La defensa de lo indefendible suele apoyarse en una palabra mágica: indicio.
Es indicio, se dice, lo que aún no ha sido probado con carácter firme.
Es indicio lo que no ha sido elevado por el juez instructor.
Es indicio —repetirán como un conjuro desde Moncloa— todo lo que aparece en los informes de la UCO y en los autos del Tribunal Supremo.
Pero esta vez no cuela. El auto del juez Ángel Luis Hurtado, de la Sala Segunda del Supremo, y el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil coinciden palabra por palabra, línea por línea y hora por hora. La secuencia es sólida. El relato, robusto. La cadena de mensajes, comprobada. Y el protagonista central, señalado con precisión: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Ambas fuentes —la judicial y la policial— relatan lo mismo:
- -Que la documentación reservada sobre la denuncia por dos delitos fiscales contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue filtrada a la prensa antes de ser notificada al abogado del investigado.
- -Que la fiscal Pilar Rodríguez Fernández y el teniente fiscal Diego Villafañe participaron activamente en la operación.
- Que García Ortiz, lejos de limitarse a mirar, ordenó, coordinó, y exigió que le mandaran todo a su cuenta de Gmail “para cerrar el círculo”.
- -Que esa información, minutos después, aparecía en la web de la Cadena SER.
No estamos ante meros indicios. Estamos ante hechos verificados, cruzados y trazados digitalmente.
Una defensa sin futuro: cuando todo se puede decir, pero no todo se puede sostener
Hay un momento en el que el derecho penal y la política se rozan. Es la fase de instrucción. Aquí aún todo puede relativizarse. Aquí aún puede el gobierno lanzar a Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez, a descalificar al magistrado Hurtado en lugar de responder a los hechos.
El problema es que la línea argumental que el sanchismo ha elegido tiene poca vida útil. ¿Por qué? Porque lo que hoy es imputación provisional —como lo es para Pilar Rodríguez—, mañana lo será previsible y formalmente para el propio Fiscal General.
Y entonces no bastará con decir “es un ataque judicial”, ni con rasgarse las vestiduras por el uso de la palabra “filtración”. Lo que se investiga no es una interpretación política: es un delito: Revelación de secretos (art. 417 CP).
Y cuando ese delito se vincula a la Fiscalía General del Estado, deja de ser un asunto más del tablero mediático para convertirse en una grieta institucional.
El relato alternativo se hundirá cuando lo diga el Supremo. Y todo indica que lo dirá.
Un Fiscal General imputado no puede seguir ni un día más
La democracia constitucional se apoya en una serie de pilares simbólicos. Uno de ellos es la integridad funcional del Ministerio Público. La sola idea de que el máximo representante de la acusación pública pueda estar procesado por haber revelado información reservada con fines políticos o comunicativos es, sencillamente, incompatible con ese pilar.
-¿Puede un Fiscal General estar imputado por divulgar documentación reservada y seguir compareciendo como autoridad en sede parlamentaria?
-¿Puede dirigir la acción penal contra otros ciudadanos mientras él mismo está bajo investigación por uno de los delitos más graves para un cargo público?
La lógica institucional se resquebraja si no dimite. El problema no es solo jurídico. Es simbólico. Es institucional. Es de legitimidad.
Y la pregunta retumba con fuerza: ¿por qué si cualquier fiscal estaría cesado por mucho menos, el señor García Ortiz sigue en su despacho como si nada?
El privilegio de no caer: ¿quién protege a García Ortiz?
Lo que en cualquier fiscalía provincial o en cualquier juzgado de instrucción implicaría una suspensión inmediata, en el caso del Fiscal General del Estado se convierte en un callejón sin salida.
- -Porque si cae García Ortiz, cae también la operación política que lo nombró, lo mantuvo y lo utilizó.
- -Porque si dimite el Fiscal General, el relato de que todo esto es una cacería judicial se deshace como un azucarillo.
- -Porque si se admite que existió una filtración orquestada, entonces hay que responder a la siguiente pregunta:¿quién pidió, desde Moncloa, que ese material llegara a manos de un portavoz parlamentario del PSOE?
Y esa pregunta, de momento, nadie quiere contestarla.
-No Óscar López, que prefiere insultar al juez.
-No el propio García Ortiz, que recurre al silencio institucional.
-No Pedro Sánchez, que juega a proteger al cargo como si fuera una pieza menor.
Pero no lo es.
Porque si cae el fiscal, cae el escudo que separa la política del derecho penal.
El cierre del círculo
Las piezas encajan. La UCO traza la línea digital. El juez Hurtado delimita las responsabilidades.Y la política, mientras tanto, sigue intentando hacernos creer que todo es un indicio borroso, un titular malintencionado o una caza de brujas.
Pero el círculo se cierra. Y cuando lo hace, ya no hay relato alternativo que lo contenga. Porque lo que se ha roto no es un protocolo. Es la confianza pública en que los fiscales no filtran, no conspiran y no obedecen a ningún otro poder que al de la ley.
AUTO DEL JUEZ Y ENLACES RELACIONADOS:
📁 Investigación de la UCO. Agentes de la UCO ratifican el análisis de los mensajes que atribuyen a García Ortiz un papel “preeminente” en la filtración
Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado en el Tribunal Supremo y han confirmado su informe pericial. En él describen cómo analizaron el móvil de Pilar Rodríguez y concluyeron que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo una “participación preeminente” en la filtración de datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El análisis cronológico de WhatsApp y correos muestra que la Fiscalía General fue el origen de las filtraciones a la prensa
⚖️ Auto del magistrado HurtadoTítulo: El magistrado instructor del Tribunal Supremo dicta auto de procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado y el fiscal provincial de Madrid por delito de revelación de secretos
El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa especial 20557/2024, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, basándose en indicios sólidos para imputar tanto a García Ortiz como a Pilar Rodríguez Fernández. El auto destaca que el Fiscal General intervino en la filtración de un correo confidencial sobre Alberto González Amador y que, por tanto, existen indicios fundados de un delito contra la revelación de secretos (art. 417 CP) .
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED