Imagen de portada: Ignacio Escolar, director del elDiario.es, principal instigador mediático del caso.
En España, demasiadas veces, el proceso judicial no abre la conversación: la clausura. Primero llega el gesto. Después —si llega— la prueba.
Conviene empezar por los hechos desnudos, antes de que el ruido lo devore todo.
El cantante Julio Iglesias, de 82 años, está siendo objeto de una investigación preprocesal por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero de 2026 por dos antiguas trabajadoras —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021, en residencias del artista situadas en República Dominicana y Bahamas. No hay imputación formal. No hay juicio. No hay hechos probados. Hay una investigación en curso.
Eso debería ser el punto de partida. Pero en España rara vez lo es.
No hay imputación. No hay juicio. No hay condena. Pero ya hay la pena del telediario.
Del proceso judicial al ritual moral
Desde el primer minuto, el caso ha saltado del ámbito jurídico al escenario político, mediático y simbólico. Gobierno, partidos de izquierda, sindicatos y actores culturales se han apresurado a condenar públicamente los hechos denunciados, subrayando —como cláusula de estilo— el respeto a la presunción de inocencia, mientras actuaban exactamente como si esa presunción no existiera.
Se han escuchado expresiones como “ningún espacio de impunidad”, “estructura de poder basada en la agresión” o incluso “esclavitud”.
Desde Más Madrid se ha pedido retirar honores como la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid o el título de Hijo Predilecto. Editoriales han anunciado revisiones apresuradas de libros. Instituciones han corrido a marcar posición.
No se está investigando. Se está actuando simbólicamente.
Y ahí aparece uno de los rasgos más inquietantes del momento: el wokismo precautorio. No se espera a saber. Se borra, se retira, se reescribe por si acaso:
- •Por si resulta que las denuncias son ciertas.
- •Por si dentro de unos años hay condena.
- •Por si alguien reprocha no haber reaccionado a tiempo.
La moral se convierte en un seguro preventivo.
Como señaló públicamente Sharon Calderón (https://x.com/sharoncalderong), este “por si” está generando una nueva forma de culpa: la culpabilidad por asociación cultural, donde un meme, una broma o un “es Julio y lo sabes” se revisan a posteriori como si fuesen complicidad penal.
Esta lógica —más cercana al ritual que al Derecho— no protege a las víctimas ni fortalece la justicia. Solo produce gestos de purificación, pánicos retrospectivos y la extraña idea de que el pasado debe ser reescrito para evitar el reproche futuro.
Es, en suma, una muestra más de la debilidad argumental e intencional del feminismo administrado que pretende dominar el marco a la vez que muestra sus costuras.
Y una constatación de la debilidad estructural de una izquierda gobernante presa de la desesperación y acosada por la corrupción, los escándalos sexuales, la debilidad parlamentaria y la degradación nacional que administra.
Si hoy elaboráramos una lista de las diez figuras más influyentes de la cultura, el deporte o la ciencia de la historia y las sometiéramos a una auditoría llena de la moralina sin moral que nos inunda, la mayoría no pasaría el corte: Miguel Ángel, Picasso, Einstein, Newton, Chaplin, Gandhi,….
Ayuso, Feijóo y la confusión interesada
En este contexto, la reacción de Isabel Díaz Ayuso ha sido presentada como escandalosa. Al rechazar retirar honores y afirmar que “las mujeres violadas y atacadas están en Irán”, Ayuso introduce un contramarco: el de la instrumentalización ideológica del caso y la defensa del prestigio cultural.
Su intervención contextualiza el debate y señala la inconsistencia vergonzante de la izquierda.
Muy diferente en el énfasis, pero no incompatible del todo, ha sido la posición de Alberto Núñez Feijóo: califica las denuncias como “muy graves”, pero insiste en algo hoy necesario: conviene saber si son verdad.
Se le olvidó decir, presa de su tacticismo desvaído, que es necesario también comprobar la honestidad de la intención del medio que instiga.
Fama, vejez e indefensión: la pena del telediario
Hay otro factor decisivo que apenas se menciona: la edad y la posición vital del acusado. Julio Iglesias no es un joven en activo con capacidad de réplica permanente. Es un hombre anciano, apartado de la vida pública, sometido a una condena mediática inmediata frente a la que apenas puede defenderse.
No es un caso aislado. Ocurrió con Plácido Domingo. Ocurrió con Juan Carlos I. La llamada pena del telediario no es una metáfora: es una condena real, irreversible, que se ejecuta antes del juicio.
Y cuando —en algunos casos— la justicia acaba desmontando el relato, nadie devuelve los años perdidos, la carrera arruinada ni el honor destruido. La absolución llega tarde; el daño llega siempre a tiempo.
En la cultura del “por si acaso”, la absolución no repara: solo llega a certificar que el castigo social ya se consumó.
Montaje mediático y denuncias inducidas
Aquí conviene introducir una distinción esencial que se está borrando deliberadamente: cuestionar el montaje mediático no equivale a negar una investigación judicial ni a defender la inocencia de nadie.
La investigación que da origen a todo el episodio procede de elDiario.es, dirigido por Ignacio Escolar, un periodista de línea editorial conocida, militante y abiertamente alineada con un determinado espacio ideológico.
Ese dato no invalida por sí mismo una investigación, pero sí obliga a extremar la prudencia cuando el impacto mediático es inmediato y total, y cuando el relato se presenta ya cerrado, completo y moralmente resuelto.
Lo que se observa en este caso es un relato construido de antemano, impulsado por un medio con línea editorial militante como elDiario.es, dirigido por Ignacio Escolar.
Ese dato no invalida automáticamente una investigación, pero sí obliga a extremar la cautela cuando el caso aparece ya cerrado moralmente desde el primer titular.
Se habla insistentemente de mujeres de “baja extracción social”, forzadas por una asimetría absoluta de poder. Sin embargo, una de las denunciantes es fisioterapeuta, una profesional cualificada, que trabajaba en entornos internacionales como Dominicana o Bahamas.
Ese detalle no niega nada, pero rompe el molde victimista uniforme que el feminismo administrado necesita para movilizar el caso sin fisuras.
En el ámbito jurídico, este tipo de denuncias mediáticamente inducidas o amplificadas suelen tener poco recorrido procesal. No por insensibilidad judicial, sino porque el Derecho exige pruebas, contradicción y tiempos largos. Justo lo contrario de lo que necesita el espectáculo.
Doble rasero y tinta de calamar
Nada de esto ocurre en el vacío. El contexto político importa. Y el contexto actual está marcado por escándalos graves de acosos sexuales, abusos y corrupción en el entorno del PSOE, muchos de ellos silenciados, amortiguados o directamente no tramitados.
En ese escenario, un caso mucho más llamativo, con un personaje universalmente conocido, anciano y simbólicamente rentable, funciona como tinta de calamar. Desplaza el foco, permite exhibir virtud y severidad moral, y reordena el tablero mediático. Aunque más tarde el relato se desmorone, el objetivo ya se habrá cumplido.
A ello se suma un doble rasero estructural: dureza extrema con el adversario simbólico, indulgencia o silencio cuando los comportamientos afectan al propio espacio ideológico. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de honestidad moral.
La posición de Asturias Liberal
En Asturias Liberal no vamos a absolver iconos ni a dictar sentencias desde una redacción. Pero tampoco vamos a aceptar que el gesto sustituya al proceso, que la fama se convierta en presunción de culpabilidad, que la vejez implique indefensión, ni que el feminismo administrado desde una ideología oficial se utilice como herramienta selectiva de poder.
Si los hechos se prueban, que actúe la justicia con todo el rigor. Si no se prueban, el daño ya estará hecho… y nadie responderá por él.
Lamentamos que el ruido intetesado forme parte del circo español. Pero ya que está ahí, vamos a desbrozarlo. Sin Estado de derecho no hay protección real para nadie: ni para los acusados, ni para las víctimas. Solo hay espectáculo.
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