De Cerredo a Vega de Rengos: la suspensión y la reapertura
Tras la tragedia de Cerredo, donde murieron cinco mineros en una explotación sin permiso de extracción en regla, el Principado reaccionó como un organismo quemado: suspensión cautelar inmediata de la actividad de TYC Narcea en Vega de Rengos. Tenía sentido. El mensaje era claro: se revisa todo y no se mueve una piedra sin autorización.
Pero esa suspensión cautelar fue seguida, semanas después, por una reapertura rápida.
Los trabajadores de Vega de Rengos presionaron para retomar la actividad cuanto antes y el Gobierno regional respondió levantando la suspensión.
El detalle crítico es éste: todo indica que el levantamiento no conllevó una modificación efectiva de las condiciones técnicas bajo las que se trabajaba.
Se reanudó la actividad, sí, pero bajo el mismo tipo de permiso y el mismo marco técnico previo.
Permiso de investigación y concesión de explotación: investigar no es explotar
El núcleo del problema está en una distinción que rara vez se explica al público: no es lo mismo un permiso de investigación que una concesión de explotación.
En el régimen minero español, regido por la Ley 22/1973, de Minas y su Reglamento (Real Decreto 2857/1978), la diferencia es estructural:
- •Permiso de investigación: sirve para localizar y evaluar un recurso. Sondeos, galerías de reconocimiento, ensayos, cartografía básica. Su finalidad es demostrar si merece la pena explotar o no. En el Principado, estos permisos se tramitan conforme al procedimiento oficial de concesión de permisos de investigación de recursos minerales de las secciones C y D, normalmente por tres años prorrogables.
- •Concesión de explotación: sirve para extraer y aprovechar económicamente el recurso, de forma continuada y a largo plazo. En Asturias, la propia Administración autonómica explica que la concesión directa de explotación puede otorgarse por 30 años prorrogables hasta 90, con obligaciones mucho más estrictas en materia de seguridad, planes de labores y restauración.
Traducido a la práctica: un permiso de investigación es más rápido y menos exigente, mientras que una concesión de explotación exige un plan de explotación completo, estudios geotécnicos detallados, un plan anual de labores y garantías económicas y ambientales de otro nivel. La explotación real requiere otro tipo de modelo técnico y de control.
El incentivo perverso: pedir el permiso fácil para hacer lo difícil
Cuando el permiso blando permite, en la práctica, tareas que se parecen demasiado a una explotación, el sistema genera un incentivo perverso:
pedir lo rápidamente concedible (investigación) para acabar haciendo lo que exigiría un título mucho más duro (explotación).
En expresiones generales, distintos análisis sobre derecho minero remarcan esta lógica: el permiso de investigación es un paso previo, pensado para “explorar”; la concesión de explotación exige acreditar que el recurso es aprovechable y someterse a un marco más pesado de seguridad, impacto ambiental y control.
Esa misma estructura se recoge también en las guías técnicas y explicativas de la propia Administración central, como el Registro Minero de MITECO, donde se diferencia con claridad entre títulos de investigación y de explotación.
Si una empresa opera en la práctica con ritmo de explotación bajo un permiso pensado para investigar, la asimetría no es solo teórica pues se traduce en:
- •menor densidad de controles,
- •menor profundidad de la modelización geotécnica
- •y un horizonte temporal diseñado para trabajos limitados, no para una explotación sostenida a kilómetro y medio de profundidad.
La variable geológica: lo que el papel no rebaja
Por supuesto, un fallo geológico es siempre posible. La montaña no es un bloque homogéneo: hay fallas, zonas de debilidad, bolsas de agua, fracturación intensa, subsidencias. Nadie serio elimina esta variable del análisis. Pero la cuestión clave no es si la geología puede fallar, sino cómo obliga cada tipo de permiso a prever, modelizar y mitigar ese fallo.
Un permiso de investigación exige caracterizar el terreno para trabajos de reconocimiento: sondeos, galerías cortas, estudios preliminares.
Una concesión de explotación, en cambio, obliga a diseñar y calcular la estabilidad de rampas, galerías y sostenimientos a medio y largo plazo, a analizar la evolución del macizo con el avance de las labores y a actualizar planes de seguridad y ventilación en función del uso real.
Si la actividad material es de explotación pero el título formal es de investigación, entonces la geología deja de ser solo una fatalidad natural y pasa a ser un riesgo insuficientemente gestionado.
El terreno puede fallar siempre, sí, pero no de la misma manera cuando el diseño técnico y la supervisión se han hecho pensando en una investigación limitada que cuando se han hecho pensando en una explotación a décadas vista.
La inspección de la víspera: “todo en regla” según qué regla
En Vega de Rengos se realizó, según las autoridades, una inspección el día anterior al derrumbe. Sobre el papel, eso suena a tranquilidad. Pero hay una pregunta que nadie formula en voz alta: ¿en función de qué título y de qué exigencias se inspeccionó esa mina?
Si la inspección se hizo aplicando los criterios propios de un permiso de investigación, es razonable pensar que no se haya evaluado con la misma profundidad la estabilidad a largo plazo de la rampa principal, la fatiga del macizo o la interacción entre galerías y frentes activos.
Todo podía estar “en regla” según ese permiso blando y, sin embargo, no estar a la altura del riesgo real de una explotación continuada.
Ahí es donde la frase oficial de que “estaba todo en regla” pierde peso: la regla cambia según el permiso, pero la montaña no cambia según el papel.
El esquema de investigación de AL, aplicado: estructura, incentivos y terreno
Si aplicamos un análisis estructurado, no emocional, la secuencia es clara:
- Hechos: permiso de investigación, suspensión tras Cerredo, levantamiento rápido sin grandes cambios visibles, inspección previa, derrumbe en una zona estructural de la mina.
- Incentivos: la empresa tiene incentivos para producir y demostrar viabilidad; los trabajadores para reabrir cuanto antes; el Gobierno regional para combinar imagen de rigor (suspensión) con normalidad (reapertura); la Delegación del Gobierno para ofrecer un mensaje plano y tranquilizador.
- Variable geológica: siempre presente, pero gestionada con menos profundidad si el título jurídico no obliga a modelizar el macizo como lo que de facto ya es: una explotación.
En este contexto, el derrumbe deja de ser una “sorpresa” y se parece más a la consecuencia de un sistema que, tras Cerredo, optó por apagar el fuego con una suspensión general y luego reabrir en Vega de Rengos apoyándose en el mismo tipo de permiso blando.
Cerredo y Vega de Rengos: dos minas, una misma estructura de fondo
Cerredo fue la mina sin permiso de explotación. Vega de Rengos puede terminar siendo la mina con el permiso insuficiente, si se confirma que se trabajaba con intensidad de explotación bajo un régimen jurídico pensado para investigar.
El patrón que empieza a dibujarse es inquietante: un sistema que permite, tolera o incluso fomenta que se avance más rápido sobre el terreno que sobre el papel. Primero llega la actividad, luego el título adecuado. Y entre medias, los mineros.
En ese marco, la pregunta decisiva no es si el derrumbe de Vega de Rengos tiene una componente geológica —la tiene siempre—, sino si el tipo de permiso, el nivel de exigencia técnica y la forma de supervisión eran los que corresponden a la actividad real que se estaba desarrollando allí abajo.
Investigar no es explotar. Si el sistema se acostumbra a confundir ambas cosas, la estadística terminará cobrando su precio en forma de accidentes “imprevisibles” que, vistos con algo de distancia, no lo eran tanto.
El problema no está solo en las piedras, sino en el papel. Y mientras el papel siga rebajando lo que la montaña no perdona, Asturias seguirá viviendo tragedias que se etiquetan como mala suerte cuando en realidad son consecuencia de un diseño institucional que deja demasiado espacio a la ambigüedad.
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