El consejero de IU-CA, Ovidio Zapico, mantiene una posición delicada dentro del Consejo de Gobierno derivada de su indirecta corresponsabilidad en la decisión de Adrián Barbón y del entonces consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández de suprimir el Servicio de Seguridad Minera cuyo papel en el accidente de la mina de Cerredo fue fundamental.
La reestructuración de 2019
La reestructuración de agosto de 2019 llevada a cabo por el Gobierno regional no fue un ajuste menor ni una travesura burocrática. El Decreto 81/2019, que fijó la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, se aprobó “a propuesta del consejero” y “previo acuerdo del Consejo de Gobierno” en la reunión del 30 de agosto de 2019. Es decir, no fue una ocurrencia técnica perdida en un despacho: fue una decisión política formal y colegiada del Ejecutivo de Adrián Barbón. En dicho decreto, el servicio independiente de Seguridad Minera fue eliminado como tal y sus funciones se diluyeron al integrarse en el nuevo Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros, perdiendo este su independencia.
Ese decreto reordenó la estructura de la consejería bajo la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, dentro de una reestructuración general del Gobierno. Lo importante no es solo lo que nombra, sino lo que revela: el sistema de control minero independiente fue suprimido como tal.
Y si años después, en este abril de 2026, el propio Barbón repuso dicho servicio, un año después de que la muerte de cinco mineros en la mina de Cerredo hubiera ocurrido, deja expuesto gravemente tanto a uno como a otro solamente por esa razón. Hay muchas más razones para extender la necesidad de dimisión a Nieves Roqueñí.
Pero solamente por el papel determinante que tuvo en el accidente de una mina carente de toda medida de seguridad es suficiente para que Adrián Barbón y Enrique Fernández asuman plenamente su responsabilidad.
IU y su responsabilidad política
Pero no solamente ellos. En 2019, IU no estaba dentro del Consejo de Gobierno. El PSOE gobernó en solitario con consejeros socialistas e IU apoyó su investidura desde el Parlamento, conocedor de la supresión del servicio. ¿Qué manifestó Izquierda Unida entonces? Nada tuvo que decir. No se trata de la misma responsabilidad administrativa, pero sí de una similar responsabilidad política a la de Adrián Barbón y su equipo de consejeros de entonces.
No se puede afirmar que Izquierda Unida esté políticamente limpia. No formaba parte del órgano que firmó la reestructuración, pero sí del apoyo parlamentario del Gobierno que la hizo posible.
Y cuando en 2023 IU decidió entrar en el Consejo de Gobierno ofreció el mismo silencio político ante la supresión del servicio: no hubo exigencia de reposición del mismo por parte de Ovidio Zapico. Y eso no equivale a coautoría directa, pero sí a una responsabilidad de sostén.
La tibieza de Ovidio Zapico
IU, integrada en el Gobierno, mantiene una posición tan visiblemente tibia con el presidente que más parece una declaración de intenciones. Ovidio Zapico ha llamado “sobreactuación” a pedir la dimisión de Barbón, aunque al mismo tiempo admite que el informe es la “pieza angular” de la que deben derivarse consecuencias políticas y administrativas. Es evidente y sencillo de exponer cuáles son las responsabilidades que cita el consejero Zapico:
- Cese en sus cargos actuales otorgados como premio y puerta giratoria a Nieves Roqueñí y Enrique Fernández: presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón y presidencia de HUNOSA, respectivamente.
- Presentación de una cuestión de confianza ante la Junta General por parte del presidente Barbón.
Estas dos medidas de responsabilidad política se ciñen a las condiciones mínimas de permanencia en el cargo en un Estado democrático e IU tiene el deber de asumir su exigencia ante el presidente. ¿Por qué? Porque su silencio ante los casi siete años de inexistencia de facto del Servicio de Seguridad Minera mancha gravemente su reputación política. Porque no falló una empresa que incumplió, falló un servicio de inspección que no existió. E Izquierda Unida tiene algo que ver en ello.
Asturias Liberal ya ha exigido públicamente esas dimisiones y la cuestión de confianza en este artículo, y ha denunciado también la implicación de Adrián Barbón en este otro análisis.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED