Que la izquierda ha asumido por completo la reaccionaria Agenda 2030 es indiscutible. Que los perversos efectos que está causando en Europa y en España son cada vez más evidentes, también. Y que la situación energética a la que nos ha llevado el desmantelamiento de la energía nuclear se percibe cada día —tanto en lo cotidiano, como el recibo de la luz, como en cuestiones más complejas, como la estabilidad del suministro eléctrico—, tampoco admite duda.
La ideología se ha convertido en el arma más poderosa de los autodenominados progresistas. Con ella han destruido un escenario social que costó décadas construir y disfrutar. Uno de los ámbitos más castigados por esa visión dogmática es el energético.
España, la primera de la clase… pero no para bien
Recordemos el lema “España será verde o no será”, repetido durante años por el presidente del Gobierno y sus ministros, dentro y fuera de nuestras fronteras. Un mensaje altisonante que presume de objetivos sin considerar las consecuencias de su aplicación.
El último ejemplo, el del apagón, ilustra un nivel de necedad tal que cada vez son más las voces cualificadas que señalan el desmantelamiento de las fuentes síncronas —entre ellas, la nuclear— como la causa principal del lamentable episodio del 28 de abril de este año.
El caso Almaraz
En 2018, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, propuso cerrar las centrales nucleares al cumplir 40 años de operación, en línea con el programa electoral del PSOE. No obstante, para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, se acordó un cierre escalonado entre 2027 y 2035.
Entre otras medidas, y para favorecer la transición hacia las renovables, se impusieron altas tasas fiscales a las operadoras nucleares. Siguiendo ese plan, Almaraz deberá cerrar en 2027, y hacia 2035 —tras el cese del resto de reactores— España abandonará definitivamente la energía nuclear.
El apagón como revelación
El fallo de la red eléctrica española puso sobre la mesa una advertencia que numerosas entidades venían repitiendo: sin nucleares, somos vulnerables.
Tres informes publicados pocos meses antes del apagón ya lo anticipaban:
- European Resource Adequacy Assessment (ERAA), ENTSO-E, abril 2025: “El cierre de los dos reactores de Almaraz incrementa el riesgo de apagones: 4 horas anuales en 2026 y 4,8 en 2028, por encima del estándar europeo de 0,8 horas.”
- Informe Anual de Redeia, febrero 2025: “El cierre de nucleares, carbón y ciclos combinados reduce la potencia firme, las capacidades de balance y la inercia del sistema, aumentando el riesgo de incidentes operativos que afecten al suministro. Podría causar desconexiones severas por desequilibrios entre generación y demanda.”
- Estudio de Impacto del Cierre Nuclear, PwC, marzo 2025: “Sustituir la nuclear por gas elevaría los precios mayoristas en unos 37 €/MWh (25-30 % en el mercado minorista). Riesgo en la garantía de suministro al forzar a las térmicas a operar en base. Apoya la extensión de la vida útil para evitar subidas de precios y fallos en picos de demanda.”
La respuesta del Gobierno, fiel a su línea ideológica, fue descartar que el exceso de renovables y la falta de fuentes estables y síncronas —como la nuclear— fueran las causas fundamentales del fallo.
El cambio desde Europa
La burocracia europea, también partícipe de la Agenda 2030, comienza a reconocer el fracaso de un proyecto que conduce a la pobreza, la pérdida de competitividad y la renuncia a una Europa motor del progreso.
Para maquillar ese fracaso, la Unión decidió incluir la energía nuclear como actividad “verde”, o más exactamente, transicional sostenible, dentro de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, vigente desde el 1 de enero de 2023.
Esta clasificación no la considera “verde” de forma plena e ilimitada —para no admitir errores ni irritar a los lobbies climáticos—, sino como una opción temporal hacia la neutralidad climática de 2050, sujeta a condiciones técnicas y de transparencia.
Y sí: al frente de esta decisión está Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, la misma que en España impulsó el cierre nuclear.
En resumen: ante el fracaso de su política energética y viendo que países como Francia mantenían sus 57 reactores y planeaban construir 14 más, la UE amplió el margen de actuación de los Estados miembros para evitar futuros desastres como el español.
La reacción en España
El Gobierno no reconocerá su error pero eso no le exime de tener que tomar medidas para evitar un descalabro electoral.
En el caso de Almaraz, varios actores locales se han movilizado para lograr su continuidad. Destacan plataformas como “Sí a Almaraz, sí al futuro”, que alertan del impacto socioeconómico del cierre —entre 3.000 y 5.000 empleos y 829 millones de euros anuales—, además del riesgo de apagones.
Las eléctricas, por su parte, han solicitado una prórroga de tres años, hasta 2030, alegando que la alta fiscalidad —como la “tasa Enresa” para residuos— hace inviable la operación sin ajustes.
Finalmente, la vicepresidenta y ministra del ramo, Sara Aagesen, declaró que cualquier prórroga deberá cumplir tres condiciones: garantizar la seguridad radiológica, no incrementar costes para los consumidores y asegurar el suministro eléctrico.
En otras palabras: obviedades que evidencian la realidad esencial —sin nucleares, no hay futuro.
El precio de la ideología (que pagamos todos)
Lo más lamentable de este asunto es que, intoxicados por la ideología, los partidos alcanzan el poder y, desde allí, toman decisiones carentes de rigor profesional, técnico, riguroso, que comprometen el futuro de todos.
Cuando esas decisiones —adoptadas por fanáticos climáticos— muestran sus consecuencias, recurren entonces a los expertos para intentar enmendar el desastre. Tenemos un caso similar en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de Irene Montero que hizo oído sordos a las advertencias de los juristas sobre las consecuencias no deseadas de la Ley, y así fue.
Votar movidos por pulsiones irracionales, alentadas por demagogos que aseguran tener soluciones mágicas, nos conduce a esto: a incapaces en puestos de enorme relevancia, cuyas decisiones alteran nuestra forma de vida en una sociedad —la española— casi universalmente envidiada.
Unos ineptos que nos han llevado a un apagón que afectó a miles de personas —algunas gravemente enfermas y otras que sufrieron consecuencias fatales—; que han condenado a nuestra agricultura en favor de “bosques” de placas solares; que han cubierto de molinos de viento los paisajes naturales (que Donald Trump ha criticado); que nos expulsan de las ciudades con Zonas de Bajas Emisiones; que nos obligan a comprar coches carísimos y plagados de sistemas anticontaminación defectuosos como los AdBlue, las EGR, etc.; que han frenado la industria pesada —como en Asturias y su todavía pendiente anillo energético— y perjudicado la llegada de enormes centros de datos por la inestabilidad energética; y que nos obligan a pagar recibos eléctricos desorbitados, alimentando con gas las centrales de ciclo combinado para evitar nuevos apagones.
Una Agenda 2030 y una lucha climática que incluso uno de sus principales valedores, Bill Gates, ha comenzado a replantearse.
¿No lo cree? Pronto se lo contaremos.
Los hechos son los hechos, independientemente de los sentimientos, deseos, esperanzas o miedos de los hombres.