Asturias acumula cero viviendas públicas construidas por el Gobierno central desde 2019. Mientras el Banco de España advierte un déficit estructural, la política se desliza hacia el facilismo normativo: precios máximos del alquiler y más obstáculos a la oferta.
Cero viviendas públicas del Gobierno central en Asturias desde 2019 y menos de 18.000 en toda España. Ese es el dato que debería encabezar el debate si de verdad hablamos de una emergencia y no de un eslogan.
Mientras el Banco de España alerta de un déficit estructural de vivienda y los informes hablan de cientos de miles de hogares faltantes en el conjunto nacional, en Asturias la aportación directa del Ejecutivo central en materia de vivienda pública ha sido exactamente nula. Cero. Y, sin embargo, el debate público no empieza por ahí.
En este debate nacional, que es permanente, los medios de comunicación audiovisuales y los grandes titulares de los medios escritos destacan la existencia del problema del encarecimiento de alquileres y precios de vivienda.
Entrevistas en la calle a jóvenes que no pueden emanciparse y un conjunto de informaciones sin más criterio que el de calificarlo como el gran drama social de España.
La presión mediática y de los portavoces gubernamentales se centra en esa emergencia. La opinión pública sigue a la publicada en ese básico diagnóstico sin debate serio.
El clima es innegable: la vivienda se ha elevado a categoría de “crisis humanitaria”. Pero al mismo tiempo, la política institucional del propio Gobierno central ofrece un contraste vergonzoso:
En plena campaña de 2023, el presidente del Gobierno anunciaba 183.000 viviendas de alquiler asequible en toda España como parte de la llamada “legislatura de la vivienda”.
Sin embargo, según datos territorializados —como recuerda el economista Juan Ramón Rallo— el Ejecutivo central ha construido apenas unas 18.000 viviendas desde 2019. Esa cifra incluye vivienda pública en sentido amplio, no sólo alquiler asequible. El promedio histórico se mueve alrededor de 2.600 viviendas anuales para un país de casi 48 millones de habitantes. Aun sumando todos los tipos de viviendas promovidas por la administración general, el volumen acumulado es una fracción mínima frente a lo prometido.
Según los datos del Banco de España, que refleja el gráfico, y estimaciones sectoriales, la situación es ésta:
- •Existe un déficit actual aproximado: 700.000 viviendas.
- •Hay una necesidad potencial, hasta 2037, de 2,7 millones de viviendas.
- •La construcción anual está muy por debajo de la formación de nuevos hogares.
- •El suelo urbanizable disponible es reducido y los procesos administrativos son lentos.
Resultado: presión creciente sobre precios de compra y alquiler.
El mapa territorial: dónde se construyó y dónde no
Y el desglose territorial es aún más revelador: de esas ~18.000 viviendas, en Asturias la aportación es cero. Otras comunidades han recibido una parte significativa de ese escaso volumen:
- Comunidad Valenciana: ~5.530 viviendas
- Madrid: ~3.751 viviendas
- Cataluña: ~2.409 viviendas
- Aragón: ~2.216 viviendas
Mientras tanto, territorios como Asturias no ven reflejado ese esfuerzo en el terreno. Y es precisamente ahí donde se topa el diagnóstico de ejecución con el relato mediático y gubernamental.
La respuesta política del gobierno no es cómo establecer incentivos de mercado combinado con la iniciativa pública que aborde la puesta en marcha operativa y rápida de nuevo suelo, nuevas licencias de construcción y una política complementaria de construcciones públicas para evitar el colapso diagnosticado por el Banco de España.
En ese punto de conciencia de drama sin debate serio se propone el facilismo normativo: fijar precios máximos para el alquiler y obstaculizar en general.
Del problema real a la solución fácil
Ahí está el núcleo del problema. El debate no se articula en torno a cómo aumentar oferta —suelo, licencias, seguridad jurídica, industrialización de la construcción— sino en torno a cómo limitar precios por decreto. Es el desplazamiento del eje desde la producción hacia la restricción.
Y aquí hemos de recordar el concepto clave: facilismo.
El facilismo es la solución intuitiva, emocionalmente satisfactoria y técnicamente deficiente.
Fijar precios máximos del alquiler parece justo, limitar rentas parece proteger y penalizar al propietario parece equilibrar.
Pero cuando se restringe la rentabilidad esperada, la oferta se retrae, se degrada o se desplaza a otros usos. El problema estructural se agrava.
La opinión pública está “educada” para preferir el atajo
Este reflejo no surge de la nada. Es coherente con una cultura pública que, durante décadas, ha interiorizado la idea de que la complejidad es sospechosa y la exigencia es elitista. Lo denunciamos en Asturias Liberal al hablar del facilismo educativo: “El facilismo educativo: la gran estafa moral”.
La mentalidad facilita no sólo afecta al aula; contamina la política económica. Si el diagnóstico mediático convierte la vivienda en el “gran drama social”, la presión electoral empuja a ofrecer la respuesta más visible y más comprensible: regular precios. No reformar planeamientos. No acelerar licencias. No coordinar administraciones. No liberalizar suelo. No garantizar seguridad jurídica a largo plazo. Eso es complejo, técnico y poco televisivo.
Mientras tanto, en Asturias el dato permanece: cero viviendas públicas construidas por el Gobierno central en los últimos años. El contraste entre la retórica nacional y la ejecución territorial es revelador. Se amplifica el problema; se simplifica la solución.
La cuestión de fondo no es ideológica, sino operativa: ¿queremos aliviar síntomas o resolver causas? Si el déficit es estructural —como advierte el Banco de España— y la ejecución pública hasta ahora ha sido marginal, la única salida sostenible pasa por aumentar oferta de forma masiva y estable. Lo demás es gestión de titulares.
El facilismo normativo calma conciencias y gana aplausos. Pero la aritmética inmobiliaria, a diferencia del discurso político, no responde a consignas: responde a incentivos.
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ENLACES RELACIONADOS:
- COPE — Déficit de vivienda: 700.000 casas y hasta 2,7 millones necesarias en 2037 (audio)
- ABC — Juan Ramón Rallo: “María Jesús Montero: cero viviendas públicas” (columna)
- Banco de España — Portal oficial (informes y notas sobre vivienda)
- Asturias Liberal — “El facilismo educativo: la gran estafa moral”
Enlaces relativos (Asturias Liberal): Inicio · Economía · Vivienda
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED