La tormenta política que ha provocado o destapado la investigación del accidente de la mina de Cerredo del 31 de marzo de 2025 acorrala cada vez más a altos cargos del Gobierno de Adrián Barbón y, según todos los indicios, implica políticamente a éste.
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Cueli ratifica tres errores graves de la administración
El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha intentado fijar una línea de defensa que, en realidad, confirma lo esencial. Niega que el servicio sea “un caos”, pero reconoce la necesidad de aplicar recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios. Es decir: rechaza la etiqueta, pero admite el contenido.
No merece la pena detenerse demasiado ahí. Es un burdo movimiento clásico de defensa de lo ya indefendible.
La cuestión más importante de su declaración es que no se trata de una defensa basada en el rigor sino en el tembloroso estado en que queda alguien que es consciente de la gravedad de lo que ocurrió, de lo que se ocultó y de lo que los máximos responsables se juegan en todo esto.
Los tres pilares de la defensa
Cueli se apoya en tres pilares:
●bloqueo informativo (“no se podía compartir el informe”)
●retraso en la reacción política (informes no trasladados, decisiones pospuestas)
●control del relato (control interno de lo que se sabía y cuándo se sabía)
Esto cambia el plano del problema.
Ya no hablamos solo de fallos en la inspección, de picardías o corruptelas entre inspecciones y explotaciones. Hablamos de un sistema administrativo que no dejaba circular la información crítica, que la retrasaba regularmente y no por simple negligencia ocasional.
A esto se añade un elemento clave señalado por el propio Cueli: la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), existía desde hace años, no era una anomalía reciente, sino mecanismo estructural y utilizado por empresas, incluida la vinculada a Cerredo. Por lo que el uso de los PIC queda en entredicho y exige una revisión completa.
La traducción estratégica es evidente:
No estamos ante un desvío puntual, sino ante un modelo operativo de comportamiento consolidado de órganos y funcionarios que los altos cargos del servicio y, por tanto, el Gobierno del Principado conocían.
Una defensa incoherente
La defensa se vuelve aún más débil cuando se observa su incoherencia interna. Se afirma que el sistema funciona, pero se reconocen fallos. Se niega el caos, pero se admiten deficiencias. Se justifica la falta de acción en procedimientos, pero no se explica qué tipo de procedimientos pueden producir muertes y qué presiones o incentivos perversos impelen a las personas responsables de ellos a no reaccionar en ningún momento.
La consecuencia es clara: no es una defensa la de Javier Cueli sino una admisión del fracaso doloso de un servicio público.
Y esa admisión no se produce sólo en el discurso sino que se produjo en los hechos.
Porque cuando el Gobierno de Adrián Barbón acepta la dimisión de Belarmina Díaz y, en lugar de reforzar la estructura, elimina la consejería, redistribuye funciones y rebaja su rango, está haciendo algo más que reorganizar.
Está reconociendo implícitamente que el sistema previo no se sostiene. Y está buscando la trampa perceptiva de que el fallo es de un organigrama y no de unos responsables.
Ese es el punto de anclaje que señalamos en el artículo anterior y hoy queda reforzado:
Ni las estructuras fallan solas, ni los organigramas cometen errores, ni los errores se producen sin autores.
La derivación política
La derivación política es inevitable. El foco que Adrián Barbón pone sobre Nieves Roqueñí y Enrique Fernández no es injustificado, pero es incompleto si se pretende cerrar ahí el caso: se eecha mucho de menos la responsabilidad del propio Presidente.
● Bajo la etapa de Roqueñí, se acumulan decisiones que afectan al control efectivo del sector: reducción de exigencia sancionadora, debilidad en la supervisión y consolidación de marcos administrativos que permitieron operar en zonas grises. No es un episodio aislado, es el inicio de una dinámica.
Tras su salida, no se desvincula del ámbito: es premiada con el nombramiento como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón (El Musel) en febrero de 2025, además de haber presidido previamente CADASA y COGERSA.
● Esa dinámica no se corrige con Enrique Fernández. Al contrario: se reorganiza el sistema en un momento en el que ya existían advertencias formales (2020). La supresión o dilución de estructuras específicas de control minero no refuerza el sistema; lo debilita. Y lo hace cuando ya se sabía que fallaba.
Tras su salida del Gobierno, no abandona el sector sino que recibe también el premio de la puerta giratoria: pasa a presidir HUNOSA, empresa pública minera, donde ya ejercía activamente al menos desde 2024.
El patrón de rotación
El patrón de funcionamiento de la administración que encabeza inevitablemente el Presidente es claro:
●quienes gestionan el sistema
●quienes detectan o no corrigen sus fallos
●y quienes ocupan posiciones clave después
Todos ellos son los mismos perfiles rotando dentro del mismo entramado público.
Aquí aparece la inconsistencia central.
El presidente Adrián Barbón intenta acotar responsabilidades hacia sus exconsejeros, pero al mismo tiempo reconoce que las decisiones relevantes pasaron por el Consejo de Gobierno. No puede sostener ambas cosas a la vez.
Porque si las decisiones eran del Consejo, entonces eran también suyas.
Y si no lo eran, entonces el problema es aún mayor: un Ejecutivo que no controla sus propias decisiones.
A esto se suma un hecho determinante: la respuesta tras el accidente no fue reforzar el control, sino reorganizar y rebajar la estructura. No es una corrección; es una admisión.
Por tanto, la cadena es clara:
●decisiones iniciales (Roqueñí)
●continuidad y reorganización (Fernández)
●validación y mantenimiento del sistema (Barbón)
No son dos nombres a los que culpar individualmente, fuera de una trama mayor, es una cadena de decisiones políticas que culmina bajo un Presidente.
Y en esa cadena, la responsabilidad no se debe diluir hacia atrás: se concentra arriba.
Una cadena continua de decisiones
Porque desmonta la idea de responsabilidades acotadas en el tiempo o en personas concretas.
No hay etapas aisladas. Hay una cadena continua de decisiones políticas dentro de un mismo núcleo de poder. Y en ese núcleo, la figura de Adrián Barbón no puede quedar al margen.
Porque durante todas esas fases:
●es presidente del Principado
●preside el Consejo de Gobierno que valida decisiones
●mantiene la estructura que no corrige los fallos detectados
Aquí aparece la inconsistencia central: se señala hacia exconsejeros, pero las decisiones relevantes pasan por el Ejecutivo que él dirige.
Y si pasan por ahí, también son suyas.
El análisis técnico y las defensas posteriores —negaciones parciales, justificaciones procedimentales— quedan así en segundo plano. Lo determinante es la secuencia:
●fallos detectados
●no corregidos
●sistema mantenido
●responsables reubicados dentro del mismo sistema
No son dos nombres Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
Es una estructura que se preserva a sí misma.
Y en esa estructura, la responsabilidad se concentra arriba.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED