La mina que mató dos veces no es solo una tragedia laboral: es el síntoma de un fallo estructural del Estado autonómico en Asturias, donde la inspección no inspecciona, los informes se diluyen y las licencias se prometen sin estar ni siquiera pedidas.
A veces un testimonio no basta para entender un caso; basta para iluminar una estructura entera. Eso es lo que ha logrado el trabajo de Vicente Montes, toda una muestra de periodismo de investigación serio. Su exclusiva —el relato crudo, detallado y honesto de Enrique Ramón, minero amputado en 2022 y testigo privilegiado del funcionamiento de una mina ilegal en Degaña— no es solo una historia humana. Es un espejo político del Principado.
Y es precisamente ahí donde Asturias Liberal entra en juego: donde el relato periodístico termina, empieza el deber de análisis institucional. Porque lo que Enrique describe no es una secuencia de infortunios. Es una trama de inspecciones a medias, avisos que no se atienden, licencias que nunca se solicitaron pero alguien daba por hechas, expedientes incompletos y una administración que siempre llega tarde: cuando ya hay muertos.
La mina no mató dos veces; la mataron dos veces.
Si un superviviente pone fechas, nombres y cargos sobre la mesa, el problema deja de ser “técnico”: se convierte en un asunto de responsabilidad política y jurídica.
1. Una actividad ilegal que todos conocían… ¿y que el Principado no vio?
Según el testimonio de Enrique, desde 2021 se preparaba el sexto piso para la extracción subterránea de carbón sin licencia: se llevaba madera para postear, se abría una chimenea, se saneaban galerías, se organizaban turnos nocturnos y salían diariamente viajes de carbón. No hablamos de tres paladas a escondidas; hablamos de una operación industrial continuada.
Y sin embargo:
- •no hubo expediente sancionador,
- •no hubo paralización cautelar,
- •no hubo cierre preventivo,
- •no hubo revisión de permisos,
- •no hubo constancia pública de irregularidades graves.
Primera pregunta institucional: ¿cómo es posible que la Dirección General de Minas, máxima responsable en materia de permisos, vigilancia y sanciones, no detectase una actividad que conocían trabajadores, vecinos y compradores? ¿Y qué hizo, o dejó de hacer, el Servicio de Inspección Minera? Aquí ya no hablamos de sospechas: hablamos de omisiones técnicas y políticas.
2. Inspecciones: el testimonio dice “varias”, el expediente dice “una”
Éste es uno de los puntos más delicados que hay que subrayan quienes revisaron el expediente. Enrique sostiene que hubo al menos tres visitas de inspectores. La documentación del Principado solo refleja un acta de inspección.
Esa discrepancia no es un matiz menor: exige explicaciones inmediatas del Gobierno regional.
Las posibilidades inquietan:
- •¿Hubo inspecciones no documentadas? Sería gravísimo: una inspección sin acta es una inspección sin control legal.
- •¿Hubo visitas informales de personal técnico que no registró lo que vio? Si cualquier funcionario observa indicios de actividad ilegal, tiene la obligación de actuar.
- •¿Enrique llama “inspección” a visitas de otros perfiles públicos o técnicos? Incluso así, la cuestión sigue en pie: alguien pasó por allí y el sistema no reaccionó.
El propio testimonio describe además preavisos: “Esconderos, poneros a barrer”.
¿Quién avisaba de esas visitas? ¿Desde qué nivel de la Consejería? ¿Por qué los inspectores aceptaban un escenario previamente maquillado?
Si el superviviente recuerda varias visitas y el Principado solo reconoce una, lo mínimo que puede exigirse al Director General de Minas, al Jefe de Inspección Minera y al Consejero de Industria es una explicación clara de qué se hizo, qué se vio y qué se dejó de hacer.
Si la inspección se anuncia el día antes y se queda a media ladera, no es fiscalización: es una coreografía administrativa.
3. El informe ignorado del agente Carral: el sistema ya sabía
Antes del accidente de 2022, el agente de Medio Natural Carral detecta movimiento prohibido de maquinaria y camiones por pistas sin cobertura legal. Redacta un informe. Lo remite. Y ahí se pierde la pista.
Ese informe existió; su impacto en la realidad es lo que no aparece por ninguna parte.
Esto involucra al menos a tres niveles:
- •La Dirección General de Medio Natural, que recibe y tramita el informe.
- •La Consejería de Medio Rural, responsable política de la cadena de mando.
- •La Dirección General de Minas, que debía actuar de inmediato si fue informada.
Si el aviso llegó a Minas y no se actuó, el problema es de control político y técnico. Si no llegó, el problema es de circuito administrativo roto. En cualquier escenario, el Principado falló.
4. La “licencia inminente” que nunca se pidió
Otro dato que no cuadra, detectado al revisar el expediente, es éste: Enrique sostiene que el empresario les decía que tendría la licencia “para agosto, o como mucho septiembre”. Sin embargo, según ha comprobado Vicente, en la documentación no consta ninguna solicitud formal de licencia en esas fechas.
Este hecho abre tres escenarios explosivos:
- •El empresario esperaba una licencia sin haberla pedido. ¿Quién le transmitió internamente que “se lo arreglarían”? ¿Existían conversaciones informales dentro de Minas?
- •Se estaba buscando “una manera” administrativa de legalizar a posteriori lo que ya se hacía de facto. Es el viejo patrón asturiano de “primero hazlo, luego ya veremos cómo lo regularizamos”.
- •El empresario mintió a los trabajadores para justificar la extracción ilegal, mientras la administración miraba hacia otro lado.
En cualquiera de los casos, las preguntas son inevitables: ¿cómo se genera la expectativa de una licencia “inminente” si no existe solicitud en curso? ¿Qué sabía la Dirección General de Minas? ¿Qué conocía el Consejero de Industria? ¿Qué tipo de relaciones informales se toleran con determinados operadores mineros?
5. Declaraciones en 2022 que no activan ninguna reacción
Tras perder una pierna en el accidente de agosto de 2022, Enrique declara ante la Guardia Civil y ante la propia Dirección General de Minas. Describe:
- •la actividad ilegal del sexto piso,
- •los nombres de quienes trabajan dentro,
- •los turnos de extracción,
- •la maquinaria empleada,
- •la ruta del carbón y los destinos comerciales.
Es decir, proporciona a la administración toda la información necesaria para actuar. Y aun así:
- •no se decreta el cierre de la explotación,
- •no se realiza una inspección sorpresa integral,
- •no se abre un expediente sancionador contundente,
- •no se toman medidas drásticas para proteger a los trabajadores.
La responsabilidad de esta inacción recae directamente en la Dirección General de Minas y, por extensión, en el Consejero de Industria. Si en 2022 se hubiese actuado con la seriedad que exige un accidente mortal y una denuncia tan detallada, la tragedia de 2025 no habría ocurrido en las mismas condiciones. Ese es hoy el punto más incómodo de toda la cadena.
6. 2022: accidente mortal, encubrimiento y ausencia de reacción de fondo
El accidente de 2022 no fue una anécdota: fue una señal de alarma máxima. Un camión con 26 deficiencias, un trabajador muerto, otro mutilado, una llamada al 112 en la que un compañero afirma no ver “ningún vehículo” cuando un dúmper de diez metros yace destrozado, una mutua que intenta atribuir la culpa al herido con un parte manipulado, y un sindicalista del SOMA sugiriendo “arreglarlo por detrás”.
Ante un cuadro así, el Estado tiene procedimientos claros:
- •actuación inmediata de la Inspección de Trabajo,
- •revisión profunda por parte de Minas,
- •posible intervención de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral,
- •evaluación de responsabilidades empresariales y administrativas.
¿Qué se hizo realmente? Esa es la pregunta que deben responder el Director General de Trabajo, el Director Territorial de Inspección de Trabajo, la propia Dirección General de Minas y, en última instancia, el Gobierno del Principado. Porque lo que se hizo —o lo que no se hizo— dejó el camino despejado para que todo continuase igual.
Cuando un accidente mortal no cambia nada, el siguiente ya no puede llamarse “infortunio”: es el resultado previsible de una omisión institucional.
7. 2025: cinco muertos anunciados
La explosión de marzo de 2025, con cinco mineros muertos, no irrumpe en un vacío: llega tras años de avisos, informes, accidentes y testimonios. Según Enrique, varios de los fallecidos ya estaban en el sexto piso cuando él sufrió su accidente en 2022. Es decir, el patrón de explotación ilegal se mantuvo, con las mismas personas, en el mismo lugar.
Si en 2022 el Principado tenía sobre la mesa:
- •un accidente mortal,
- •un superviviente mutilado que declara,
- •un informe de Medio Natural,
- •indicios claros de actividad sin licencia,
y pese a ello no actuó con contundencia, la responsabilidad institucional de lo ocurrido en 2025 es, como mínimo, ineludible.
Conclusión: Asturias tiene derecho a saber quién falló, dónde y por qué
La exclusiva de Vicente Montes ha sacado la verdad de debajo del carbón. Ahora corresponde al Gobierno del Principado explicar lo que la administración no quiere explicar.
No estamos hablando solo de un empresario ni de una mina concreta. Hablamos de:
- •una inspección que no inspecciona,
- •una Dirección General de Minas que no reacciona,
- •unos informes internos que no producen efectos,
- •unas licencias “inminentes” sin solicitud registrada,
- •un sindicalismo que amortigua conflictos en vez de destaparlos,
- •y un Gobierno autonómico que aparece solo para gestionar las condolencias, nunca para asumir las causas.
La mina que mató dos veces no es solo una tragedia: es un síntoma. Y la enfermedad que revela es un modelo de gestión donde callar es más rentable que actuar y donde la vida de cinco trabajadores ha sido el precio de años de omisiones acumuladas.
Asturias no necesita un nuevo comunicado de circunstancias. Necesita nombres, fechas, decisiones y responsabilidades concretas. Y las necesita ya.
La tercera tragedia, si llega, ya no podrá explicarse por ignorancia, sino por cobardía institucional. Y eso sí sería imperdonable.
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Enlaces recomendados
- Artículo de Vicente Montes. Habla por primera vez el trabajador que sobrevivió al accidente de la mina
- Asturias Liberal –Cerredo y Tormaleo. Historia Negra de una mina que nunca cerró
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED