asturias puede verse afectada por la normativa de varios municipios, Comunidades Autónomas, el Estado y la Unión Europea a un mismo tiempo”.

Intervencionismo e hiperregulación son caras de la misma moneda planificadora de los que pretenden ponerle puertas al campo, ventanas al mar y cerrojos al aire que respiramos.