Artículo de análisis político.
Firma compartida: Francisco Álvarez-Cascos y Joaquín Santiago Rubio.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se alinea sin complejos con los aliados internacionales de Nicolás Maduro —de Lula da Silva a Gustavo Petro, pasando por Claudia Sheinbaum—, y mientras buena parte de la izquierda convierte su rechazo a Donald Trump en coartada para mirar hacia otro lado ante el carácter del régimen venezolano, conviene introducir una pregunta incómoda, pero necesaria:

¿Existe una senda política viable para Venezuela que no pase por el caos, por la dilación injustificable ni por la imposición perpetua?

España conoce la respuesta. Y la conoció en circunstancias no menos complejas.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el país afrontó una transición ejemplar que hoy se estudia en universidades de todo el mundo. No fue un milagro ni una improvisación.

Fue una operación política basada en el sentido común, la gradualidad y la subordinación del poder real —incluido el militar— al poder democrático.

La clave intelectual de ese proceso fue un asturiano, Torcuato Fernández-Miranda, que entendió algo esencial: para cambiar un régimen sin romper el país, hay que utilizar las estructuras existentes para vaciarlas desde dentro.

De ahí surgió el nombramiento de Adolfo Suárez, la autodisolución de las Cortes franquistas y la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en 1977, apenas dos años después de la desaparición del dictador.

Aquellas elecciones las ganó la UCD de Suárez y, más importante aún, inauguraron la alternancia democrática, que se consolidaría con las victorias de Felipe González en 1982 y de José María Aznar en 1996.

La Transición española no fue ingenua. Superó incluso la prueba decisiva: la sumisión del poder militar al poder civil, pese a un intento de golpe de Estado en 1981 que fue derrotado sin derramamiento de sangre y con cárcel para sus responsables.

Democracia, sí; pero con Estado, ley y autoridad.

Hoy, Venezuela necesita algo conceptualmente similar, aunque adaptado a su realidad. No una copia mecánica, sino una lógica política basada en el sentido común, por encima de prisas e intereses personales:

• •gradualidad,
• •desmilitarización efectiva del poder,
• •restitución institucional,
• •y elecciones libres cuando el terreno esté despejado sin prisas pero sin pausas.

En ese contexto, Asturias Liberal propone a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular que recuerden a sus aliados democráticos venezolanos, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que la legitimidad electoral es condición necesaria, pero no suficiente, para gobernar un país devastado por décadas de autoritarismo, narcotráfico y control armado.

La alternativa a una transición política ordenada no es una democracia inmediata y perfecta. Es el riesgo del colapso, de la tutela perpetua o de una nueva captura del Estado por otros actores de fuerza.

España fue capaz, en su momento, de anteponer el país al ajuste de cuentas, la estabilidad a la revancha y el futuro a la épica.

Ese ejemplo no exonera a nadie de responsabilidades, pero demuestra que hay caminos intermedios entre la tiranía y el abismo.

Paradójicamente, quienes hoy se llenan la boca con la legalidad internacional parecen haber olvidado la lección más importante de la Transición: la democracia no se decreta; se construye.

Y Venezuela, si quiere salir del túnel, necesitará algo más que consignas, alineamientos automáticos o gestos simbólicos. Necesitará la senda política del sentido común llevada a la practica. Como la que España supo encontrar cuando parecía imposible.

La doble vara de medir de la izquierda internacional

Existe una incoherencia difícil de ignorar en buena parte de la izquierda política y mediática internacional cuando se trata de dictaduras, violaciones de derechos humanos y uso de la fuerza contra Estados soberanos.

Una doble vara de medir que se activa o se desactiva en función de la afinidad ideológica del régimen afectado.

El ejemplo histórico es conocido. En 1998, la izquierda europea celebró la iniciativa del juez Baltasar Garzón para promover la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, en aplicación del principio de jurisdicción universal.

Aquella actuación fue presentada como un hito moral: ningún crimen de lesa humanidad debía quedar impune, con independencia de fronteras, soberanías o cargos ostentados.

Sin embargo, ese mismo principio parece diluirse cuando el dictador pertenece al campo ideológico “correcto”. Las acusaciones de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y represión sistemática en Venezuela no despiertan hoy la misma determinación, sino cautelas, silencios o una súbita preocupación exclusiva por la forma jurídica de las actuaciones internacionales.

La incoherencia se agrava al observar el comportamiento reciente de esa misma izquierda ante intervenciones militares lideradas por Estados Unidos bajo gobiernos ideológicamente afines.

Durante la presidencia de Barack Obama, la intervención en Libia en 2011 fue ampliamente respaldada en nombre de la protección de civiles, pese a suponer una violación clara de la soberanía estatal y a desembocar en un Estado fallido. Años después, el propio Obama reconocería que su mayor error fue no haber pensado en el día después.

Algo similar ocurrió en Siria, donde la soberanía volvió a convertirse en un concepto flexible, invocado o ignorado según conviniera al relato político del momento, mientras el país se deslizaba hacia una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XXI.

Entonces, la soberanía fue relativizada. Hoy, en el caso venezolano, se presenta como un principio absoluto e innegociable. La diferencia no está en los hechos, sino en quién ocupa el poder y quién ejecuta la acción.

Los derechos humanos no pueden ser selectivos ni la legalidad internacional un refugio oportunista. O valen siempre, o dejan de ser principios para convertirse en instrumentos retóricos.

Este comentario editorial pretende señalar una evidencia incómoda: sin coherencia moral, la defensa del derecho internacional pierde credibilidad. Y sin credibilidad, ninguna transición política —ni en Venezuela ni en ningún otro lugar— puede aspirar a un respaldo sólido y duradero.

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