Imagen de portada: El obús sobre cadenas Némesis, presentado por GDELS en la feria de industria de la defensa Feindef de Madrid en junio pasado..jpg / José Luis Roca
Dos lecturas —una rápida y otra de fondo— sobre arbitrariedad industrial, riesgo regulatorio y consecuencias bursátiles.
PARTE 1 · Lectura rápida.
Si Santa Bárbara Sistemas tiene razón y lo que se ha demandado ante el Tribunal Supremo es, en esencia, un dedazo industrial camuflado de modernización, el daño no se limita a una UTE, a un contrato o a un choque entre gigantes:
el daño se infiltra en todo el sector y empieza a dictar una norma no escrita según la cual,
en España, la racionalidad industrial es negociable y la ingeniería queda subordinada a la coyuntura política.
Cuando el marco lo definen Pedro Sánchez desde Moncloa, Manuel de la Rocha desde la arquitectura económica del poder y Margarita Robles desde el Ministerio de Defensa,
el mensaje que reciben las empresas no es técnico, sino conductual: no gana el que hace mejor producto, sino el que gestiona mejor el acceso.
Cuando el incentivo deja de ser la excelencia y pasa a ser la cercanía, el sector deja de innovar y empieza a blindarse.
Y si el Supremo acordara la suspensión cautelar del decreto de financiación, el mercado reaccionaría con la frialdad habitual:
incertidumbre jurídica, retrasos operativos, volatilidad bursátil y la sospecha letal para cualquier cotizada: que el Estado actúe a la vez como accionista, cliente y árbitro.
PARTE 2 · Desarrollo y análisis.
I. La arbitrariedad como toxina industrial: cuando el sector aprende a invertir en pasillos
La industria de defensa no es un bazar ni una feria de vanidades estratégicas.
Es una maquinaria de decisiones irreversibles,
con plazos largos, certificaciones costosas,
cadenas de suministro delicadas y un principio que no admite retórica: en defensa, la eficacia no se improvisa.
Por eso, si la demanda de Santa Bárbara describe un marco de arbitrariedad
—esto es, si la adjudicación o la financiación no obedecen a criterios técnicos, industriales y de coste-eficacia trazables, sino a una preferencia política instrumentada—
el daño no es estético: es estructural.
La arbitrariedad no solo perjudica al que pierde el contrato:
corrompe el sistema de incentivos del sector entero.
Cuando los actores industriales perciben que el criterio real no es la solvencia técnica ni la madurez del diseño, sino la cercanía al centro decisor, se produce una mutación silenciosa:
se deja de competir por producto y se compite por acceso.
La ingeniería se convierte en decorado, el talento aprende que asciende quien administra relato,
y los proveedores pasan de la especialización en excelencia a la especialización en dependencia.
En ese ecosistema, figuras como Ángel Escribano dejan de ser solo directivos
y pasan a representar una estructura de poder.
Esto tiene efectos medibles:
- •encarece los programas,
- •ralentiza su ejecución
- •y fragmenta el ecosistema industrial, generando alianzas forzadas y resentimientos cruzados que terminan filtrándose en consorcios estratégicos.
La soberanía tecnológica no se decreta:
se construye con disciplina industrial,
no con PowerPoint ni BOE.
Si para crear soberanía se destruyen los criterios
que sostienen el aprendizaje industrial, lo que se obtiene no es autonomía, sino dependencia maquillada, comprada tarde y a mayor coste,
mientras desde los despachos económicos
se vende estabilidad donde el sector percibe fricción.
La defensa exige un Estado sólido, pero precisamente por eso exige un Estado predecible.
Cuando el Estado es
- •inversor,
•cliente,
•regulador
•y árbitro,
cualquier sombra de discrecionalidad se convierte en riesgo sistémico.
II. Suspensión cautelar y mercado: el precio bursátil del riesgo regulatorio
Si el Tribunal Supremo acordara la suspensión cautelar, el mercado no debatiría legalidad:
recalibraría probabilidades. El plan financiado pasaría a plan bloqueado; el calendario industrial,
a calendario judicial.
La bolsa no castiga la ideología:
castiga la incertidumbre.
El efecto inmediato sería un aumento del riesgo regulatorio, con impacto directo en valoración, volatilidad intradía, revisiones de modelos de cash-flow y apertura de estrategias bajistas o de cobertura.
Especialmente delicado cuando el primer accionista es el Estado, vía SEPI, y cuando el relato inversor se ha construido alrededor de contratos masivos y financiación pública.
Una cautelar no solo afecta a un contrato: afecta a la credibilidad del marco. Y cuando el marco se cuestiona, la confianza se convierte en un impuesto invisible que pagan todas las valoraciones.
El capital no huye por cobardía:
huye por higiene.
España necesita escala industrial, necesita campeones y necesita soberanía.
Pero no necesita convertir la industria
en una extensión del BOE ni la bolsa en una sala de espera judicial.
Porque cuando la arbitrariedad entra en la cadena de valor, lo primero que se rompe no es un contrato, sino la lógica que hace posible la industria.
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