Durante un año, el de Ángel Escribano al frente de Indra, Asturias Liberal ha insistido en una idea simple: Indra no se explica solo con análisis fundamental. La política industrial y la política de defensa, el 8×8 Dragón y el recurso de SBS–GDELS al Supremo dibujan un escenario donde el Gobierno puede sufrir un revés serio.
Nuestra tesis es sencilla a fuer de documentada: el caso Indra no podía analizarse solo con métricas financieras sobre anuncios, promesas y MoUs, ni con entusiasmo bursátil. Era necesario observar el contexto de la política industrial y de la política de defensa que rodeaban la operación.
Hoy, los hechos han confirmado ese marco.
Adjudicaciones, obuses y el choque entre empresas del mismo sector
En primer lugar, la concentración de adjudicaciones en Indra dentro de los Programas Especiales de Modernización no era neutra. Por el contrario, alteraba el equilibrio entre empresas del mismo sector. Además, la adjudicación del programa de obuses a la UTE Indra–EM&E, dejando fuera a Santa Bárbara Sistemas (SBS–GDELS), introdujo una tensión evidente.
Y decimos hoy lo que hemos dicho siempre y los generales ratifican: SBS–GDELS sí sabe hacer blindados. Tiene plantas en España, experiencia probada y capacidad industrial contrastada.
Cuando una empresa con esa trayectoria queda fuera y decide acudir al Supremo, el problema deja de ser una disputa comercial y pasa a tener consecuencias para la política de defensa.
El 8×8 Dragón: reproche, retrasos y credibilidad
En segundo lugar, el reproche por los retrasos del 8×8 Dragón, aun sin consecuencias contractuales inmediatas, mostró una disonancia preocupante: ejecución discutida, contratos intactos. Esa combinación, en un entorno de fuerte intervención pública, no fortalece la credibilidad del modelo; la pone en cuestión.
Salvar la cara: no es “Escribano contra el Gobierno”
Ahora bien, voy a decirlo serenamente: esto no es un juicio personal contra Ángel Escribano. Sería un error convertir un problema de política industrial en un problema de nombres propios. Escribano no inventa el marco; actúa (activamente, eso sí) dentro de él.
Y ese marco —con el Estado como accionista, cliente y árbitro al mismo tiempo— genera incentivos que favorecen la arbitrariedad y dificultan el acuerdo entre empresas del mismo sector.
Por eso, cuando Manuel de la Rocha, asesor económico de Pedro Sánchez y valedor de Escribano desde el inicio de su andadura en Indra, recalibra su posición, no estamos ante una ruptura ideológica. Estamos ante una evaluación de riesgos.
El proyecto, tal como estaba planteado, empezó a acumular demasiadas fricciones: litigio judicial, recelos europeos, división industrial y dudas militares. Cuando el riesgo reputacional crece, la política de defensa ajusta.
El Supremo puede dar un revés serio al Gobierno
Éste es un elemento crítico:
Existen probabilidades nada menores de que el Supremo dé la razón, al menos parcialmente, a GDELS en lo relativo a los defectos formales y a la no invitación al proceso.
No hablamos de anular toda la política de defensa, pero sí de un revés suficiente para obligar al Gobierno a corregir. Ese escenario no es remoto; es verosímil.
Si el litigio escala y se judicializa todo el esquema, el coste ya no lo paga una empresa: lo paga la credibilidad de la política industrial y de la política de defensa.
En ese contexto, la personación en la demanda de Indra, Airbus y Telefónica —con la SEPI detrás — no contribuye a calmar la situación. Al contrario, multiplica los actores enfrentados cuando ya altos mandos militares se han pronunciado en favor de la competencia industrial de Santa Bárbara. Cuando parte del estamento militar considera que la capacidad de GDELS es sólida y fiable, cerrar filas judicialmente solo añade fricción donde debería buscarse equilibrio.
Para los inversores: el análisis fundamental no basta en un país intervenido
A los inversores que miran Indra exclusivamente desde el análisis fundamental conviene recordarles algo elemental: en una economía donde la política industrial es intensa y la política de defensa está en plena expansión, el balance no basta. La bolsa puede descontar contratos, pero no siempre descuenta bien un recurso ante el Supremo, ni la posibilidad de cautelares, ni el impacto político de un fallo judicial adverso.
Propuesta: pacto Indra–GDELS
Llegados a este punto, la salida no debería ser el desgaste mutuo. Al contrario, sería razonable explorar un pacto industrial entre Indra y GDELS. Aquí los nombres importan. Ángel Escribano y Antonio Bueno representan empresas con capacidades que pueden complementarse. Y figuras como De los Mozos conocen bien que en la industria de defensa europea las alianzas pesan más que las victorias unilaterales.
Porque, en definitiva, la cuestión no es quién gana un contrato concreto. La cuestión es si la política industrial española puede consolidar una base sólida sin fracturar a las empresas del mismo sector ni exponerse a un revés judicial serio.
Desde AL lo dijimos hace un año: cuando la política de defensa se diseña sin integrar a quienes ya tienen capacidad probada, la tensión acaba aflorando.
Hoy no celebramos nada. Simplemente constatamos que el contexto político y jurídico termina imponiéndose al entusiasmo inicial.
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