La condena de Álvaro García Ortiz desnuda un deterioro institucional que no se corrige con un relevo nominal y apunta, como mayor probabilidad, a un relevo continuista en la confrontación: Ángeles Sánchez Conde, la fiscal que ha defendido amnistiar a Carles Puigdemont.
Una condena histórica y el deterioro institucional
La sentencia contra Álvaro García Ortiz no es un episodio aislado: es el desenlace inevitable de un deterioro institucional incubado durante años y alentado desde el propio Gobierno. Nunca la Fiscalía General del Estado había descendido tan hondo, nunca un fiscal general del Estado había sido condenado por un delito cometido en el ejercicio directo de sus funciones.
Y, sin embargo, el Ejecutivo lo sostuvo hasta el final, como si la descomposición de una institución clave fuera un daño colateral aceptable en nombre de su proyecto político.
Hoy, España asiste al colapso de una arquitectura institucional que el poder erosionó primero con discreción, después con descaro. Cuando se debilita la ley para proteger a los propios, la autoridad moral se resquebraja para todos.
“Nada se derrumba de golpe; solo cae aquello que el poder ha vaciado antes.”
Continuismo en la confrontación: la opción Sánchez Conde
A partir de aquí se impone mirar hacia adelante: qué hará ahora Pedro Sánchez y qué tipo de Fiscalía General del Estado quiere construir sobre las ruinas de la anterior. A simple vista, parecía que el presidente se movía entre dos rutas: el continuismo técnico y la confrontación abierta. Pero, vistos los movimientos de los últimos años, ambas sendas confluyen en una sola lógica: continuismo en la confrontación.
En ese punto, la figura de Ángeles Sánchez Conde, actual Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, se vuelve central. Es el relevo natural de la etapa García Ortiz, no solo por su posición orgánica, sino por su alineamiento con la estrategia del Gobierno. Ha sido ella quien ha defendido ante los tribunales la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés, quien ha pedido amnistiar la malversación y quien ha sostenido, en público y en sede judicial, que deben amnistiarse los delitos que afectan a Carles Puigdemont.
Es, por tanto, mucho más que un nombre técnico: es la continuidad doctrinal del fiscal general condenado, la pieza clave de una Fiscalía que ha apostado por la amnistía a Puigdemont y por el relato de “normalidad jurídica” allí donde el país percibe erosión del Estado de derecho.
Su eventual nombramiento permitiría al Gobierno proyectar calma, mientras mantiene intacto el corazón de su estrategia: usar la Fiscalía como instrumento de su hoja de ruta política.
El continuismo es la forma más sofisticada de impunidad política: parece rectificación, pero consolida el modelo que ha fracasado.
El método Sánchez y el verdadero rumbo institucional
Se ha hablado de dos escenarios para Pedro Sánchez: uno “moderado”, que pasaría por nombrar a un perfil técnico, y otro “beligerante”, que consistiría en colocar a un fiscal de combate dispuesto a confrontar con el Tribunal Supremo. Pero la elección de un perfil como Sánchez Conde demuestra que la bifurcación es aparente: el presidente puede presentar un rostro técnico mientras mantiene una Fiscalía alineada con la amnistía a Puigdemont y con la lógica de confrontación política.
La biografía política de Pedro Sánchez es la prueba: no busca estabilidad, sino predominio; no cultiva instituciones, sino relatos; no acepta límites, sino oportunidades.
Una Fiscalía encabezada por quien ya ha defendido con vehemencia la amnistía a Puigdemont encajaría a la perfección en esa lógica: continuidad en la línea jurídica más favorable al Gobierno y, al mismo tiempo, capacidad de alimentar el discurso de “asedio judicial” cuando convenga.
La hipótesis de un relevo realmente neutral en la Fiscalía General del Estado se desvanece cuando se examinan los hechos recientes: informes, votos, posicionamientos públicos. Lo que se perfila no es un cambio de rumbo, sino un ajuste cosmético sobre una misma estrategia: mantener el control de la institución mientras se normaliza la amnistía de los aliados políticos del Ejecutivo.
“El líder que vive del conflicto acaba necesitando conflictos para vivir.”
Una decisión que revelará, sin coartadas, el proyecto de poder
La noticia judicial —histórica, contundente, corrosiva para la imagen de España— no es el final de nada. Es la apertura de una nueva fase: la de comprobar si el Gobierno entiende la gravedad de lo ocurrido o si la utilizará para reforzar la misma lógica que ha provocado la caída de su fiscal general.
¿Reconstruir la confianza en la Fiscalía o consolidar su colonización? ¿Abrir una etapa de verdadera separación entre política y persecución penal, o consagrar la amnistía a Puigdemont como dogma de Estado, ahora bajo la batuta de quien ya la ha defendido en los tribunales?
En esa encrucijada, el nombre de Ángeles Sánchez Conde no es un detalle técnico, sino un símbolo. Simboliza un proyecto: el de un poder que, tras la condena de su fiscal general, se resiste a rectificar y prefiere seguir avanzando por la misma senda, solo que con otro rostro.
España, una vez más, queda a la espera de saber si el Ejecutivo quiere reconstruir las instituciones o redoblar el desgaste institucional que hoy ya nadie puede negar.
