Santa Bárbara acude a los tribunales tras años de trato desigual. El Estado concedió 3.000 millones en préstamos sin interés a Indra–EM&E dentro de un esquema que supera los 7.944 millones para Indra y 14.224 millones en total. El Principado y LNE, antes alineados con la agresividad de Escribano, ahora piden “acuerdos”. No es una guerra empresarial: es una cuestión de transparencia y poder.
Este no es un conflicto que estalla, es uno que se revela. El que enfrenta a Santa Bárbara Sistemas (SBS) con Indra no nace de una querella oportunista ni de una disputa de mercado al uso, sino de una acumulación de decisiones públicas que han ido inclinando el tablero con una constancia difícil de negar. Cuando el equilibrio se rompe y el dinero público se convierte en palanca selectiva, la vía judicial deja de ser una amenaza para convertirse en un acto de higiene institucional.
SBS ha dado ese paso después de meses soportando un relato adverso desde la llegada de Ángel Escribano a Indra, reordenada alrededor de su persona y acompañada por Moncloa, por Pedro Sánchez y Manuel de la Rocha. Pese a ello, mantuvo un tono conciliador, ofreció cooperación técnica y aceptó un marco de trabajo conjunto. La ruptura llega cuando el Gobierno concede 3.000 millones de euros en préstamos sin interés a la UTE Indra–EM&E para programas de artillería —ruedas y cadenas— sin concurso competitivo y con prefinanciación adelantada.
No es una cifra menor: forma parte de un paquete mayor de 14.224 millones en préstamos estatales, de los cuales 7.944 millones se concentran en Indra. A partir de ahí, la cuestión ya no es quién fabrica mejor, sino si el Estado puede elegir ganadores financiándolos sin experiencia previa.
Promesas, anticipos y músculo financiero
Conviene decirlo: hasta ahora Indra ha ofrecido, sobre todo, promesas. Relatos de futuro apoyados en ayudas directas, anticipos de caja y un blindaje político que reduce el riesgo empresarial a mínimos. Las cifras son elocuentes: los recursos públicos comprometidos superan con creces la inversión productiva efectivamente desplegada. El músculo financiero precede al músculo industrial. Y eso altera cualquier comparación honesta entre operadores.
Además de la perversión del relato y los palos en las ruedas político-institucionales, no queda todo ahí. La política “doméstica” dentro del consorcio deja mucho que desear y rompe cualquier código de buena conducta colaboradora. En los últimos meses, Indra se ha llevado seis personas relevantes de Santa Bárbara a golpe de talonario. La pregunta es obvia: ¿para qué?
Tres preguntas incómodas
- ¿Para empezar a tener conocimiento de blindados que no tiene y comenzar a conocer un sector, el metalmecánico, que no conocía?
- ¿Para debilitar a sus presuntamente “socios” en el sector de Defensa?
- ¿Esas personas están realmente haciendo algo o parte de ellas están simplemente “viéndolas pasar”, como buena parte de la plantilla de El Tallerón?
El Principado: alineamiento primero, incomodidad después
La reacción del Principado ha sido tan reveladora como tardía. Desde el principio siguió sin disimulo las indicaciones que emanaban del entorno de Moncloa y favoreció a la nueva Indra, alentada por el asesoramiento de Manuel de la Rocha. No hubo ambigüedad ni prudencia: hubo alineamiento.
Hoy, tras la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Supremo, el tono cambia. Se pide calma. Se “insta” a un acuerdo. El verbo delata la incomodidad: instar, después de empujar; exigir entendimiento, después de haber tomado partido. No es rectificación; es gestión del daño.
La Nueva España y el repliegue editorial
Más significativo aún es el comportamiento del diario La Nueva España. Durante meses construyó un marco interpretativo hostil a SBS y complaciente con Indra. Seleccionó enfoques, silenció datos incómodos y atribuyó responsabilidades de manera asimétrica.
Asturias Liberal hubo de rectificar informaciones en las que se culpaba a SBS de los fallos del 8×8 Dragón, demostrando con datos técnicos que Indra y EM&E eran los coordinadores del montaje y la integración, no el fabricante de la plataforma. Aquella corrección no fue anecdótica: evidenció una pauta.
Cuando llega el revés judicial, el periódico se descuelga del conflicto. Ya no hay sesgo; hay, dice el redactor de LNE, “guerra empresarial”. Ya no hay responsabilidad editorial; hay distancia hipócrita. Es un patrón conocido: implicarse mientras conviene y huir cuando la realidad desmiente el relato.
- •Ocurrió en el pasado reciente, cuando tras una larga campaña contra Álvarez-Cascos trasladó a Carmen Moriyón la culpa de una absolución judicial completa;
- •Ocurre ahora, al convertir un problema de gobernanza pública en una mera pugna privada.
La metáfora que lo explica todo
El niño al que le roban el bocadillo cada día, que avisa durante años y, cuando denuncia, es reprendido por no haber sabido “negociar” con el matón.
La metáfora destacada es simple y devastadora. Resume la inversión moral que se intenta imponer: que el problema no es el abuso, sino quien lo denuncia; no el privilegio, sino la incomodidad de hacerlo visible.
No es orgullo corporativo, es cuestión de reglas
No estamos ante una querella de orgullo corporativo. Estamos ante un debate sobre reglas. Sobre si la política industrial puede convertirse en política de favores; sobre si la financiación pública sin interés, concedida por miles de millones, puede repartirse sin competencia ni escrutinio; sobre si las instituciones autonómicas deben liderar o limitarse a amortiguar las consecuencias de haber elegido bando demasiado pronto; y sobre si los medios asumirán su papel cuando dejan de informar para empezar a jugar.
El enojo que deja este episodio no es coyuntural. Es ético.
Porque cuando el poder confunde soberanía con discrecionalidad, la industria se debilita y la confianza se erosiona. Y porque cuando se pide al perjudicado que calle en nombre de la paz, lo que se protege no es la convivencia, sino el abuso. Aquí no sobra judicialización. Lo que ha faltado es neutralidad previa, transparencia real y responsabilidad compartida.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED