Imagen de portada: pirámide de responsabilidades en el caso Cerredo
Este artículo se acompaña del Mapa Narrativo de Responsabilidades – Caso Cerredo–Tormaleo (2022–2025), presentado íntegramente al final.
I. De la mina al sistema
Cerredo no fue un accidente, sino una secuencia perfectamente previsible.
Desde 2022, los informes alertaban de actividad extractiva ilegal, maquinaria defectuosa y fraude en permisos.
Todo quedó registrado. Nadie actuó. Dos años después, cinco mineros murieron exactamente por lo advertido.
El carbón dejó de ser recurso para convertirse en coartada.
Empresas sin solvencia, funcionarios complacientes y políticos aferrados al relato de la “transición justa” formaron un engranaje letal.
-Lo que debía cerrarse se reabrió;
-lo que debía restaurarse se explotó;
-lo que debía controlarse se archivó.
Así funciona un sistema cuando la negligencia se eleva a método.
II. La cadena política de la irresponsabilidad
Nieves Roqueñí prohibió la extracción en 2023, pero autorizó una “prueba industrial” un año después.
- -¿Fue un cambio técnico o político?
- -¿Y si fue político, a quién sirvió más: al Principado o a los mismos que ya habían incumplido la ley?
Belarmina Díaz heredó el problema y dimitió tras la tragedia.
- -¿En qué momento creyó que el riesgo era ajeno, si lo firmó como propio al mantener la actividad?
- -¿Puede un consejero dimitir por vergüenza… sin antes decir la verdad?
Y Adrián Barbón no ordenó auditoría ni depuración alguna.
- -¿Por qué no ordenó una sola investigación interna después de dos accidentes mortales?
- -¿Temía lo que podía encontrar o prefería no tener que fingir sorpresa?
El nivel técnico tampoco falló por azar.
Las inspecciones eran decorativas; los informes, papel mojado; los permisos, un idioma inventado para convertir la ilegalidad en trámite.
Bajo la dirección de Fernando Berjano, la estructura administrativa se convirtió en un muro de contención burocrático: sabía, registraba y certificaba.
El propio Berjano habló de “perplejidad” para describir la falta de coordinación entre técnicos y jueces.
No hubo vacío institucional, sino ocupación del vacío moral.
Y eso, en democracia, es mucho peor.
III. La enseñanza del carbón
Cerredo revela lo que sucede cuando la administración se convierte en su propio cliente.
Cada nivel encubre al siguiente, y la culpa se disuelve como polvo negro en el aire.
El empresario se enriquece, el político disimula, el técnico firma, el sindical lamenta y el juez llega tarde.
El resultado no es una tragedia: es un modelo operativo.
Si la Administración calla ante la evidencia, deja de ser garante y se convierte en cómplice.
MAPA NARRATIVO DE RESPONSABILIDADES – CASO CERREDO–TORMALEO (2022–2025)
I. Nivel Empresarial
Actores principales:
Jesús Manuel Rodríguez Morán (control real de Blue Solving, Carbones La Vega, Cristal Mining).
Empresas implicadas: Blue Solving S.L., Carbones La Vega S.L.U., COMBAYL/Convail, Cristal Mining S.L.
Responsabilidad estructural:
Utilización de sociedades pantalla para continuar extrayendo carbón pese a las prohibiciones.
Permisos de investigación o restauración empleados como tapadera para explotar.
Explotaciones sin ventilación adecuada, sin planes de labores, sin fianzas y con maquinaria defectuosa.
Impago de salarios y falsificación documental en nóminas y cotizaciones.
Envío de muestras falsas al INCAR para aparentar actividad científica.
Posible fraude en subvenciones a través del Instituto para la Transición Justa.
“Explotaban carbón de manera totalmente ilegal… y ni siquiera pagaron a los heridos.” — Luis J. Vázquez
Indicadores de dolo o negligencia grave:
Accidente de 2022: un muerto.
Accidente de 2025: cinco muertos.
Actividades repetidas bajo las mismas estructuras familiares y el mismo modus operandi.
Resultado:
Una empresa sin solvencia ni escrúpulos, tolerada por la inacción de la administración y amparada en lagunas normativas.
II. Nivel Administrativo-Técnico
Actores principales:
Dirección General de Energía y Minería del Principado (bajo Fernando Berjano), Servicio de Seguridad Minera, actuarios e inspectores técnicos.
Responsabilidad funcional:
Inspecciones insuficientes o inexistentes —ocho meses sin revisión antes del accidente de 2025—.
Tolerancia activa: se conocían irregularidades en 2022 y 2023, pero se siguieron autorizando permisos.
Informes previos ignorados: el Acta de Seguridad Minera de 2022 describía “actividad extractiva no autorizada”.
El agente Carral documentó movimientos ilegales de carbón.
Tras el accidente de 2022, no se produjo cierre definitivo.
“Era moral y legalmente imposible que la última revisión fuese ocho meses antes del accidente.” — L. J. Vázquez
“Perplejidad”, en palabras del propio Berjano, describe el colapso de coordinación institucional tras el siniestro.
Mecanismo de cobertura:
Conversión de minas clausuradas en “proyectos de investigación” para justificar actividad.
Permisos redactados con lenguaje ambivalente: “autorización de prueba industrial”.
Resultado:
Una administración que sabía y permitió, degradando sus funciones técnicas a meros trámites de validación política.
III. Nivel Político
Actores principales:
Nieves Roqueñí Gutiérrez, Belarmina Díaz Aguado y Adrián Barbón.
Responsabilidad decisional:
Roqueñí prohibió la extracción en 2023, pero la autorizó de nuevo en 2024 bajo otro formato.
Belarmina Díaz heredó la mina, sufrió el accidente y dimitió el 15 de abril de 2025.
Barbón mantuvo el discurso de la “transición justa” sin ordenar auditorías ni depuración de responsabilidades.
“Cinco muertos y una muerte reputacional del sector. Eso ya lo dice todo.” — L. J. Vázquez
Resultado:
Una cadena política donde cada titular heredó un problema y lo gestionó como ajeno.
IV. Nivel Sindical y Laboral
Actores principales:
Roberto Mallada Morán (CCOO) y Luis Javier Vázquez López (CCOO / ex-UNOSA).
Responsabilidad y denuncia:
Ambos denunciaron el vacío sindical en las minas pequeñas, sin representación ni control efectivo.
La Comisión de Seguridad Minera se limitaba a funciones consultivas.
Los sindicatos reclamaron recuperar competencias preventivas del antiguo Servicio de Seguridad Minera.
“Volvimos a los chamizos de los años sesenta.” — R. Mallada
Resultado:
Los sindicatos perdieron capacidad de control preventivo, pero ganaron autoridad moral como testigos del deterioro del sistema.
V. Nivel Judicial y Fiscal
Actores principales:
Fiscalía Provincial de Asturias, PROMINING S.A. (Miguel Faustino Martínez Miguélez), Guardia Civil y el agente del Medio Natural José Manuel Carral.
Actuaciones:
PROMINING presentó tres denuncias consecutivas en abril de 2025: explotación ilegal y fraude subvencional, falta de ventilación, y fraude ambiental en Tormaleo.
La Fiscalía abrió diligencias preliminares y coordinó con la Guardia Civil.
Carral, testigo técnico, confirmó que había alertado en 2022.
Resultado:
La vía judicial entró tarde, pero con pruebas sólidas —documentos oficiales, ortofotos y actas administrativas—.
El caso se configura como una macrocausa penal, ambiental y administrativa.
VI. Convergencia
Síntesis:
Cerredo y Tormaleo no fueron un accidente industrial, sino el producto de un ecosistema donde la ilegalidad se normalizó como rutina y la negligencia se repartió entre todos los niveles del poder minero asturiano.
VIDEOS DE LAS COMPARECENCIAS:
Comparecencia de Roberto Mallada
Comparecencia de Luis Javier Vázquez
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED