Fotografía de portada: momento de la incautación de un petrolero venezolano por fuerzas especiales de los EE.UU.
La doctrina de la “guerra indirecta” y el objetivo sistémico de desmantelar el conglomerado narco-terrorista
Por Hugo Mena Keymer, PhD Economía
Serie basada en el estudio “Venezuela: un caso inédito en la historia con implicaciones regionales”. Cuarta entrega.
Estudio completo: VENEZUELA (por Hugo Mena K.)
No se trata —desde la perspectiva estadounidense— de invadir un país para apropiarse de su territorio, sino de intervenir contra un conglomerado criminal transnacional que secuestra el Estado venezolano y amenaza la seguridad nacional de EE. UU.
En la tercera entrega explicamos por qué el régimen venezolano es estructuralmente perenne: no puede abandonar el poder sin exponerse a pérdidas económicas colosales y a responsabilidades penales potencialmente terminales. Esta conclusión conduce, inevitablemente, a la pregunta decisiva: si no hay salida pacífica viable, ¿qué fuerza puede romper el cerrojo?
Hugo Mena Keymer sostiene que el escenario actual apunta a una intervención militar inminente de Estados Unidos. Y subraya algo que suele perderse en el ruido propagandístico: para comprender esa intervención hay que analizarla como una moneda con dos caras.
- •La primera cara es el interés de seguridad nacional de EE. UU.
- •La segunda, el efecto colateral —para Venezuela— de remover del poder a un conglomerado criminal que ha cancelado toda vía institucional de alternancia.
1) Trump, Venezuela y la lógica utilitaria
El autor parte de un diagnóstico político: Donald Trump no es, en su análisis, un demócrata “convencido” en clave doctrinal. Supedita valores occidentales —libertad, democracia— a intereses de seguridad y a cálculos nacionalistas. Esto no es un juicio moral; es una guía para inferir decisiones.
Por tanto, la intervención no debe leerse como “misión redentora”, sino como autodefensa frente a una amenaza que Washington considera directa, sostenida y transnacional.
Si además coincide con el anhelo de libertad de una sociedad —el pueblo venezolano—, ello aparece en la lógica descrita como efecto colateral positivo, no como móvil principal.
2) “Guerra indirecta”: el concepto que reordena el tablero jurídico
Mena introduce un punto técnico central: la noción de “guerra indirecta”, que no es plenamente compatible con la definición clásica de “guerra” en la Carta de la ONU y en el Derecho Internacional Público tradicional.
La definición clásica presupone Estados, ejércitos regulares y objetivos de confiscación territorial. Pero el siglo XXI opera —cada vez más— por intermediarios: milicias, crimen organizado, terrorismo, sabotaje, narcotráfico y desestabilización social.
En ese contexto, Estados Unidos emplea un concepto ampliado: hay “guerra indirecta” cuando un Estado atenta contra la seguridad nacional de otro mediante grupos irregulares o por medios equivalentes, sin necesidad de invasión territorial.
La consecuencia es delicada: al sustituirse el móvil territorial por el de “amenaza a la seguridad nacional”, el margen de interpretación del Estado afectado introduce un componente de subjetividad estratégica.
Con ese marco, sostiene el autor, EE. UU. argumenta que enfrenta una amenaza narcoterrorista transnacional instalada en Venezuela, y que la respuesta —militar— se entiende como autodefensa reactiva.
3) No “regime change”: el cambio ya ocurrió (28 de julio de 2024)
Un matiz decisivo del estudio: para el autor, desde la perspectiva estadounidense no se trata de provocar un “regime change” en el sentido anglosajón del término, porque el cambio político ya se produjo el 28 de julio de 2024. Lo que ocurre después es un atropello armado de la soberanía popular: un poder de facto que se aferra al Estado por la fuerza.
En esa lógica, EE. UU. no reconoce a Maduro como Jefe de Estado y concibe el objetivo como un subconjunto acotado de la población: el conglomerado criminal que secuestra el Estado.
Esta distinción —Venezuela no es el objetivo; el objetivo es el conglomerado— es central en el relato del autor.
4) Invasión vs intervención: el objetivo no es el territorio
El estudio insiste en separar conceptos. Una invasión busca apropiación territorial. Una intervención busca neutralizar objetivos específicos —personas, estructuras, capacidades— sin objetivo de anexión.
Bajo ese enfoque, la operación tendría como finalidad desmantelar un sistema narcoterrorista transnacional y capturar a sus líderes para ser juzgados.
El objetivo es sistémico: no basta con “cambiar una cara”, porque el problema es una red.
5) Las seis razones de seguridad nacional que, según el estudio, activan la intervención
Mena enumera seis elementos que fundamentan la posición estadounidense:
- El Cartel de los Soles: una red de carteles vinculada a la cúpula del régimen que habría utilizado a Venezuela como plataforma de intermediación y procesamiento de cocaína, con exportación aérea, marítima y terrestre. El estudio menciona ingresos millonarios asociados al narcotráfico.
- El Tren de Aragua: una exportación deliberada de crimen organizado con presencia en múltiples países y en varios estados de EE. UU., implicado en asesinatos, secuestros, narcotráfico y trata de personas.
- Injerencia política regional: financiación de candidaturas afines mediante recursos ilícitos para ampliar influencia y desestabilizar democracias.
- Amparo territorial a grupos narco-terroristas extranjeros (ELN, ex FARC, Hezbollah, Hamás), con control de alrededor de un tercio del territorio venezolano y financiamiento mediante narcotráfico y minerales.
- Alianza operativa con Irán: pasaportes falsos a terroristas, presencia tecnológica/militar, y provisión de minerales estratégicos a cambio de armas, con implicaciones de proliferación y riesgo global.
- Impacto migratorio y documental: crisis humanitaria masiva que impulsa migración forzada, presión sobre servicios públicos en EE. UU. y desconfianza en documentos emitidos por el régimen (antecedentes penales “impolutos” en detenidos vinculados a redes criminales).
Estos elementos, combinados, sostienen la tesis del autor: no se trata de una disputa diplomática convencional, sino de una amenaza transnacional que EE. UU. considera equivalente a una forma de agresión indirecta.
6) Objetivo sistémico y lista de estructuras a neutralizar
El estudio afirma que el objetivo no se limita a figuras individuales (Maduro, Cabello, Padrino López y la cúpula inmediata), sino a desmantelar un conjunto de estructuras: Cartel de los Soles, Tren de Aragua, grupos terroristas extranjeros asentados en territorio venezolano, aparatos paramilitares y represivos adscritos al régimen, apoyos de inteligencia externa y cualquier otro grupo civil armado relevante.
La idea es clara: si el régimen es una red, la respuesta se diseña para romper la red. El “cambio de nombres” no basta; se necesita neutralización de capacidades.
7) Restricciones autoimpuestas: precisión, presos políticos y captura con vida
Otro punto clave del texto: el Gobierno de EE. UU. se habría autoimpuesto restricciones operativas. Entre ellas:
- •minimizar bajas y efectos colaterales mediante alta precisión tecnológica;
- •liberar presos políticos (incluyendo la dificultad de cárceles clandestinas);
- •resguardar la seguridad de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González;
- •y priorizar la captura con vida de cabecillas para llevarlos a juicio en cortes estadounidenses.
Estas restricciones implican, según el análisis, que la intervención no sería solo aérea o a distancia: requeriría componentes en tierra en zonas específicas, con operaciones focalizadas.
8) La segunda cara: el interés del pueblo venezolano
La otra cara de la moneda es Venezuela. Si el objetivo estadounidense es la autodefensa, el efecto interno es un cambio radical congruente con las aspiraciones de libertad y democracia de la inmensa mayoría de la población, y con el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024.
En la lógica expuesta por Mena, esta convergencia es políticamente relevante porque facilita apoyo social interno.
Cuando más del 95% de la población desea que el régimen salga “como sea”, la operación encuentra un terreno social distinto al de una intervención contra un país hostil en bloque.
Puente hacia la quinta entrega: la justificación desde la oposición
La pregunta final no es menor: incluso si Washington invoca autodefensa,
- •¿cómo se justifica —desde la perspectiva venezolana— una intervención armada?
- •¿Qué legitimidad invoca la oposición?
- •¿Qué papel juegan los derechos humanos, la autodefensa y la “Responsabilidad de Proteger”?
En la próxima entrega, Hugo Mena aborda precisamente la justificación de la intervención desde el punto de vista de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, y el marco moral y jurídico que sostiene que, ante un Estado criminal que practica terrorismo de Estado, la sociedad puede legítimamente solicitar ayuda externa para defender su existencia.
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Sobre el autor: trayectoria profesional de Hugo Mena Keymer
Hugo Mena Keymer cuenta con cerca de 40 años de actividad profesional. Sus primeros seis años los desarrolló en el Banco Central de Chile, institución que le otorgó la beca con la que obtuvo el Máster y el PhD en Economía.Los siguientes 25 años los ha dedicado a la academia en jornada completa en Chile, Estados Unidos y México. Ha ejercido cargos de alta gestión y administración universitaria, entre ellos: Rector, Vicerrector Académico y Decano de Facultad de Economía y Negocios.Su labor docente se ha centrado en economía y calidad educativa, desarrollando proyectos de mejora basados en su enfoque de “micro pedagogía disciplinar focalizada”, que él considera el método más eficaz para elevar los estándares de aprendizaje.Entre sus áreas de especialización destacan la evaluación de currículums, la gestión de cambio estructural, la formación académica y el diseño de políticas de mejoramiento institucional.Actualmente mantiene una activa trayectoria como consultor y como analista en temas económicos y político-institucionales