La futura ley LGTBI del Principado ha irrumpido en el debate público asturiano con rapidez, centrada en pequeños grupos con intereses en ello y con escasa sensatez social.
El Gobierno regional presenta la norma como un paso necesario para garantizar derechos y alinearse con otras comunidades autónomas.
●Derechos inexistentes, habría que añadir, más allá del de no ser discriminado por la orientación sexual.
●Y sobre la justificación de alinearse con otras comunidades autónomas hay que hacer una inocente pregunta ¿se va aplicar también a la politica fiscal para parecernos a Madrid, por ejemplo?
Que el proyecto LGTBI no responde a una demanda social es evidente.
Ha generado también críticas desde ámbitos académicos, feministas y jurídicos que advierten de problemas conceptuales y prácticos.
Asturias, una región con desafíos económicos muy concretos —pérdida de población, debilidad industrial y presión fiscal elevada— se encuentra ahora inmersa en una discusión cultural de mera distracción y que plantea graves interrogantes de fondo sobre biología, derecho y política pública.
Preguntas a la sociedad
Antes de legislar conviene formular algunas preguntas que raramente aparecen en el debate oficial.
●¿Está la sociedad dispuesta a aceptar la aparición de una nueva categoría social o clínica basada en la negación de la biología? La teoría de la identidad de género plantea que el sexo puede redefinirse por la autopercepción individual. Pero la biología sigue siendo una realidad objetiva. ¿Puede el derecho ignorarla sin generar problemas?
●Segunda cuestión: ¿no sería más sensato abordar la diversidad de orientaciones sexuales desde su normalización social, sin convertir cada diferencia en un conflicto político permanente?
Durante décadas el avance consistió precisamente en integrar la diversidad en la vida común, no en dramatizarla ni en construir identidades victimistas.
●Y una tercera pregunta: ¿cada vez que se identifica un grupo social estadísticamente desfavorecido debe crearse una legislación específica para protegerlo?
El principio liberal recogido en el artículo 14 de la Constitución española establece la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Ese principio ha sido uno de los pilares de nuestra convivencia.
Sustituirlo por un sistema de leyes sectoriales basadas en identidades abre un retroceso a regímenes jurídicos estamentales: a cada grupo, una legislación, una subvencion y casi, casi, un propio código penal.
Problemas médicos y jurídicos
El debate sobre estas leyes, nacidas de la ideología, premisa indispensable de toda estupidez choca con la naturaleza:
Crecen los estudios que señalan que las intervenciones psicológicas o médicas vinculadas a la identidad de género tienen consecuencias negativas siempre, especialmente en menores.
Investigaciones recientes han encontrado asociaciones entre las prácticas terapéuticas de cambio de sexo y problemas de salud mental como depresión, estrés postraumático o conductas suicidas.
A ello se suman casos judiciales recientes en los que jóvenes denuncian haber sido sometidos a intervenciones irreversibles durante la adolescencia sin comprender plenamente sus consecuencias.
Estos casos reabren el debate sobre la imprudencia ideológica de la izquierda trasladada al ámbito de la medicina.
Desde el punto de vista jurídico, además, convertir la identidad subjetiva en base del sexo legal introduce tensiones con otras áreas del derecho generadas por los mismos precursores de las ideologías de género: políticas de igualdad, estadísticas públicas o regulaciones específicas basadas en el sexo biológico.
La crítica feminista clásica
Por esto último, a estas objeciones se añade una crítica procedente del feminismo clásico. Diversas autoras han señalado que sustituir el sexo biológico por la identidad de género introduce una contradicción en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
Recordemos el proceso que siguió el feminismo histórico construido sobre una realidad material: la desigualdad basada en el sexo.
Sobre esta realidad convertida en insuficiente justificación, el feminismo fue mas allá de la igualdad y propugnó un privilegio hacia «la mujer» con políticas públicas de diseño.
Y sucedió la paradoja que les sucede a todos aquellos «despiertos» (woke), que sus excesos devienen el delirios y después se lamentan de estos: si el sexo se convierte en una identidad subjetiva modificable, sostienen estas autoras del feminismo, la base conceptual de esas políticas feministas queda debilitada.
Las prioridades reales de Asturias
Mientras este debate se intensifica, Asturias sigue enfrentando problemas mucho más tangibles y cercanos a su bienestar: la pérdida de tejido industrial, la fragilidad del sector agrario, el envejecimiento demográfico y una presión fiscal que limita la competitividad económica.
Y conviene preguntarse si este tipo de debates simbólicos se están utilizando como sustituto de la política real.
Ante ello, nuestra respuesta es que Asturias no necesita leyes construidas sobre teorías abstractas que ignoran la realidad biológica. Necesita industria, necesita agricultura competitiva y necesita aliviar la carga fiscal que soportan ciudadanos y empresas.
De lo contrario, corremos el riesgo de repetir un patrón cada vez más evidente en muchas sociedades occidentales: mientras la política se ocupa de conflictos identitarios, la economía pierde dinamismo, la sociedad pierde competitividad y el resto del mundo gira sin nosotros.
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