El sistema de pensiones en España sigue esperando una reforma que mejore sus expectativas de futuro, mientras que los partidos políticos presentes en el Pacto de Toledo, aún no han sido capaces de aportar alguna solución que permita hacer frente, fuera de las disputas partidistas, al problema quizás más importante al que se tendrá que enfrentar la sociedad española.
La mayoría de países europeos ya han dado pasos en esa dirección, implementando soluciones que se puedan ir adaptando a los cambios sociales, económicos y sobre todo demográficos, que se están produciendo por el envejecimiento de la población, debido a un aumento muy importante de la esperanza de vida.
Más allá de esa búsqueda de soluciones de futuro, el caso de España reviste especial gravedad, por los elevados déficits que presenta en la actualidad, que son frutos de muchos e importantes desequilibrios que presenta nuestro sistema y que es obligado corregir, si queremos garantizar su sostenibilidad para las generaciones futuras.
La fórmula utilizada actualmente para el cálculo de la pensión, que es la base reguladora, es un despropósito en si misma por dos motivos.
Primero y fundamental, porque no establece ninguna proporcionalidad entre las cotizaciones rezalizadas por el trabajador y la pensión que recibe, quebrando así los principios de equidad y de equivalencia financiera, que son básicos en un sistema de reparto.
El segundo motivo es el periodo de cotización utilizado para el cálculo que en este momento es de 25 años. Esto crea grandes desigualdades entre los propios pensionistas, beneficiando a unos y perjudicando a otros, en función de cómo se hayan distribuido sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral.
No puede entenderse que en un sistema contributivo no se utilice todo el periodo de cotización del trabajador para el cálculo de la pensión, porque es lo más objetivo, lo más justo y lo único que garantiza la misma proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe, es decir, que permite tratar a todos por igual, pues a igual cotización igual pensión.
Una reforma necesaria
A mi manera de ver la reforma debería plantearse de manera integral, con el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad y total transparencia, manteniendo un sistema de reparto que sea real y garantizando la solidaridad intergeneracional.
Para ello es necesario introducir un cambio radical en la fórmula de cálculo, sustituyendo la actual base reguladora, por una referencia única que ponga en relación directa las cotizaciones y las pensiones de todos y cada uno de los trabajadores.
Esta referencia en nuestro sistema es la relación entre la cotización máxima y la pensión máxima, que cumple con el principio de proporcionalidad exigible, pues puede aplicarse a todas las pensiones, que debe ser completada fijando la edad de jubilación, y fijando también el número de años cotizados para tener derecho al 100%.
Para llevarlo a la práctica, anualmente se registrarán las cotizaciones efectuadas por cada trabajador, que quedarían reflejadas en su historia laboral por su importe anual y como porcentaje de la cotización máxima de ese año.
Esto se hace año a año durante toda la vida laboral y una vez que se alcanza la edad de jubilación se calcula la cotización media, que es el promedio aritmético de los porcentajes anuales de la cotización máxima.
El producto de esa cotización media, por el número de años cotizados, constituye el “fondo acumulado” por el trabajador para su pensión.
Se puede expresar así:
Valor del “fondo acumulado”= cotización media x número de años cotizados.
Para calcular la pensión que le corresponde, partimos de la base de que se cumpla la proporcionalidad entre el “fondo máximo computable” y la pensión máxima para todas las pensiones, que sería igual por tanto, a la proporcionalidad existente entre el “fondo acumulado” por el trabajador y la pensión resultante.
La resolución de esa igualdad, una regla de tres simple, nos daría sin más la pensión resultante.
Se puede expresar así: Pensión resultante = (Fondo acumulado/Fondo máximo computable) x pensión máxima.
Todas las cifras, tanto las de pensión como las cotizaciones se revalorizarán año a año para mantener su poder adquisitivo.
La gran ventaja de esta reforma radica en su sencillez, en la claridad que aporta a los trabajadores, que podrán conocer en cada momento la cotización media acmulada y cual podría ser su pensión y por tanto planificar su futuro.
Para el sistema de pensiones en su conjunto, aporta seguridad y transparencia, ya que nos permite tener perfectamente controlada la evolución de los ingresos y gastos del sistema, al existir una proporcionalidad exacta entre las pensiones y las cotizaciones y predecir sus necesidades futuras con exactitud, cosa que con la fórmula actual es imposible.
Un ejemplo con la base de cotización y la pensión máxima nos aclarará el cálculo:
Base de cotización máxima: 4.070 euros Pensión máxima: 2.659 euros Años cotizados para recibir el 100% de la pensión: 35,6 Fondo máximo computable: (4.070 x 0,283 x 12) x 35,6 años= 492.053 euros. Trabajador que se jubila – Base de cotización media: 2.450 euros- Años cotizados: 35,6- Fondo acumulado: (2.450 x 0,283 x 12) x 35,6 años= 296.199 euros – Penión resultante: (296.199/492.053) x 2.659= 1.600,62 euros.
En razón del défecit que presenta actualmente el sistema de pensiones, que representa una amenaza real e importante para su sostenibilidad, tanto la edad de jubilación como el número de años cotizados necesario para el 100% de la pensión, así como la cuantía de las futuras revolarizaciones de las pensiones, deberán modificarse, ajustándolas a las exigencias que la reducción del défecit y la solidaridad intergeneracional así lo requieran.
La edad de jubilación debería guardar una relación más estrecha con la evolución de la esperanza de vida, porque es lo que define el número de años que se va a cobrar la pensión.
Las revalorizaciones de las pensiones, deberan seguir la pauta que marquen las subidas de las cotizaciones, teniendo en cuenta que mientras exista el défecit, si se quiere garantizar la solidaridad intergeneracional, deberan mantenerse dentro de la cobertura que marquen las subidas de las cotizaciones.
Conclusión
Con todo lo expuesto, entiendo que esta reforma reporta al sistema de pensiones transparencia, seguridad, flexibilidad y equidad.
Significa una puesta a punto totalmente necesaria para responder al reto de su sostenibilidad que con la situación actual es imposible.
Una reforma que no requiere nada que no tengamos para ponerla en marcha y que resulta inaplazable para contar con un sistema que garantice la equidad y la equivalencia financiera, para frenar el déficit y hacer que la solidaridad intergeneracional esté asegurada.
Empresario y político por servicio a la sociedad. Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Diplomado en Asesoría Laboral y Seguridad Social.
Mi propósito es difundir y dar a conocer ideas, defendiendo sin complejos un extenso ideario cuyos ejes son el valorar la familia como ámbito transmisor de vida y núcleo educador por excelencia, respetando y promoviendo su labor social y humana y su derecho natural. La familia es el elemento fundamental de nuestra sociedad y la impulsora del bien individual y común.