Desde hace casi tres años y medio, marzo de 2020, con reclusión en prisión domiciliaria de toda la población española, la Justicia bajó de golpe varios escalones en su seriedad y eficacia. Tras burlarse irremisiblemente de los tribunales, Pedro Sánchez quedó encantado de sí mismo y aún más, satisfecho plenamente de haber “protegido” a la población saltándose principios constitucionales básicos.
Y es que la Justicia sigue cojeando, pero de las dos piernas si es que esto es posible. Porque de la citada, es decir, de la pierna que se le supone garante de derechos y libertades, pues eso, suma y sigue. La colonización reciente de lo más alto del sistema judicial nos deja como en la pandemia: sin sistema.
Conflicto en la administración de Justicia y efectos no previstos
Lo que sucede ahora es que la Justicia se encuentra paralizada en su otra pata, la del funcionamiento, de una manera realmente curiosa. Aquí bien se puede aplicar la sabia y clásica distinción entre finis operantis y finis operis. En ocasiones los sucesos que unos actores sociales desencadenan con una intención (finis operantis), en este caso las huelgas de togados y no togados por justos aumentos salariales, se pueden tornar en otra distinta (finis operis), es decir, en beneficio del atacado o, mejor, exigido, que no es otro que el PSOE en su vocación sempiterna de impunidad.
Por supuesto ¿Cómo esperan los indignados funcionarios de Justicia que el Gobierno haga otra cosa que enredar aún más el embrollo? A ese beneficio que los socialistas más relevantes obtienen de esta parálisis voy.
Los reclamos salariales son justos, la exigencia de más presupuesto y medios para la justicia beneficia a los ciudadanos. Solo en un estado con leyes contrastadamente justas y rapidez en los enjuiciamientos, los negocios prosperan, la sociedad funciona y los ciudadanos mejoran su salud cardiovascular, por añadir una tercera virtud no menor, sino mayor.
Si pusiéramos en la balanza, no de la diosa Justicia, sino en la que usaba el comerciante, dos objetivos políticos, el del beneficio para la sociedad y el del beneficio para el PSOE ¿Tiene alguien dudas de qué platillo soporta más peso? No la tendrán si el que ven es el del llamado “horizonte judicial del PSOE”.
Pues sí, la suma de causas que obran en estos momentos entre los papeles y archivos en causas de corrupción contra el PSOE y miembros suyos paralizados en los tribunales son, para Pedro y su partido, lo más importante. Lo del Estado de Derecho y la justicia eficaz ya no es, por tanto, cosa mayor, sino menor.
El problema es que no les interesa casi nunca
Pero tampoco nos engañemos acerca de otro de los fondos aún más hondos del sistema judicial:
Es indudable que el PSOE degrada las instituciones con más facilidad que el PP o, más precisamente, el PSOE lidera y el PP le imita un tanto avergonzado (como en todo lo que no sea economía), eso también es cierto. Aunque también ocurre que le dura poco el carmín de sus mejillas. Esa hondura mayor a la que me refiero es que la Justicia es un bien público, con un entramado más que complejo con implicaciones filosóficas e históricas, tanto como económicas.
Todo ello es cierto, pero es asimismo tan verdadero que en casi ningún estado del mundo la Justicia es una prioridad de los políticos, así, en general, aunque excepciones las hay. No lo es porque no tienen incentivos para que funcione más allá de un mínimo razonable.
En el caso de partidos corruptos, porque la lentitud judicial juega en su favor. En general, porque la preocupación del gobernante se dirige más a lo inmediato que al largo plazo. Y porque, aunque quisiera de verdad que la justicia funcionara, su necesidad de invadir todo el espacio social le lleva a hacer crónica la lentitud judicial mediante lo que dan en llamar “motorización legislativa“:
- Producen leyes redundantes y para cada aspecto de la vida de los ciudadanos que la jurisprudencia, al estilo de toda la vida, puede resolver.
- Imponen regulaciones basadas en aspectos aún inciertos como los relativos a la culpa humana del cambio climático.
- Inventan víctimas entre los ciudadanos criminalizando comportamientos que no son delitos reales.
Todo ello lleva a que, estoy seguro, haya más leyes y reglamentos en toda España que jueces y funcionarios. Así no hay manera.
Les dejo para el final un corte de la entrevista de Alsina con el presidente. Seguro que ya lo han visto, pero seguro también que disfrutarán volviéndolo a ver.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED