En medio del conflicto educativo más grave que ha vivido Asturias en las últimas décadas, con una huelga indefinida que sacudió tanto a la enseñanza pública como a la concertada, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha optado por una estrategia que ha dejado perplejos a muchos ciudadanos: ignorar, despreciar y marginar a la enseñanza concertada como si no formara parte del sistema público del que él mismo es responsable.
Y lo más paradójico es que este desprecio viene de alguien que, como él mismo ha reconocido, estudió de pequeño en un colegio concertado ~Colegio San José de Sotrondio~ según reza en su CV.
La realidad es tozuda: la enseñanza concertada forma parte del sistema público de enseñanza. Es pública en su financiación, regulada por las normas de la Consejería de Educación, con docentes que acceden a través de procesos homologables, y que educan a miles de niños y niñas en toda Asturias.
Se puede estar de acuerdo o no con mantener centros públicos concertados o defender una escuela 100% pública, pero lo que no es admisible en un presidente del Gobierno autonómico es actuar como si no existiera.
Y eso es exactamente lo que ha hecho Adrián Barbón. Durante semanas de protestas y movilizaciones sin precedentes, el presidente no solo no ha abierto la boca para defender o al menos reconocer a los trabajadores de la concertada que también están en huelga.
Ni una palabra, ni un gesto. El mensaje ha sido claro: solo importa la enseñanza pública gestionada directamente por la Administración. El resto, que se apañe. Es una postura que no solo es injusta, sino que también es profundamente hipócrita.
Se supone que gobierna para todos los asturianos, incluidos los profesores, las familias y los escolares que acuden a centros públicos concertados.
¿Dónde queda su memoria?
Barbón fue alumno de un colegio concertado en su etapa de primaria. Fue educado por docentes que hoy, irónicamente, estarían incluidos en la huelga indefinida que su Gobierno prefiere ignorar. Esos mismos profesores que le enseñaron a leer, a escribir, a pensar —y a ocupar el cargo que ahora ostenta— son hoy invisibles para él.
Es legítimo cambiar de opinión, pero lo que no se puede hacer es despreciar y olvidar el camino por el que uno ha transitado. Esa contradicción personal se agrava cuando se observa el comportamiento institucional de la Consejería de Educación.
La anterior consejera, Lydia Espina, intentó imponer una supresión unilateral de la jornada reducida en junio y septiembre sin negociación ni diálogo, lo que desató un conflicto masivo en la enseñanza pública.
Pero en la concertada, el malestar venía de antes:
- -complementos salariales congelados durante años,
- -equiparación pendiente con los docentes públicos,
- -ratios elevadas,
- -y una burocracia que ha ido asfixiando la labor docente.
Pese a todo esto, la Consejería nunca les ha reconocido como interlocutores válidos ni ha tomado en serio sus demandas. ¿Y qué hizo Barbón mientras todo esto sucedía?: callar, otorgar y finalmente, dejar caer a su consejera cuando la presión se hizo insostenible.
Una huelga histórica que también es suya
Más de 30.000 docentes se manifestaron en Oviedo, públicos y concertados, unidos por un grito común: “Basta de desprecio”. La huelga de la concertada, liderada por sindicatos como OTECAS, FSIE y USO, ha demostrado que este colectivo está tan implicado en la educación de nuestros hijos como cualquier otro.
Sus reivindicaciones no son un privilegio, son justicia. Y Barbón, lejos de tender la mano, se ha escudado en un silencio arrogante que solo revela su falta de valentía política. Que el presidente de una comunidad autónoma abandone a un sector educativo esencial, solo porque no es ideológicamente cómodo, debería alarmar a cualquier demócrata.
La defensa de lo público no puede construirse desde el sectarismo ni desde la amnesia interesada.
La concertada no es un enemigo; es un aliado. Uno que, además, forma parte del sistema que él dirige.
Un presidente que divide en lugar de unir
Barbón ha fracasado en su responsabilidad de arbitrar, escuchar y representar a toda la sociedad asturiana. Su actitud ante esta crisis educativa demuestra una visión reduccionista, ideologizada y profundamente injusta de lo que significa gobernar para todos.
Si realmente cree en la educación como motor de progreso, debe empezar por reconocer la pluralidad del sistema que tenemos, no negarla por comodidad política.
Conclusión
Lo peor de todo es que el precio de esta actitud no lo pagarán ni los sindicatos, ni los partidos, ni él mismo. Lo pagarán los alumnos, las familias y los docentes que cada día hacen posible que en Asturias se siga enseñando, a pesar de un gobierno que parece haber olvidado de dónde viene y a quién debe servir.
Barbón se va a encontrar con otro conflicto y va a cargar a la nueva consejera con este saco que lleva creciendo durante años. Lo justo, preciso y democrático es que las familias deberían poder elegir libremente el colegio para sus hijos que incluye el proyecto educativo (PEC), documento importantísimo, es una guía que describe el ideario, los valores, los objetivos y la organización del mismo. Define la visión y la misión del centro.
He ahí, la importancia de la libertad para que las familias puedan elegir, pero para ello, los profesores de la concertada no se merecen ser ignorados por Adrián Barbón, también gobierna para ellos.
Licenciada en Químicas
Profesora jubilada de intitutos.