Si el propio acuerdo firmado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Adrián Barbón dice que hay que aumentar la oferta de vivienda, entonces está admitiendo algo muy sencillo: el problema de base no es la codicia de los propietarios, sino la escasez de oferta.
El Gobierno de España y el Principado de Asturias han firmado estos días un protocolo para impulsar vivienda asequible en Asturias.
Adrián Barbón lo presenta como un paso importante para facilitar el acceso a la vivienda.
Y hay un detalle clave que no conviene dejar pasar: si el propio acuerdo dice que hay que aumentar la oferta de vivienda, aunque sea vivienda pública, entonces está reconociendo algo que durante años se ha querido tapar con ruido político.
El problema no está en la supuesta codicia de los propietarios. El problema es que faltan viviendas. Faltan casas en venta, faltan pisos en alquiler y falta obra nueva en un mercado donde la demanda aprieta y la oferta no responde.
Ese reconocimiento implícito choca de frente con el relato que se ha repetido durante años en buena parte de la política y de los medios, donde se ha querido presentar la crisis de la vivienda como un simple problema de precios fijados por propietarios y arrendadores.
Pero cuando no hay suficientes viviendas, los precios suben.
No hace falta retórica ideológica, no hace falta desviar al ciudadano enfocándolo hacia el odio contra los propietarios. Hace falta, simplemente, mirar el mercado con los ojos abiertos.
Y cuando se tapa ese hecho con soluciones cómodas, se cae en el mismo vicio que ya denunciamos en Asturias Liberal: “Cero viviendas públicas del Gobierno central en Asturias: el “facilismo” como sustituto de la política de oferta«
Cuando faltan viviendas, poner topes al alquiler o cargar más al propietario no crea una sola casa nueva. Lo único que consigue es que haya aún menos oferta.
Por eso, cuando se imponen topes de precios, cuando se añaden cargas sobre los propietarios o cuando se lanza el mensaje de que alquilar un piso es una actividad bajo sospecha, lo que ocurre no es que aparezcan más viviendas. Ocurre justo lo contrario.
Parte de la oferta se retira, parte deja de salir al mercado y otra parte se encarece para cubrir el mayor riesgo. Es un efecto conocido, repetido y, aun así, tratado como si fuera un descubrimiento nuevo cada vez que llega otra subida.
O rechazado porque es una medida liberal y, como todo el mundo sabe, cualquier cosa que sea de liberal es mala aunque sea, como en este caso, realmente buena.
Un protocolo no es una grúa ni una licencia
Ahora bien, conviene poner los pies en el suelo. El acuerdo firmado entre Moncloa y el Principado es, por ahora, un protocolo.
Y un protocolo no es una promoción terminada, ni una licencia concedida, ni una urbanización ejecutada. No fija un número cerrado de viviendas, no marca un calendario preciso y no asegura una obra inmediata. Señala una intención sobre algo declarado urgente, sí, pero no resuelve el atasco inmediato. El problema es urgente, pero las soluciones… ya se verán.
Dicho de otro modo, estamos ante un texto que sirve para decir que se quiere hacer algo, pero no demuestra todavía que se esté haciendo.
Y el mercado de la vivienda no se mueve con ruedas de prensa. Se mueve con suelo disponible, con papeles firmados a tiempo y con obras que empiezan y terminan.
Lo que el Principado sí puede hacer y no está haciendo como debería
Y aquí está el punto decisivo. El Principado de Asturias no necesita esperar a un protocolo con el Gobierno central para actuar. Tiene herramientas propias y tiene competencia suficiente para empujar de verdad la oferta de suelo y la construcción de vivienda.
● Para empezar, puede actuar sobre el suelo. Puede cambiar la normativa urbanística para que haya más suelo listo para construir, puede facilitar cambios de uso y puede permitir más densidad en zonas donde la demanda aprieta.
Hoy no falta terreno físico; lo que faltan son decisiones administrativas que conviertan ese terreno en suelo útil para vivienda.
● Además, puede recortar los tiempos. En Asturias, como en buena parte de España, los trámites duran una barbaridad. Los planes se eternizan, los desarrollos se empantanan y las licencias llegan tarde.
La comunidad autónoma puede fijar plazos, puede simplificar procedimientos y puede sustituir permisos lentísimos por fórmulas más ágiles en determinados casos. No hablamos de una fantasía jurídica; hablamos de cosas que están dentro de su mano.
● También puede actuar sobre los costes. Puede revisar regulaciones y exigencias burocráticas añadidas que encarecen la construcción, puede adaptar la vivienda protegida a precios reales para que construirla no sea una ruina y puede evitar que una promoción nazca muerta porque las cuentas no salen desde el primer día.
Si construir no compensa, no se construye. Así de simple.
A eso se suma la posibilidad de mover suelo público. El Principado puede sacar suelo al mercado, puede cederlo en derecho de superficie, puede pactar con ayuntamientos y puede impulsar promociones concretas.
Pero para eso hace falta ejecución. Hace falta calendario, hace falta seguimiento y hace falta obra. No basta con anunciar una línea de trabajo.
Y, por último, puede coordinar y desbloquear. Puede intervenir cuando un ayuntamiento lleva años con el planeamiento atascado, puede ordenar mejor el territorio y puede quitar piedras del camino en vez de poner otra mesa de trabajo. Todo esto entra dentro de las posibilidades reales del Principado.
La pregunta, por tanto, no es qué permite el protocolo firmado con Moncloa, sino por qué no se está haciendo ya todo lo que sí depende directamente de Barbón y de su Gobierno.
Menos declaraciones y más casas
Porque el problema de la vivienda en Asturias no se va a resolver con declaraciones, ni con protocolos genéricos, ni con titulares bien peinados. Se resuelve con suelo disponible, con licencias rápidas, con costes que permitan construir y con reglas claras para quien arriesga su dinero.
Y aquí aparece la crítica de fondo. Adrián Barbón, en esto como en tantos grandes asuntos de la economía asturiana, parece más cómodo en el aire de las meras intenciones que en el suelo firme de las decisiones concretas.
Lo que de verdad mueve a Barbón a no moverse por Asturias es, justamente, que no le muevan tampoco el sillón. Y para eso lo mejor es anunciar sin arriesgar.
No arriesga porque teme dar la razón a los liberales cuando estos tienen razón y evidenciar que el socialismo ni soluciona ni deja solucionar.
Firma acuerdos, anuncia planes, se hace la foto y señala metas. Pero mientras tanto, el problema sigue donde estaba y la gente sigue esperando.
La vivienda en Asturias no necesita otro papel que diga que hay voluntad.
- ●Necesita suelo.
- ●Necesita rapidez.
- ●Necesita obra.
- ●Y necesita un presidente que deje de flotar sobre los problemas con declaraciones de intenciones y empiece a bajar al terreno donde se decide si se construye o no se construye.
Porque al final no hay misterio: si no se construyen viviendas, es porque no se puede o porque no compensa hacerlo. Y eso depende, en gran medida de que quien gobierna no presuma de ser de izquierdas.
- La Moncloa — Protocolo de colaboración para impulsar vivienda asequible en Asturias
- Cero viviendas públicas del Gobierno central en Asturias: el “facilismo” como sustituto de la política de oferta
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED