La desconvocatoria de la huelga docente en Asturias tras el preacuerdo alcanzado el 9 de junio de 2025 podría parecer, a primera vista, una victoria del diálogo y el compromiso por la mejora de la educación pública.
Sin embargo, bajo la superficie del consenso sindical y las medidas anunciadas por la Consejería de Educación, subyace una realidad incómoda: el gobierno de Adrián Barbón ha actuado tarde, con presión política, sin rumbo claro y, lo que es aún más grave, sin liderazgo visible al frente de la educación asturiana.
El ultimátum como estrategia: una respuesta política al límite
A lo largo del conflicto, el presidente Barbón optó por una estrategia que no puede calificarse como diálogo constructivo, sino más bien como un ultimátum encubierto. La presión mediática ejercida desde Presidencia, sumada a la falta de una interlocución real en la Consejería —acéfala desde la dimisión de Lidia Espina— convirtió la negociación en una carrera contrarreloj, no tanto para alcanzar un acuerdo sólido y meditado, sino para salvar los muebles políticos de un ejecutivo desgastado.
Resulta revelador que el verdadero impulso negociador no surgiera de la Consejería de Educación, sino directamente desde Presidencia a través de Vicepresidencia. En vez de reconocer el conflicto como una oportunidad para rediseñar el sistema educativo y fortalecer la escuela pública, Barbón optó por cerrar en falso un proceso de huelga prolongado, empujando a los sindicatos a firmar bajo la amenaza de la parálisis.
Este “pseudodiálogo” dirigido desde la cúpula gubernamental plantea una doble y grave pregunta:
- -¿Qué papel juega realmente la Consejería de Educación en Asturias?
- -¿Es simplemente una correa de transmisión del presidente o existe algún margen real de autonomía técnica y pedagógica?
La gran paradoja: medidas valiosas, pero diferidas
Las medidas recogidas en el preacuerdo, aunque positivas en su mayoría —reducción de ratios, refuerzo de la atención a la diversidad, mejora salarial, reducción horaria para mayores de 55, reducción de burocracia— están condicionadas por una aplicación dilatada en el tiempo, muchas de ellas previstas para ser desplegadas a lo largo de tres cursos escolares.
-¿Tiene sentido prolongar durante tres años reformas que ya son urgentes?
-¿Qué lógica pedagógica sustenta este calendario?
La respuesta es simple: no hay lógica pedagógica, “hay lógica presupuestaria y electoral”.
Este ritmo pausado no responde a criterios educativos ni a necesidades reales del alumnado, sino a la conveniencia política de dosificar los anuncios y gastos de cara al ciclo electoral.
La inversión pública en educación se convierte así en una moneda de cambio sometida a la prudencia fiscal y al oportunismo político, cuando debería ser una prioridad estructural del gobierno.
No se puede obviar otro aspecto profundamente preocupante: en un momento de alta tensión con el profesorado, con huelgas convocadas, miles de alumnos afectados y reformas estructurales sobre la mesa, la Consejería ha permanecido sin liderazgo político.
Este abandono institucional es inaudito y constituye un desprecio explícito hacia la comunidad educativa. ¿Cómo puede una administración regional pretender negociar, coordinar y ejecutar medidas educativas sin una figura política de referencia?
El vacío de poder en la Consejería ha convertido a los equipos técnicos en simples gestores administrativos sin capacidad de decisión, y ha dejado a los interlocutores sociales —sindicatos, familias, docentes— sin una persona con responsabilidad política en educación con quien dialogar.
Este vacío ha sido llenado, forzosamente, por la vicepresidenta, porque el señor Barbón estuvo desaparecido los primeros días y después no quiso mancharse las manos. De esta manera sigue debilitando aún más la estructura institucional de su propio gobierno.
Todavía cojea la dimisión de Belarmina Díaz por el caso “Cerredo”, herida que sigue abierta y sangrando con cinco muertos. Pero esa es otra historia triste más.
La visión tecnocrática y el precio político
A pesar de que el acuerdo contiene avances relevantes, estos no han surgido como fruto de un proyecto educativo sólido, sino de una respuesta reactiva a una crisis de legitimidad.
El Gobierno del Principado no ha mostrado hasta la fecha ninguna hoja de ruta clara para la transformación educativa. No existe un plan integral de mejora de la calidad, ni una apuesta real por revertir los recortes acumulados durante más de una década.
Lo que hay son parches, medidas dispersas y a menudo descoordinadas, que responden más al cálculo político que a un compromiso serio con la escuela pública.
La falta de planificación se evidencia en varios puntos clave:
- -La aplicación progresiva de medidas urgentes.
- -La indefinición sobre el futuro de la educación inclusiva.
- -La ausencia de claridad respecto a la implementación del Plan Simplifica, etc.
Es comprensible que los sindicatos hayan aceptado el preacuerdo: tras meses de movilización, sin interlocución clara y con un gobierno que daba por agotado el conflicto, mantener la huelga suponía asumir un desgaste sin garantías. No obstante, la responsabilidad última de haber llevado el conflicto al límite recae en el Gobierno del Principado, que no supo ni quiso anticiparse.
El profesorado asturiano ha demostrado una vez más su compromiso con la educación pública, soportando la sobrecarga burocrática, la precariedad de muchos interinos y la ausencia de recursos para atender la diversidad en las aulas.
A cambio, ha recibido promesas que llegarán a cuentagotas, cuando lo que necesita es una respuesta inmediata y valiente.
Conclusión
Asturias no puede permitirse una política educativa basada en la improvisación, el cortoplacismo y el marketing institucional. El gobierno de Adrián Barbón ha perdido una oportunidad de oro para liderar una reforma educativa profunda, justa y consensuada.
En su lugar, ha ofrecido un acuerdo bajo presión, medidas dilatadas y una Consejería sin capitán.
Si de verdad se quiere defender la educación pública, lo primero es dotarla de liderazgo, ambición y urgencia, no de promesas aplazadas ni de silencios administrativos.
El futuro de miles de estudiantes y docentes no puede seguir dependiendo de cálculos electorales ni de vacíos de poder. Asturias merece algo mucho mejor.
ENLACES RELACIONADOS:
✅ Acuerdo alcanzado: “Gobierno y sindicatos de Asturias llegan a un preacuerdo para mejoras salariales y laborales de los docentes”
El 9 de junio de 2025, el Gobierno del Principado y los sindicatos docentes alcanzaron un preacuerdo que incluye mejoras salariales, reducción de ratios, más apoyo a la diversidad y contratación de personal administrativo. El pacto, con un impacto presupuestario estimado de 45 M €, llevó a la desconvocatoria de la huelga iniciada el 27 de mayo. El artículo detalla montos, plazos y declaraciones oficiales tanto del Ejecutivo como de representantes sindicales .
⚠️ Desacuerdo y críticas: “Barbón cierra un acuerdo de mínimos para frenar el escándalo educativo en Asturias, pero CSIF advierte: ‘No nos gusta’”
Publicado también el 9 de junio de 2025, el texto de Libertad Digital critica el preacuerdo como un “acuerdo de mínimos” insuficiente para el profesorado. CSIF señala que, aunque incluye subidas salariales y refuerzos, no responde a las verdaderas necesidades del sector y lo califica de “firmado en falso”. Se recogen voces sindicales que advierten que no convencen ni resuelven las carencias del sistema
Licenciada en Químicas
Profesora jubilada de intitutos.