Este artículo es tributario de dos aportaciones previas que merecen ser reconocidas expresamente. Por un lado, los excelentes artículos de Aurelio S. Devesa sobre la corrupción en el fútbol, que han servido para iluminar con rigor analítico la dimensión sistémica del problema. Por otro, las valiosas informaciones aportadas por Ramón Vega, cuya experiencia directa permite contrastar el caso español con el funcionamiento de un sistema anticorrupción institucionalizado y eficaz como el de Singapur.
Hay una imagen infantil en la que se pide a los niños algo muy concreto: “Señala lo que no encaja.”
No hay delitos evidentes ni villanos caricaturescos. Todo parece normal. Precisamente por eso la imagen funciona: enseña que la corrupción no empieza con grandes robos, sino con asimetrías toleradas, con accesos privilegiados, con favores discretos, con reglas que dejan de valer igual para todos.
La pedagogía es simple. Y brutal.
Porque eso mismo —detectar cuándo un sistema funciona raro aunque siga funcionando— es lo que las instituciones adultas parecen haber dejado de hacer.
Imagen: página del libro de actividades para niños que se edita en Singapur. Una cultura de anticorrupción.
España vive instalada en un escándalo permanente. Siempre hay un caso nuevo, una revelación, una investigación abierta. Cambian los nombres, se renueva el ruido, pero el patrón permanece. Koldo, Ábalos, Leire… Cada uno con su historia, sus matices y su recorrido judicial, pero todos insertos en una misma dinámica: la dificultad —cuando no la resistencia— del sistema para leerse a sí mismo en conjunto.
La justicia ordinaria investiga, con lentitud y bajo presión. La policía judicial actúa. La prensa —mal que bien, con dependencias y servidumbres conocidas— conecta indicios, sostiene relatos y evita que el olvido lo tape todo. Sin ese trabajo, muchos casos sencillamente no existirían en el espacio público.
Y, sin embargo, el sistema no aprende.
No hay un diagnóstico institucional del patrón. No hay una lectura oficial que vaya más allá del caso concreto. No hay una reacción estructural paralela al proceso penal. Todo se gestiona como episodio, como desgaste, como munición partidista. El resultado no es depuración, sino fatiga cívica.
Aquí está la paradoja: la democracia funciona lo suficiente como para no colapsar, pero no lo bastante como para corregirse. Investiga delitos, tolera el escándalo, sobrevive… y sigue igual.
Cuando esto ocurre, la prensa acaba asumiendo una función que no le corresponde: hacer de detector sistémico. Conecta lo que institucionalmente nadie quiere conectar. Mantiene viva la memoria cuando el calendario político empuja a pasar página. Y paga el precio: politización, acusaciones de parcialidad, erosión de credibilidad.
No es una fortaleza democrática. Es un síntoma de vacío institucional.
Porque mientras el foco se pone en si Koldo fue un intermediario, en si Ábalos sabía más o menos, o en qué papel jugó Leire en tal o cual engranaje, nadie asume la tarea incómoda: preguntarse cómo es posible que estas figuras prosperen, durante años, dentro de estructuras que supuestamente funcionan. Qué falló en los controles. Qué incentivos lo permitieron. Qué puertas traseras estaban normalizadas.
Se habla de manzanas podridas, pero nunca del cesto.
Visto desde fuera, el contraste es incómodo. En otros entornos existen mecanismos no judiciales específicamente diseñados para detectar patrones sistémicos antes de la sentencia penal. En Singapur, por ejemplo, esa función la cumple el Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), una agencia anticorrupción con mandato claro para recibir denuncias, analizar riesgos estructurales, actuar en fase pre-judicial y forzar correcciones institucionales incluso cuando aún no hay condena.
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)
Allí, el diagnóstico del sistema no depende de filtraciones ni de la presión sostenida de la prensa, sino de una arquitectura formal pensada precisamente para evitar que la corrupción se convierta en escándalo crónico. La justicia penal decide después sobre responsabilidades individuales; la prensa informa y acompaña. No sustituye al Estado.
Aquí ocurre lo contrario: el juez investiga lo que puede, el periodista explica lo que ve, y las instituciones no judiciales prefieren no nombrar el sistema.
El efecto es corrosivo. Porque cuando el diagnóstico depende solo del interés mediático, el patrón se convierte en escándalo; el escándalo, en rutina; y la rutina, en normalidad. Se moraliza, pero no se gobierna.
Por eso la imagen infantil resulta tan reveladora. No porque sea ingenua, sino porque recuerda algo esencial: un sistema empieza a fallar cuando deja de preguntarse por qué hay accesos privilegiados, favores silenciosos y reglas flexibles para algunos. Y cuando esas preguntas solo las hacen los jueces y los periodistas, el problema ya no es de corrupción individual, sino de responsabilidad institucional.
Quizá el problema no sea que aparezcan nombres nuevos cada cierto tiempo. Quizá el problema sea que el sistema ha aprendido a vivir en el escándalo sin corregirse.
Cuando el escándalo se vuelve permanente, deja de ser un fallo del sistema. Empieza a parecer una forma de gobierno.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED