Por Francisco Álvarez-Cascos y Joaquín Santiago.
El artículo analiza la situación tras las declaraciones del ministro Óscar Puente y la manifestación en Oviedo, completando la propuesta que ya habíamos formulado en Asturias Liberal con una nueva alternativa jurídica y financieramente sólida para lograr, con método y sin demagogia, el verdadero peaje cero del Huerna.
El peaje del Huerna no se eliminará por milagro ni por decreto, sino por metodología. Por rigor, por estrategia y por sentido del Estado para paliar las desigualdades interterritoriales.
Lo del pasado viernes en Oviedo fue un acto de fe… o de resignación escénica. La llamada “plataforma contra el peaje del Huerna” consiguió reunir a una escasa representación ciudadana, algún sindicalista reciclado y varios curiosos que dudaban de que aquello fuera en serio.
El pueblo asturiano —tan acostumbrado a soportar el humo con la misma dignidad con que otros celebran los fuegos artificiales— supo leer el decorado.
Porque lo que se anunciaba como una movilización ciudadana era, en realidad, una producción política de temporada: un intento de Barbón por buscar un aval popular a una causa perdida, sabiendo perfectamente que el Ministerio de Óscar Puente ya había cerrado el telón y echado el pestillo.
Los asturianos, que tienen olfato, entendieron que se trataba de otro episodio de ese realismo mágico político donde los mismos que alimentan la injusticia organizan marchas contra ella. Barbón clamando contra un peaje que su propio Gobierno autonómico da por inevitable: un número digno de Ionesco, con la diferencia de que en el teatro del absurdo al menos hay talento.
El resultado fue tan previsible como revelador: una manifestación vacía de contenido, de asistencia y de coherencia. En el fondo, un acto para cubrir el expediente y fingir rebeldía ante un ministro que ya había dictado sentencia semanas antes.
Porque no olvidemos que la respuesta de Puente no fue improvisada, sino cuidadosamente redactada y jurídicamente blindada.
En su frase hay más derecho administrativo que convicción política; más miedo a contradecir a Bruselas que deseo de resolver un problema que lleva décadas castigando a Asturias.
El argumento de Puente: un aval implícito a 2000
Óscar Puente, ministro de Transportes, lo dejó todo bien atado. Y de paso, dio a la solución del año 2000 el mayor aval posible, aunque no fuera su intención.
Dijo Puente: “La política de este Gobierno de mantener el peaje es la misma que aplicó el Gobierno de los populares en 2000. Lo que se hizo entonces fue ampliar la concesión, y la Comisión Europea autorizó esa prórroga. Es una decisión jurídicamente válida y económicamente muy importante que el Gobierno no puede alterar.”
Traducido del dialecto burocrático al castellano llano: la prórroga de 2000 fue legal, Europa no la impugnó, y si hoy sigue vigente es porque fue bien hecha.
Puente, queriendo acusar a sus predecesores del gobierno de Aznar, acabó dándoles la razón. Y, sin proponérselo, dejó al descubierto que el problema no es jurídico, sino político: el Gobierno de Sánchez puede, pero no quiere. Lo demás son excusas envueltas en siglas y notas de prensa.
Aun así, el argumento del ministro contiene una confesión valiosa:
Si la prórroga de 2000 se mantiene porque fue conforme al derecho, por lo tanto el Estado tiene hoy dos únicas vías legítimas para actuar:
-o mantener el contrato y bonificar,
-o rescatarlo pagando el valor correspondiente.
No hay tercera opción. Cualquier planteamiento que suponga eliminar el peaje sin compensar a la concesionaria —que tiene derechos patrimoniales reconocidos por ley y por contrato— sería una expropiación encubierta y, por tanto, una violación del principio constitucional de seguridad jurídica y del derecho de propiedad.
Esa es la frontera que separa la política seria que construye de la demagogia populista que engaña.
Sorprenden algunos de los ”distinguidos” portapancartas -políticos o institucionales- que traspasaron esta frontera.
Solo una visión populista y expropiatoria podría pretender eliminar el peaje perjudicando a la empresa concesionaria y expoliando sus derechos, ignorando los compromisos contractuales y las normas europeas sobre ayudas de Estado.
Primera propuesta: la recompra total
Desde Asturias Liberal ya habíamos propuesto, hace semanas, una primera solución: la recompra total de la concesión, mediante la adquisición por parte del Estado o de un vehículo público de los derechos de explotación, la refinanciación de la deuda a coste soberano y la apertura inmediata de las barreras.
Aquella propuesta —detallada con cifras y estructura financiera— suponía una inversión inicial de entre 450 y 550 millones de euros, muy inferior al gasto que generaría seguir pagando bonificaciones durante veinticinco años.
Era una fórmula de justicia territorial y eficiencia económica: pagar una vez y liberar para siempre.
Es así que el escenario político y fiscal del país, junto con la actitud cerrada del Ministerio, ha de llevar a una segunda reflexión:
Si el Gobierno central no quiere asumir ese coste inicial, existe una alternativa técnica, jurídica y europea que logra el mismo resultado para los usuarios, sin vulnerar la legalidad ni castigar a nadie.
Segunda propuesta: peaje en la sombra
Esa es la solución combinada que hoy proponemos: un modelo transitorio de peaje en la sombra, seguido de una recompra definitiva cuando el marco presupuestario y comunitario lo permita.
La idea es tan sencilla como eficaz.
-Primero, se relicita la concesión exclusivamente por el saldo pendiente de amortizar —unos 328 millones de euros, según las estimaciones actuales—. Ese nuevo contrato se ajustaría a la Directiva 2014/23/UE de concesiones, plenamente vigente y reconocida por Bruselas.
El adjudicatario asumiría el mantenimiento y la explotación, pero el usuario ya no pagaría nada directamente. El Estado abonaría al concesionario una retribución anual por disponibilidad y calidad de servicio, lo que se conoce como peaje en la sombra.
El cuadro refleja las autovías estatales españolas gestionadas en régimen de concesión, es decir, tramos no de peaje directo clásico (autopistas de pago por uso) sino de peaje en la sombra o fórmulas híbridas, en las que una empresa privada construye, mantiene o explota una vía, y el Estado le paga en función del tráfico o de la disponibilidad, sin cobrar directamente al usuario.
Este modelo ya funciona en España: las autovías A-66 (Benavente–Zamora), A-1 (Burgos–Armiñón) o A-2 (Guadalajara–Calatayud) se gestionan así. Es un sistema legal, transparente, auditado y conforme al derecho comunitario.
El presupuesto público sustituye al bolsillo del conductor, y el ciudadano disfruta de peaje cero real, sin que ello implique romper contratos ni inflar el déficit de golpe.
Durante esa fase transitoria (2025–2030), Asturias tendría una autopista gratuita al uso y la concesión seguiría bajo un régimen de responsabilidad empresarial. Se garantizarían los estándares de seguridad, los servicios de vialidad invernal y el mantenimiento integral, con indicadores KPI publicados trimestralmente.
Y una vez amortizado ese saldo —en torno a 2030 o poco después— se abriría la segunda fase, la de recompra definitiva. El Estado, ya sin hipoteca pendiente, ejecutaría la adquisición total del activo y la autopista pasaría a ser plenamente pública. Sin traumas, sin pleitos y sin artificios.
Ventajas de la solución combinada
Esta secuencia —primero peaje en la sombra, después rescate ordenado— tiene tres virtudes esenciales.
- Respeta escrupulosamente la legalidad española y comunitaria. No hay vulneración contractual ni ayudas de Estado. La concesionaria mantiene sus derechos hasta el último euro, y el Estado cumple con las normas europeas sobre libre competencia.
- Garantiza justicia territorial y solvencia fiscal. El coste para el erario público sería de unos 40–50 millones anuales durante la primera fase, cantidad muy inferior a los 67 millones que hoy pagan los usuarios. Y, una vez completada la recompra, el gasto estructural se reduciría a los costes de mantenimiento.
- Transforma un problema político en una solución técnica. Asturias dejaría de ser rehén de las pancartas y los cálculos electorales, pasando a ser un ejemplo de ingeniería institucional aplicada al territorio.
Estrategia por etapas
En el fondo, se trata de una estrategia por etapas: del impulso reivindicativo a la acción planificada. Lo que propusimos primero —la compra directa— sigue siendo el horizonte final.
Pero la vía de transición que ahora planteamos es la única compatible con la legislación vigente y con los compromisos europeos.
Asturias no necesita otra promesa hueca, sino un plan operativo:
- -Eliminar el peaje al usuario ya, mediante la fórmula del peaje en sombra.
- -Mantener la concesión bajo control público, con transparencia y KPI verificables.
- -Preparar la recompra definitiva, cuando las condiciones fiscales y políticas lo permitan.
Todo lo demás —las marchas de Barbón, las lágrimas de Puente, las pancartas de quita y pon— pertenece a la liturgia del sonambulismo administrativo: esos rituales con los que algunos simulan rebelarse contra un destino que ellos mismos perpetúan.
El peaje del Huerna no se eliminará por milagro ni por decreto, sino por metodología. Por rigor, por estrategia y por sentido del Estado para paliar las desigualdades interterritoriales. Y en eso, precisamente, consiste la diferencia entre la política del gesto y la política de las soluciones.
Asturias no necesita más indignación teatral. Necesita dirección, serenidad y coraje. Y eso, por desgracia, no se improvisa con un megáfono.
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