1. Cuando la “información” se convierte en guion de mirada parcial
Hay artículos que informan, artículos que interpretan y, luego, están los que repiten consignas sin verificar su contexto.
El texto de La Nueva España sobre la prórroga y privatización del Huerna pertenece a esta última categoría.
No es un problema de ideología, sino de rigor. Porque cuando un medio reduce una operación compleja —que abarca tres décadas, dos modelos económicos y un marco europeo de convergencia fiscal— a una insinuación de “venta amañada”, está haciendo política por cuenta ajena, no periodismo.
El lector asturiano, al que se le debe información y no propaganda, merece saber cómo, por qué y en qué contexto se tomaron esas decisiones.
Y ese contexto, curiosamente, no aparece en el artículo.
2. Anatomía de una presentación parcial
El artículo de LNE parte de hechos —la prórroga del Huerna en el año 2000 y la venta del grupo público ENA en 2003— que interpreta de forma sesgada y omite estos cinco elementos fundamentales:
- Que Aucalsa fue nacionalizada en 1984 y gestionada por la empresa pública ENA durante 19 años.
- IMPORTANTE: Que el Estado invirtió y cobró peaje durante ese tiempo, saneando una infraestructura quebrada por la crisis del petróleo y la mala financiación inicial.
- Que la prórroga de 2000 se justificó oficialmente como una fórmula de equilibrio financiero y contención tarifaria.
- Que la venta de 2003 fue parte de una estrategia nacional de ajuste contable y convergencia europea, no una ocurrencia provincial.
- Que la Comisión Europea no investiga la venta, sino la modificación contractual de la prórroga sin licitación.
Pero LNE prefiere sugerir un complot de despacho antes que estudiar las cifras. Quizá para que la verdad no estropee sus rabias.
3. La privatización y los criterios de Maastricht
Para entender la venta de ENA (y por tanto de Aucalsa), hay que recordar el Tratado de Maastricht (1992),
cuyos criterios de convergencia exigían a los Estados miembros que quisieran incorporarse al euro:
- Déficit público inferior al 3 % del PIB.
- Deuda pública por debajo del 60 % del PIB.
- Estabilidad de precios y disciplina presupuestaria.
Cuando el Gobierno de Aznar llega al poder en 1996, España presenta un déficit del 5,3 % y una
deuda del 68 % del PIB. No había margen para subir impuestos sin frenar el crecimiento, así que el Ejecutivo optó por una vía doble:
ajuste del gasto y privatización de activos públicos.
Entre 1996 y 2003, esa política transformó por completo las cuentas del Estado:
| Año | Déficit / superávit (% PIB) | Deuda (% PIB) | Ingresos por privatizaciones (M€) |
|---|---|---|---|
| 1996 | −5,3 | 68 | – |
| 1998 | −2,6 | 61 | 5.800 |
| 1999 | −1,2 | 59 | 3.400 |
| 2000 | +0,9 | 58 | 4.100 |
| 2003 | +0,3 | 50 | 2.500 |
Gráfico: impacto positivo de las privatizaciones realizadas sobre las cuentas públicas (deuda y déficit).
En ese contexto se encuadra la venta de ENA (Aucalsa, AP-66; AP-9 y otras): una empresa pública saneada y rentable, con ingresos estables por peaje, que podía generar liquidez inmediata sin afectar el gasto corriente.
El Estado ingresó 1.586 millones de euros y redujo en paralelo el ratio de deuda.
Era, en términos macroeconómicos, una operación brillante y responsable: sustituir deuda futura por ingreso presente,
y convertir un activo inmovilizado en superávit presupuestario.
Que un medio de comunicación presente esa decisión sin mencionar ni Maastricht ni los criterios de déficit es un ejemplo clásico de
mala praxis periodística: una historia contada sin citar el contexto económico es propaganda disfrazada de información.
4. La cronología que desmonta el bulo
- 1983–1984: la autopista del Huerna (construida por la empresa privada Aucalsa con avales estatales) entra en crisis; el Estado la rescata y nacionaliza.
- 1984–1997: el Gobierno invierte fondos públicos en duplicar calzadas y construir los túneles del Negrón.
- 1997–1999: el tráfico crece y la autopista pasa a beneficios.
- 17 de marzo de 2000: el Gobierno Aznar (con la firma de Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento) aprueba el Real Decreto 392/2000, que prorroga la concesión hasta 2050 como fórmula de equilibrio económico y congelación tarifaria.
- 25 de mayo de 2001: el Consejo de Ministros transfiere ENA (Empresa Nacional de Autopistas) a SEPI, paso previo a su privatización.
- 11 de junio de 2003: SEPI vende ENA al consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso por 1.586 millones €, dando origen a Itínere Infraestructuras.
Todo ello dentro de una política fiscal avalada por Bruselas y los organismos europeos. No hubo improvisación, ni “venta de saldo”.
Hubo estrategia: cumplir con Europa, con la responsabilidad económica ante los españoles y liberar al Estado de cargas financieras heredadas del felipismo, no “regalar autopistas”.
5. El contexto que LNE oculta: Aznar, Cascos y la obra pública
El mismo Gobierno que aprobó la prórroga del Huerna fue el que construyó el tramo Onzonilla-Benavente (León-Zamora) —clave en la comunicación con Asturias— en tiempo récord y libre de peaje, mientras el Gobierno socialista de Felipe González y su ministro José Borrell lo había planificado con peaje.
Es decir, donde el socialismo proyectó cobrar, el gobierno Aznar ejecutó y aquel ministro de Fomento con quien La Nueva España practica la calumnia, ejecutó sin cobrar.
El contraste ilustra el tipo de decisiones estratégicas que el artículo de LNE ignora: se caricaturiza a Aznar y a Cascos como privatizadores compulsivos, cuando en la práctica fueron los artífices de la mayor expansión de infraestructuras públicas sin peaje en la historia reciente de España.
No incluir ese dato es otra omisión deliberada: deforma la comparación y convierte una gestión fiscal coherente en un relato de codicia.
6. Periodismo sin contexto: una falta ética
La mala praxis periodística no consiste solo en mentir, sino en recortar la realidad hasta que parezca una caricatura.
Omitir los datos de déficit, deuda y política económica es ocultar la motivación legítima de las decisiones públicas.
Y reducir una operación fiscal avalada por el Banco de España, Eurostat y la propia Comisión Europea a una insinuación de “venta amañada”
es manipular la percepción del lector.
Un medio que informa sin contexto no hace periodismo: hace teatro político.
7. Conclusión: más sombra que luz
El caso del Huerna no fue un expolio, sino el desenlace lógico de una etapa de reconversión del Estado:
de propietario-rescatador a gestor-vendedor,
de déficit crónico a superávit estructural,
de peaje estatal a explotación privada regulada.
El reproche europeo de 2025 se refiere a la falta de licitación previa en la prórroga, no a la venta de ENA.
La información rigurosa debería distinguir ambos planos. No hacerlo —como hace La Nueva España— es volver a confundir causa y efecto,
política y economía, periodismo y propaganda.
“Asturias merece transparencia, no titulares-trampa. Porque la verdad no está en los ecos del pasado, sino en la memoria exacta de los hechos.”
ANEXO — Errores de datos del artículo de Xuan Fernández
«Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros)» (La Nueva España, 21/10/2025)
🔗 Enlace al artículo original de La Nueva España firmado por Xuan Fernández
- Asesor financiero y fecha (Argentaria, 1999).
“El Gobierno de Aznar contrató a un asesor financiero —Argentaria— para estudiar la posible venta de la concesionaria en 1999.”
Corrección: No hay constancia pública de contratación en 1999 para ENA/Aucalsa.
El expediente formal de privatización se inicia en 2002, con BBVA como asesor financiero y PwC como valorador,
bajo la gestión de SEPI. La mención a Argentaria 1999 es errónea:
esa entidad dejó de existir ese mismo año tras su fusión con BBVA. - Importe de la venta.
“El consorcio liderado por Sacyr compró Aucalsa por 1.585.331.420,25 euros.”
Corrección: La cifra oficial, según SEPI (comunicado 11/06/2003) y
Tribunal de Cuentas (Informe de fiscalización de las privatizaciones), fue
1.586.331.420 €, redondeada habitualmente a 1.586 millones.
Además, la venta no fue de Aucalsa individualmente, sino del grupo ENA completo (seis autopistas). - Objeto de la operación.
“Se vendió la concesionaria del Huerna.”
Corrección: El objeto real de la privatización fue la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA), titular de varias concesionarias públicas: Aucalsa, Audenasa, Aumar, Audasa, entre otras.
Aucalsa fue una parte del paquete, no la única vendida. - Confusión institucional (SEPPa vs. SEPI).
“La SEPPa convocó el concurso para la venta.”
Corrección: La SEPPa (Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales) no intervino en el proceso final.
La transferencia de ENA a SEPI se aprobó el 25/05/2001 y la venta se ejecutó desde SEPI en 2002–2003.
Citar a SEPPa confunde fases previas de análisis con la ejecución efectiva de la privatización. - Objeto del dictamen europeo.
“Bruselas investiga la venta de Aucalsa.”
Corrección: La Comisión Europea no cuestiona la venta societaria, sino la
prórroga de la concesión de 2000 (Real Decreto 392/2000) al considerar que debió licitarse.
El dictamen motivado de julio de 2025 se refiere a la modificación contractual, no a la compraventa. - Causalidad entre prórroga y venta.
“El Gobierno amplió la concesión para venderla más cara.”
Corrección: No existe evidencia documental ni ministerial de esa intención.
La motivación oficial del RD 392/2000 fue el reequilibrio financiero y la congelación de tarifas.
La revalorización posterior fue efecto colateral, no causa explícita.
Conclusión del anexo: El artículo de La Nueva España incurre en errores factuales, confusiones institucionales y atribuciones no demostradas.
Los hechos reales —verificados en documentos oficiales— difieren de su narrativa en al menos seis puntos esenciales, lo que demuestra una falta de contraste informativo incompatible con la responsabilidad de un medio de referencia regional.
