Asturias no pierde empresas porque las expulse directamente, sino porque no ofrece motivos suficientes para venir. La inversión no huye del Principado: simplemente pasa de largo.
El debate fiscal que este martes organiza La Nueva España ofrece una oportunidad poco frecuente: poner negro sobre blanco la pregunta que los empresarios llevan años formulando en privado. ¿Es Asturias un territorio fiscalmente competitivo para invertir, crecer o transmitir una empresa? La respuesta, a la luz de los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de las estadísticas oficiales de inversión extranjera directa, es sencilla: no.
El problema no es un impuesto: es la estructura
Asturias combina los tipos más altos de España en varios tributos decisivos para la actividad económica. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) alcanza en la práctica uno de los niveles más gravosos del país, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD) se sitúan entre el 8% y el 10%, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se mantiene muy cerca del máximo legal del 10% según los análisis del IEE (Instituto de Estudios Económicos) y de FADE (Federación Asturiana de Empresarios).
A ello se suman un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y un Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por encima de la media nacional en numerosos concejos, tal y como reflejan los estudios recientes sobre fiscalidad municipal en Asturias. El resultado es un entorno que encarece la inversión inicial, penaliza la compra de activos productivos, dificulta el relevo generacional y, en comparación con otras Comunidades Autónomas (CCAA), se vuelve estructuralmente poco atractivo.
Un territorio no compite solo con discursos, sino con su estructura de costes: y en Asturias, la estructura fiscal juega en contra.
Fiscalidad municipal: la batalla silenciosa
Los municipios asturianos añaden otra capa de dificultad. En el análisis de la recaudación local por habitante, elaborado a partir de los datos del IEE (Instituto de Estudios Económicos), se observa que la presión fiscal municipal en Asturias supera la media española, con un peso muy destacado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Concejos como Oviedo, Gijón o Avilés aplican tipos de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y coeficientes de IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) que sitúan sus recibos por encima de lo que pagan empresas equivalentes en otros territorios.
Mientras tanto, estudios sobre casos como el de Siero muestran que un municipio con una recaudación moderada por habitante y tipos de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) más bajos consigue aparecer como una isla de menor presión en un mar fiscal denso. Pero hoy por hoy, Asturias no dispone de un “municipio imán” claramente identificado que ofrezca un paquete fiscal y regulatorio capaz de atraer de forma sistemática nuevas implantaciones empresariales.
No existe hoy en Asturias un municipio que gane por goleada en competitividad fiscal. Y eso, en sí mismo, es un síntoma preocupante.
La empresa familiar: un capital que se nos escapa
La empresa familiar, que constituye más del 90% del tejido productivo, tampoco encuentra un entorno favorable. La combinación de un Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) elevado, unido a un marco normativo cambiante, genera un efecto muy concreto: miedo a planificar el relevo generacional. Muchas familias empresarias posponen decisiones estratégicas, congelan inversiones o estudian trasladar su residencia fiscal a otras Comunidades Autónomas (CCAA) donde el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) está bonificado prácticamente al 100%.
En paralelo, los datos de inversión extranjera directa recopilados por DataInvex y por el propio Principado muestran que Asturias es capaz de captar proyectos relevantes —especialmente en el sector energético—, pero la continuidad y consolidación de las empresas ya existentes se ve lastrada por un entorno que dificulta la transmisión ordenada de compañías familiares y la reinversión de beneficios en el propio territorio.
Burocracia + fiscalidad: la tormenta perfecta
La fiscalidad sería más llevadera si la región compensara con agilidad administrativa. Pero sucede justo lo contrario. Autorizaciones, licencias ambientales y trámites urbanísticos se acumulan sobre un esquema fiscal cargado: cada proyecto se enfrenta a un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) muy elevado, a Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) poco competitivo y a un Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que encarecen la compra de naves, solares o inmuebles productivos.
En un mundo donde las decisiones de inversión se toman en semanas, la combinación de plazos largos y altos impuestos se convierte en la tormenta perfecta: las inversiones más sensibles al tiempo y al coste se desvían hacia territorios con menor fricción fiscal y regulatoria, como muestran las comparativas recientes de captación de inversión en Galicia, Castilla y León o Cantabria.
¿Qué reforma tendría más impacto inmediato?
Los análisis disponibles convergen en un mismo diagnóstico: la reforma con mayor retorno económico inmediato para el Principado sería una reducción drástica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), hoy en niveles cercanos al máximo legal. Reducir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al entorno del 3–5% supondría un mensaje claro a cualquier industria o empresa logística que valore ampliar o instalar nuevas plantas en la región.
A esta medida deberían seguirle, de forma coordinada, un reajuste del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en las principales ciudades y una bonificación efectiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) para empresas familiares que mantengan actividad y empleo en Asturias. Con esos tres movimientos, Asturias pasaría de una posición fiscal defensiva a un marco de competencia real con el entorno, alineándose con las recomendaciones del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre competitividad fiscal autonómica.
No se trata de recaudar menos, sino de permitir que se genere más. La verdadera responsabilidad consiste en dejar de vivir de la inercia fiscal y empezar a competir por inversión, empleo y talento.
Asturias necesita un giro nítido
El debate del martes será útil si consigue que los responsables públicos entiendan algo elemental: no hay estrategia económica posible sin una estrategia fiscal coherente. El Principado debe decidir si quiere ser un territorio que observa cómo otros captan inversión —como reflejan las estadísticas comparadas de inversión extranjera directa— o un territorio que se plantea, en serio, convertirse en polo atractivo para la industria, los servicios avanzados y la empresa familiar.
Por ahora, y según los datos, nuestra fiscalidad no invita a quedarse. Invita a mirar hacia fuera.
Enlaces recomendados
Informe «La competitividad fiscal en el Principado de Asturias» (IEE y FADE)
Análisis de competitividad fiscal autonómica y propuestas de mejora para Asturias
Nota del IEE y FADE sobre presión fiscal y pérdida de competitividad en Asturias
Nota oficial del Principado sobre inversión extranjera en Asturias (2024)
Datos de inversión extranjera en España por comunidades autónomas (DataInvex)
Informe sobre fiscalidad municipal en Asturias y recaudación por habitante
Estudio sobre impuestos municipales en Siero y comparación con Asturias y España
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