Lo recientemente publicado sobre el informe de la inspección de minas no abre una línea nueva: confirma, documenta y endurece lo que Asturias Liberal y otros medios regionales llevamos meses señalando. Y añade el elemento que cambia definitivamente el caso: las advertencias formales de irregularidades extremadamente graves existían y fueron ignoradas.

Ya no hablamos solo de fallos o descontrol sino que estamos ante algo mucho peor:

Una negligencia avisada y no corregida

Un informe que el Gobierno de Barbón ya tenía

El informe de la Inspección General de Servicios de 2020, elaborado bajo el Ejecutivo de Adrián Barbón, detectó:

●Fallos de organización

●Déficits de control

●Falta de planificación

●Problemas en el seguimiento de la actividad

●Desorden administrativo

No era una sospecha, era un documento oficial.

En ese momento, el área dependía políticamente del entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, quien defendió posteriormente la reorganización del sistema como una simple fusión operativa.

Hoy sabemos que no todas esas recomendaciones se aplicaron, tal y como recoge también la información publicada.

Cronología de una tragedia anunciada

1. Una mina que nunca dejó de estar viva

Asturias Liberal documentó desde el inicio que Cerredo operaba en una zona gris, donde lo legal tapaba lo ilegal y los funcionarios y políticos cubrían y renunciaban a mirar, tal y como se expuso en este análisis inicial.

Formalmente lo que había eran permisos limitados: un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que encubría explotación.

Materialmente hubo una pertinaz actividad que apuntaba a una extracción de carbón de 60.000 tm anuales.

Y se mire como se mire esto no era una anomalía puntual, era una dinámica sostenida que apunta directamente a una negligencia tolerada cuando no a una complicidad.

2. Un sistema que permitía la desviación

El problema no era solo empresarial, como se quiso desde el Gobierno aparentar durante las semanas inmediatamente posteriores al accidente. Era institucional:

El sistema permitió que lo autorizado y lo real se separaran sin control efectivo.

Este punto fue desarrollado críticamente frente al relato oficial en el contraste entre versiones mediáticas.

3. Advertencias oficiales (2020)

El dato que ahora se confirma simplemente cierra el círculo de lo ya anticipamos:

●El Gobierno de Barbón sabía que el sistema de control minero fallaba.

●Y lo sabía con detalle.

4. Decisiones políticas posteriores

Aquí está uno de los puntos más delicados, pues tras detectar esos fallos, el Ejecutivo no refuerza el sistema, no revisa, no investiga, no acentúa los controles. Solamente introduce cambios organizativos en las consejerías.

Reorganiza el Servicio de Minas con lo que busca diluir las funciones que fallaron y, con ello, dispersar el fallo mismo.

Ésta y otras medidas fueron defendidas por Enrique Fernández y asumidas por el Gobierno de Barbón.

5. Inspecciones que no detectan lo evidente

Durante los años siguientes, el sistema no detecta la actividad irregular y si lo hace, no la frena.

La pregunta clave es inevitable: ¿cómo es que no se detectó?

Y la respuesta empieza a ser evidente:

Porque el sistema encargado de detectar ya estaba fallando… y el Gobierno lo sabía.

6. El accidente (31 de marzo de 2025)

Cinco trabajadores mueren no por un fenómeno desconocido pues el grisú es un riesgo clásico en minería.

Pero también es cierto que a estas alturas de experiencia minera, solo mata cuando falla el control.

La dimisión de Belarmina Díaz… y lo que vino después

Belarmina Díaz Aguado no es hoy consejera porque su dimisión era necesaria para salvar provisionalmente la responsabilidad del Presidente. Cesó en su puesto el 15 de abril de 2025.

Había asumido el cargo en febrero de ese mismo año, en una remodelación del Gobierno de Adrián Barbón, y anteriormente había sido Directora General de Energía y Minería.

Pero lo relevante no es solo la dimisión, lo relevante es lo que hizo el Gobierno después, pues tras su salida, Adrián Barbón no nombra un sustituto equivalente sino que deshace el órgano:

●Elimina la consejería como tal

●Redistribuye competencias

●Borja Sánchez García asume Industria y Empleo

●Alejandro Calvo asume Medio Ambiente

Rebaja, en suma, el rango del área de Industria a nivel de viceconsejería.

Se disuelve la estructura directamente asociada al problema, se reparte la responsabilidad y se rebaja el nivel jerárquico.

Y el problema no desaparece… se difumina

De fallo a responsabilidad política

Con todo lo que hoy sabemos, el relato oficial ya no se sostiene porque cuando una Administración:

Detecta fallos (2020), los documenta y hace cambios organizativos PERO no corrige el problema y ocurre una tragedia directamente vinculada

Ya no estamos ante un accidente sino ante una responsabilidad política directa y una muy posible responsabilidad patrimonial, como ya se desarrolló en este análisis previo.

Ni las dimisiones han cerrado nada, ni la dimisión de Belarmina Díaz resolvió el problema más allá de la responsabilidad del Presidente.

A estas alturas, el caso Cerredo tiene un responsable político claro:

Adrián Barbón, que como presidente del Principado:

●Supervisa la estructura administrativa

●Valida reorganizaciones

●Asume decisiones de gobierno

Y, sobre todo:

Adrián Barbón gobernaba cuando se detectaron los fallos y cuando no se corrigieron.

Con todo ello, queda una única salida coherente en tres pasos:

●Declaración pública formal de Adrián Barbón reconociendo el fallo del sistema bajo su Ejecutivo y depurando responsabilidades políticas y administrativas. 

●Poner su cargo a disposición de la Junta General mediante una moción de confianza.

●Asumir la responsabilidad patrimonial del Principado porque aquí no falló la mina, falló la Administración.

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