Asturias Liberal > España > Óscar Puente y las inversiones ferroviarias: la urgencia llega tarde y Cataluña sale beneficiada

Las inversiones ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transportes no prueban capacidad de anticipación, sino una reacción tardía forzada por la tragedia y por la presión política. Y, cuando por fin llegan, lo hacen con una prioridad territorial clara: Cataluña.

El Gobierno presenta estos días el paquete de inversiones ferroviarias impulsado por el Ministerio de Transportes como la prueba de que, frente a la crisis, hay un Ejecutivo que actúa.

Sin embargo, una lectura justa y realista de los hechos, de los tiempos y de las cifras conduce a una conclusión menos complaciente: no estamos ante un gobierno previsivo que corrige a tiempo, sino ante un gobierno que reacciona tarde, empujado por accidentes graves, presión sindical y desgaste político acumulado desde hace años.

Diciéndolo con claridad: reaccionar tarde no es gobernar, es llegar cuando el daño ya está hecho. La urgencia sobrevenida no es ningún mérito, es el síntoma de la incompetencia culpable.

Porque si hoy se reconocen déficits estructurales de mantenimiento, de seguridad y de personal; si hoy se admiten como imprescindibles más de 1.800 millones de euros adicionales en conservación de vías, nuevos criterios de descanso para maquinistas, refuerzos en la supervisión y una ampliación masiva de plantillas, la pregunta es inevitable: ¿por qué nada de esto se acometió cuando no había muertos sobre la mesa?

La propia naturaleza del acuerdo alcanzado con los sindicatos delata que no se trata de una mejora voluntaria, sino de una corrección forzada de omisiones prolongadas desde, al menos, 2018.

Resulta difícil no sentir indignación cuando se constata que lo que hoy se presenta como imprescindible fue ayer sistemáticamente pospuesto, como si la seguridad pudiera esperar o como si el mantenimiento fuera una variable negociable.

Durante años, los trabajadores del sector y los usuarios advirtieron de carencias conocidas, mientras el discurso oficial minimizaba los problemas o los atribuía a incidencias puntuales. Hubo que llegar al accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales, para que el Ministerio atendiera reclamaciones que venían siendo desoídas y para que asumiera, sin ambages, que la red arrastraba un déficit de mantenimiento incompatible con los estándares de seguridad exigibles.

Que hicieran falta 45 muertos para que el Ministerio escuchara no es una anécdota trágica: es una acusación política de primer orden.

Lo que hoy se vende como “respuesta responsable” es, en realidad, la constatación de que la responsabilidad no se ejerció cuando tocaba. Si ahora es imprescindible, entonces antes fue irresponsable no hacerlo.

Rodalies y el voto: la inversión como estrategia

A partir de ahí, la distribución territorial de las inversiones introduce un segundo plano de análisis que resulta aún más incómodo. La desproporción del esfuerzo destinado a Rodalies es un hecho objetivo: concentra en torno al 80 % de la inversión ferroviaria estatal y cerca del 50 % del total de la inversión del Ministerio de Transportes. No es una cifra neutra ni accidental.

No es una cuestión de celos territoriales ni de agravio comparativo: es una cuestión de prioridades morales cuando se gestiona un servicio público esencial.

La prioridad catalana responde a una lógica política evidente. Cataluña es el granero de votos decisivo del PSC y la pieza clave para cualquier escenario de reelección de Pedro Sánchez en 2027. En ese contexto, Rodalies se convierte en el epicentro de la batalla electoral, el servicio público cotidiano ideal para convertir gasto en relato y relato en estabilidad parlamentaria.

Cuando la inversión sigue al voto y no al riesgo, el mensaje que se envía al resto del país es tan claro como insultante.

El contraste es aún más llamativo si se atiende a un dato que suele quedar diluido en el discurso oficial: la mayoría de los fallecidos y de las anomalías graves que han desencadenado la crisis no se produjeron en Cataluña. El accidente con más víctimas tuvo lugar en Andalucía; otras incidencias relevantes se han registrado fuera del ámbito catalán; y, sin embargo, es Rodalies la que capitaliza el grueso del esfuerzo inversor.

Cuesta aceptar que el mapa del dolor y el mapa del gasto no coincidan, como si unas víctimas pesaran más que otras a la hora de decidir dónde y cuándo se actúa.

Ni siquiera allí donde se concentra el gasto se restaura la confianza

Ni siquiera en Cataluña el relato gubernamental termina de asentarse. Las críticas de ERC y Junts en el Parlament, lejos de disiparse, revelan que la lluvia de millones no ha logrado restaurar la confianza ni del usuario ni de buena parte del arco político. Se denuncian fallos de gestión, falta de información y una experiencia cotidiana del servicio muy alejada de lo prometido.

Porque cuando ni siquiera la región más beneficiada logra percibir mejoras reales, la pregunta ya no es cuánto se invierte, sino cómo y para qué.

Mientras tanto, el resto de la red ferroviaria española observa, espera y asume que su turno llegará —si llega— cuando la presión sea equivalente. No porque no lo necesite, sino porque, región a región, ninguna les tan preciada electoralmente como Cataluña.

La indignación nace de la pertinacia en el desprecio y la negligencia 

En conjunto, lo que emerge no es la imagen de un Ejecutivo que gobierna con anticipación, sino la de uno que corrige a golpe de urgencia y que prioriza allí donde el rédito electoral es mayor. Actuar después de la tragedia no es actuar bien; y concentrar el esfuerzo donde más votos están en juego no equivale a una política de infraestructuras equilibrada.

En materia de seguridad pública, llegar tarde no es una falta menor: es la forma más amarga de reconocer que se pudo hacer antes y no se hizo.


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