Considero que la calidad educativa debe asentarse sobre cuatro pilares fundamentales:
coherencia, integridad, eficiencia y libertad.
Desde esta perspectiva, resulta evidente el fracaso educativo en España, tanto en los resultados académicos como en la formación moral de la persona y en la preparación necesaria para comprender la economía y los factores que hacen que las sociedades sean más prósperas.
El sistema educativo español no contribuye suficientemente a la convivencia pacífica,
a la unidad nacional ni a la prosperidad.
Se encuentra altamente politizado y dominado por ideologías como el multiculturalismo, el relativismo y el utilitarismo.
Si no ha empeorado aún más es gracias al buen hacer de un sector de profesores y maestros que mantienen el sentido común en la enseñanza.
Son cuatro los rasgos principales de este fracaso educativo:
- •El intervencionismo excesivo de las administraciones autonómicas.
- •La ideología “progre” anti-escuela asumida en buena parte por el PSOE.
- •La vulneración de derechos educativos recogidos en la Constitución Española y en Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos.
- •Derivas propias de regímenes restrictivos en determinadas comunidades como Cataluña y Vascongadas, así como en Baleares y Galicia.
La izquierda radical, que goza de simpatía en determinados sectores docentes afines a
planteamientos de corte totalitario, presiona para transmitir a los alumnos hostilidad hacia España, hacia la economía de mercado, hacia las libertades básicas, el matrimonio y la familia.
Esto constituye un problema grave, ya que orienta aparte de los jóvenes hacia opciones políticas disolventes que pueden perjudicarles
en su desarrollo profesional y en la mejora de sus condiciones de vida.
España necesita un giro profundo. Este debería consistir en ampliar las oportunidades de progreso académico y en revisar las atribuciones educativas de las comunidades autónomas, otorgando mayor protagonismo a la sociedad civil: padres, profesores y directores.
Las competencias de ordenación curricular y
el cumplimiento de mínimos deberían corresponder al Gobierno de España, junto con
otras instituciones del Estado como el Consejo de Estado o un Consejo Escolar representativo y no ideologizado, independiente del Ejecutivo.
Las administraciones públicas deben favorecer y no obstaculizar la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias.
Es esencial que la oferta de plazas escolares se ajuste a la demanda real de los padres.
Para facilitar la libre competencia y mejorar la eficiencia del sistema, junto al modelo de conciertos, se deberían explorar fórmulas como el Cheque Escolar y la desgravación fiscal.
Resulta imprescindible un gran pacto nacional por la Educación que garantice:
- •Libertad educativa real.
- •Reconocimiento del profesor como figura clave del sistema.
- •Despolitización de la Universidad.
- •Recuperación de competencias educativas para el Estado.
- •Garantía del español como lengua vehicular en todo el territorio nacional.
- •Alcanzar una inversión educativa del 8% del PIB.
- •Implantación de un cheque educativo que garantice la libre elección de los padres.
- •Un único sistema educativo con los mismos derechos en todo el territorio nacional.
Solo así se garantizará que todos los españoles sean libres e iguales en derechos y prestaciones públicas.
En definitiva, las libertades de expresión, educación y religión constituyen pilares esenciales del ordenamiento jurídico occidental y deben ser protegidas con firmeza si se desea construir una sociedad próspera y cohesionada.
