El Principado decide no reclamar seis millones a Duro Felguera y descubre, de paso, una curiosa propiedad del dinero público: puede transformarse en dinero privado justo cuando llega la hora de explicar por qué no se recupera.
Es cierto que la ingeniería industrial tiene sus complejidades, pero aún lo es más que la «ingeniería» político-administrativa, a veces, resulta todavía más sofisticada.
El Gobierno del Principado ha decidido finalmente no reclamar los seis millones de euros que prestó en 2021 a Duro Felguera.
Hace apenas unas semanas, desde el propio Ejecutivo autonómico se afirmaba con rotundidad que ese dinero, público, no se daba por perdido y que se reclamaría. Hoy la posición es distinta y no se reclamará.
Hasta aquí, podría tratarse simplemente de un cambio de criterio político, algo desgraciadamente habitual en la vida pública.
Pero la explicación ofrecida por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, añade un matiz casi filosófico al asunto.
Según su razonamiento, el dinero que salió del Principado hacia la Sociedad Regional de Promoción era público, sí, pero el que esta sociedad concedió posteriormente a la empresa era ya de naturaleza privada, puesto que la Sociedad Regional de Promoción, SRP, es una entidad mercantil de derecho privado participada mayoritariamente por la Administración.
Dicho de otro modo: el dinero era público cuando salió del Principado, pero adquirió una naturaleza privada por el camino antes de llegar a la empresa.
Una transformación jurídica que, curiosamente, coincide con el momento en que aparece la decisión de no recuperarlo.
Alquimia financiera con sello administrativo
El argumento tiene su cierta lógica burocrática, desde luego, pero lo que seguro posee es un innegable valor literario.
Porque permite un fenómeno bastante singular: un dinero que nace público y muere privado. Algo así como una metamorfosis financiera. Una solución a medio camino entre Maquiavelo y Kafka.
Hace apenas unos meses, el discurso era bien distinto. El consejero de Industria, Borja Sánchez, defendía que ese préstamo debía considerarse crédito público y, por tanto, quedar fuera de cualquier quita.
El viceconsejero del área aseguraba en enero que “no se daban por perdidos” y que se reclamarían.
Incluso el presidente flotante del Principado, Adrián Barbón, recordó en varias ocasiones que “con el dinero público no se puede jugar”.
Mientras tanto, el resto del proceso de reestructuración sigue su curso.
Los acreedores privados discuten quitas importantes, los proveedores intentan recuperar al menos una parte de lo que se les debe y la plantilla ya ha sufrido ajustes considerables.
Y el sector público, el de todos, decide que sus seis millones quizá no merecen demasiados cuidados.
Facilitar el camino judicial
Existe, sin embargo, otra lectura posible de todo este episodio. El plan de reestructuración de la empresa está pendiente de la homologación judicial del magistrado Rafael Abril.
En ese contexto, cualquier conflicto adicional entre acreedores puede complicar el equilibrio del acuerdo.
Si el Principado reclamara formalmente el préstamo, introduciría un nuevo frente en el proceso, mas si se aparta discretamente, el plan tiene menos obstáculos.
Visto así, la frívola reinterpretación jurídica del préstamo puede entenderse como una forma de no entorpecer la resolución del proceso. Una especie de gesto de «buena voluntad» institucional que no altera en absoluto la naturaleza irresponsable y ricambolesca de la decisión.
El detalle curioso es que, en toda esta conversación sobre sacrificios, siempre aparecen los mismos protagonistas. Trabajadores que ajustan, acreedores que aceptan o no aceptan quitas, administraciones que renuncian a recuperar dinero.
Hay, sin embargo, un colectivo que suele atravesar las reestructuraciones con notable serenidad: las cúpulas directivas.
La plantilla se reduce, los acreedores negocian pérdidas y el sector público descubre que su dinero era privado. Pero los despachos donde se tomaron muchas de las decisiones que llevaron a la empresa hasta aquí rara vez aparecen en el capítulo de los sacrificios.
Quizá sea simplemente una coincidencia. O quizá estemos ante una de esas curiosas leyes no escritas de la política industrial española: cuando llegan los ajustes, siempre se reparten… aunque no necesariamente en todas las plantas del edificio.
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Referencia en LA NUEVA ESPAÑA
- El Principado dice ahora que los 6 millones que inyectó a Duro Felguera, y que no reclamará, “son de origen privado”, por Yago González, La Nueva España, 16 de marzo de 2026.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED