La “dictadura institucionalizada” como experimento político del siglo XXI
Por Hugo Mena Keymer
Serie basada en el estudio “Venezuela: un caso inédito en la historia con implicaciones regionales”. Primera entrega.
ESTUDIO COMPLETO:
El caso venezolano no es solo una tragedia nacional: es un experimento político inédito.
Lo que aquí se ensayó no fue el golpe clásico contra la democracia, sino algo más sofisticado: una “dictadura institucionalizada”, diseñada para destruir la democracia desde dentro, utilizando sus propias reglas, sus propios procedimientos y su propia legitimidad inicial.
Esta primera entrega se centra en esa ingeniería política. Cómo se pasa de una elección democrática de Hugo Chávez a la liquidación gradual de la separación de poderes, hasta convertir la Constitución en un simple decorado. No es un accidente histórico: es el resultado de un diseño estratégico cuya autoría intelectual corresponde a Fidel Castro.
La idea matriz: destruir la democracia desde la democracia
La idea central es tan brutal como sencilla: “hay que destruir la tonta democracia aprovechando que los oligarcas son bobos”, según la frase atribuida a Fidel Castro.
El objetivo ya no era tomar el poder por la vía insurreccional, como en la Cuba de 1959, sino aprovechar las formas democráticas del siglo XXI para llegar al gobierno, y desde allí desmontar las garantías que protegen a los ciudadanos frente al poder.
En Venezuela, ese experimento arranca con una elección presidencial legítima. Chávez llega a Miraflores mediante el voto, con el aval de una democracia que, con todos sus defectos, funcionaba.
La novedad está en lo que viene después: una secuencia de pasos jurídicos, políticos e institucionales que convierten la legalidad en una herramienta de demolición de la propia democracia.
La Asamblea Constituyente y la ingeniería de la nueva Constitución
Cabello Diosdado, Delcy Rodríguez y otros implicados en la dictadura celebran la formación de la Asamblea Constituyente.
El primer gran movimiento es la convocatoria de una Asamblea Constituyente que, apenas instalado el nuevo presidente, redacta y aprueba una nueva Constitución. Es el momento de la célebre declaración de Chávez: “juro, ante esta moribunda Constitución”.
La vieja Carta Magna no se reforma: se declara obsoleta y se sustituye por otra, supuestamente más “participativa” y “protagónica”.
El problema no está solo en lo que esa nueva Constitución dice, sino en lo que deliberadamente omite. Se construye un texto lleno de puertas laterales, resquicios, zonas grises y vacíos normativos estratégicos.
Esas omisiones permiten, a la larga, que el poder ejecutivo vaya capturando uno a uno los contrapesos institucionales: Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Electoral, Banco Central y, finalmente, las propias Fuerzas Armadas.
La Constitución se convierte así en una suerte de andamiaje que mantiene la apariencia formal de democracia, pero que contiene el germen de su destrucción. Todo se hace con leyes, reformas, sentencias, decretos y designaciones: la forma es legal, el resultado es abiertamente antidemocrático.
El asalto a los poderes del Estado
Una vez aprobada la nueva Constitución, el siguiente paso es la captura progresiva de los poderes del Estado.
•El Poder Judicial se coloniza mediante la designación de magistrados leales al Ejecutivo, hasta que el Tribunal Supremo queda sometido al control del régimen. La justicia deja de ser un poder independiente y se convierte en un instrumento político.
•En el Poder Legislativo, cuando la oposición logra mayoría parlamentaria, el oficialismo recurre a una maniobra clave: declarar a la Asamblea Nacional “en desacato”. A partir de ahí se la vacía de competencias, se ignoran sus decisiones y se crea una institucionalidad paralela. En la práctica, se sustituye un parlamento legítimo por cuerpos ad hoc obedientes al Ejecutivo.
•El Poder Electoral se transforma en una máquina de simulación democrática: organiza elecciones, pero bajo reglas, controles y manipulaciones que garantizan el resultado favorable al régimen.
•El Banco Central queda de facto fusionado con el gobierno, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en financista y cómplice de la destrucción económica posterior.
•En paralelo, se consolida un sistema de control social extorsivo sobre la población, mediante instrumentos como el “carnet de la patria”, que condiciona el acceso a alimentos y ayudas básicas a la fidelidad política. La pobreza y la necesidad se convierten en herramientas de sometimiento masivo.
La reelección indefinida y el vaciamiento final de la Constitución
En este contexto, la aprobación de la reelección indefinida del presidente es un paso casi natural.
Si el Ejecutivo ya controla los poderes del Estado, el árbitro electoral, la justicia y buena parte de los medios de comunicación, permitir la permanencia ilimitada en el poder no es más que formalizar lo que ya existe de facto.
Con el tiempo, la Constitución termina reducida a un documento puramente decorativo. Se mantiene el texto, se celebran elecciones, se preservan ciertos rituales republicanos, pero las garantías reales desaparecen. La forma democrática se conserva; la sustancia democrática se ha evaporado.
La cooptación de las Fuerzas Armadas: el pilar de la dictadura institucionalizada
La otra pieza esencial de esta arquitectura es la cooptación de las Fuerzas Armadas. El régimen comprende que ninguna “dictadura institucionalizada” es estable si el poder militar conserva autonomía.
El objetivo es claro: comprar lealtades y atar el destino de la élite militar al destino del propio régimen.
Para ello se despliega un sistema de prebendas y privilegios cuidadosamente diseñado:
altos cargos en el Ejecutivo (hoy, una parte significativa de los ministros son militares), direcciones y puestos clave en empresas públicas (alrededor de 900), ascensos masivos a generalato —hasta el punto de que Venezuela tiene más generales que todos los países de la OTAN juntos— y participación directa en negocios ilícitos, incluido el narcotráfico.
El mensaje de fondo es inequívoco: la permanencia del régimen es la garantía de impunidad y privilegios para esa élite militar. Y a la inversa, cualquier transición democrática implica para muchos de ellos el riesgo de perderlo todo, incluida su libertad personal. Así, la “neutralidad” de las Fuerzas Armadas deja de ser posible: quedan orgánicamente integradas en el sistema de poder.
Una lección para América Latina: la necesidad de “vacunas constitucionales”
La conclusión que se desprende de este proceso es incómoda para toda la región: ninguna Constitución latinoamericana está hoy “vacunada” contra una dictadura institucionalizada.
No existe, en los textos actuales, un capítulo específico que cierre los resquicios aprovechados en el caso venezolano para destruir la democracia desde dentro.
De ahí la propuesta de establecer auténticos “candados constitucionales”: normas ad hoc que impidan repetir los pasos venezolanos, protegidas por quórums supramayoritarios (por ejemplo, 4/5 de diputados y senadores en ejercicio) y concebidas como normas pétreas, es decir, cláusulas que no puedan ser modificadas fácilmente por una mayoría coyuntural.
Es muy probable que Venezuela sea el primer país en intentar ese blindaje, una vez recuperada la democracia. Su experiencia es una advertencia práctica para todo el continente: la democracia no se defiende solo con elecciones, sino con instituciones capaces de resistir a quienes quieren usarlas para destruirla.
En las próximas entregas abordaremos el segundo rasgo inédito del caso venezolano: el tipo de régimen engendrado tras esta demolición institucional, una narco-cleptocracia criminal totalitaria sin precedentes en la historia contemporánea.
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Sobre el autor: trayectoria profesional de Hugo Mena Keymer
Hugo Mena Keymer cuenta con cerca de 40 años de actividad profesional. Sus primeros seis años los desarrolló en el Banco Central de Chile, institución que le otorgó la beca con la que obtuvo el Máster y el PhD en Economía.
Los siguientes 25 años los ha dedicado a la academia en jornada completa en Chile, Estados Unidos y México. Ha ejercido cargos de alta gestión y administración universitaria, entre ellos: Rector, Vicerrector Académico y Decano de Facultad de Economía y Negocios.
Su labor docente se ha centrado en economía y calidad educativa, desarrollando proyectos de mejora basados en su enfoque de “micro pedagogía disciplinar focalizada”, que él considera el método más eficaz para elevar los estándares de aprendizaje.
Entre sus áreas de especialización destacan la evaluación de currículums, la gestión de cambio estructural, la formación académica y el diseño de políticas de mejoramiento institucional.
Actualmente mantiene una activa trayectoria como consultor y como analista en temas económicos y político-institucionales