La obligación de las balizas V16 conectadas, impuesta en España a partir de 2026, se ha convertido en una de las decisiones más discutidas de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La obligación de las balizas V16 conectadas, impuesta en España a partir de 2026, según el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2022, que regula la obligatoriedad de dichas balizas, exigiendo su conexión a la DGT y sin equivalentes en la Unión Europea, se ha convertido en una de las decisiones más discutidas de la Dirección General de Tráfico.
Una medida presentada como un avance tecnológico para la seguridad vial, pero que muchos consideran y consideramos innecesaria, económicamente interesada y potencialmente orientada al control ciudadano.
La pregunta ya no es si estas balizas aportan algo… sino por qué solo España ha optado por imponerlas de manera obligatoria.
Si la medida fuese realmente imprescindible para salvar vidas, podría entenderse. Pero España ya cuenta con dos sistemas plenamente operativos de geolocalización en emergencias:
- •e-Call, obligatorio en coches nuevos desde 2018, que sí avisa automáticamente a emergencias.
- •Smartphones, 55 millones en uso, todos con capacidad de enviar ubicación y alertar al 112.
Entonces, ¿para qué añadir otro aparato más? ¿Y por qué convertirlo en obligatorio?
Tres motivos clave: negocio, recaudación y control
Analicemos tres motivos que resultan interesantes en este país donde la prevaricación, las mordidas y el afán recaudatorio del gobierno se han convertido en nuestros compañeros de viaje por esas carreteras en las que, por cierto, bastantes mas de la mitad carecen de paneles de aviso, y en las que existen, muchos están estropeados o apagados.
1. Un mercado cautivo multimillonario
En primer lugar, respecto a la economía. España tiene alrededor de 25–26 millones de vehículos. Si todos debemos comprar una baliza V16 conectada, con precios entre 20 y 50 euros, el volumen económico estimado asciende a un valor entre 500 y 1.200 millones de euros en ventas privadas.
Un mercado cautivo de más de 25 millones de vehículos convierte la baliza V16 conectada en un negocio privado de entre 500 y 1.200 millones de euros impuesto por ley.
Los principales beneficiados serán:
- •Los fabricantes, apenas una docena de marcas homologadas… y no todas libres de relaciones empresariales complejas.
- •Operadores de datos, porque estas balizas incluyen una eSIM cuya conectividad va integrada en el precio.
- •Distribuidores, gasolineras, talleres y centros comerciales.
- •Empresas certificadoras, que aprueban la homologación de los dispositivos.
No estoy en contra de los negocios ni de ninguna empresa que distribuya las balizas o las homologue, siempre que sean limpias y quiero pensar que lo serán.
Pero sería interesante saber quiénes están detrás de este negocio, no vaya a pasar algo parecido a lo que se está descubriendo sobre las mascarillas en la pandemia.
2. El interés recaudatorio de Hacienda
En segundo lugar. Ya a nadie se nos escapa el interés recaudatorio de Hacienda que puede ingresar cerca de 250 millones, porque la recaudación por IVA es directa y sustancial.
Hagamos una estimación razonable:
- •Precio medio: 35 €
- •25 millones de vehículos
- •Facturación total: 875 millones €
- •IVA del 21% → ~185 millones €
Sumando impuestos de sociedades de fabricantes y distribuidores, IRPF, cotizaciones y actividad inducida, la cifra puede acercarse a 200–250 millones de euros de ingresos públicos.
Una medida que obliga a 47 millones de personas a pagar por un dispositivo que solo España exige, inevitablemente huele a recaudación fácil.
Una medida que obliga a 47 millones de personas a pagar por un dispositivo que solo España exige, inevitablemente huele a recaudación fácil. Porque no son ni gratuitas ni financiadas, pero sí obligatorias.
Si la medida fuera realmente esencial para salvar vidas, podría existir:
- •IVA reducido (como propone el RACE).
- •Subvenciones para rentas bajas.
- •Distribución gratuita para colectivos vulnerables.
- •Financiación pública.
Pero nada de esto ocurre.
La obligación es absoluta, los costes recaen íntegramente en el ciudadano… y la recaudación entra, sobre todo, por IVA.
En un contexto de inflación, presión fiscal creciente y desconfianza política, la obligatoriedad de estas balizas deja la sensación de un negocio encubierto disfrazado de seguridad vial y un paso más hacia la monitorización tecnológica del ciudadano.
3. ¿Un nuevo control ciudadano?
El tercer punto de estudio requiere una pregunta, ¿Se trata de un nuevo control ciudadano? No olvidemos que es un nuevo dispositivo obligatorio con geolocalización.
La DGT asegura que la baliza:
- •Solo envía ubicación cuando se activa.
- •No identifica al conductor.
- •No rastrea en tiempo real.
- •No está conectada mientras no se enciende.
Todo eso es cierto sobre el papel. Pero no podemos ignorar:
- Es un dispositivo obligatorio con geolocalización, impuesto por el Estado. Eso, en cualquier democracia, requiere un debate profundo sobre privacidad que no ha existido. Y, por cierto, a ninguno de los dos partidos de la oposición les hemos escuchado ni media palabra sobre este tema. O no se han enterado o están encantados con la noticia.
- Otros sistemas ya realizan la misma función (o mejor). e-Call no solo geolocaliza: avisa automáticamente a emergencias, algo que la baliza no hace.
“La baliza V16 no activa servicios de emergencia. Debe ser el usuario quien llame.”
Incluso el RACE ha recordado que:
“La baliza V16 no activa servicios de emergencia. Debe ser el usuario quien llame.”
Entonces,
- •¿qué necesidad había de añadir una geolocalización adicional?
- •¿Es realmente por seguridad, o por alimentar un nuevo flujo de datos hacia la plataforma DGT 3.0?
Desde una visión crítica, puede verse como otro paso en la progresiva digitalización obligatoria del ciudadano, donde la movilidad se convierte en un flujo constante de información. En resumen, una restricción más de libertad.
Una anomalía en Europa
Por último es necesario resaltar que es una medida aislada en Europa. Ningún otro país de la UE ha impuesto balizas conectadas obligatorias. Francia, Alemania, Italia, Portugal… siguen con triángulos. España es el único país que obliga a instalar un dispositivo conectado y geolocalizado para señalizar averías.
Cuando un país avanza solo en una dirección tan polémica, caben dos interpretaciones:
- ¿España es pionera? ¿Pionera en seguridad o en control al ciudadano y restricción de libertades?
- ¿España es un laboratorio de negocio con un mercado forzado por ley?
Habrá que esperar un par de años mínimo, para saber la realidad de esta medida, como ha ocurrido con otros asuntos que están en el candelero hoy día.
De momento, saquemos conclusiones con los datos que tenemos de una imposición discutible. La obligación de las balizas V16 conectadas es una medida:
- •Única en Europa.
- •Cuestionada por automovilistas, expertos y guardias civiles.
- •Carísima para los ciudadanos.
- •Rentable para Hacienda y para ciertas empresas.
- •Dudosa en términos de privacidad, al añadir un nuevo dispositivo geolocalizado obligatorio.
- •Redundante, porque ya existen e-call y smartphones.
- •Y que ni siquiera avisa a emergencias.
La pregunta final no es jurídica, sino política: ¿Está realmente España ganando seguridad… o alguien está ganando dinero?
La pregunta final no es jurídica, sino política:
¿Está realmente España ganando seguridad… o alguien está ganando dinero?
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