Manual para el votante: los derechos

Como parte de mi manual para el votante, hoy les hablaré de los derechos. Muchos políticos se postulan como creadores, aumentadores o defensores de derechos, especialmente desde los partidos de izquierda, aunque no exclusivamente. Los “derechos” se usan como coacción, como cebo, como medalla, como premio o como reclamo.

De dónde viene un derecho

Veamos qué es un «derecho» y de dónde sale. Advierto que puede parecer un poco denso, pero entiendo que es imprescindible saber de dónde venimos para saber dónde estamos. Primero, un poco de Historia:

El concepto de derechos de las personas fue evolucionando a través de los tiempos, tiene sus primeros antecedentes con la conquista de Babilonia por Ciro el Grande de Persia, donde liberó a los esclavos, declarando la libertad de culto y la igualdad racial. En la antigua Roma se enunció una «ley natural», basada en la razón y la naturaleza de las cosas, aplicable a todos los ciudadanos por igual. La Carta Magna inglesa en el siglo XIII limitaba explícitamente el poder real y estableció las primeras garantías legales para proteger a los súbditos contra los abusos de la Corona. Más tarde podemos mencionar la Declaración de Independencia americana, donde se establece que «todos los hombres son creados iguales» y poseen derechos inalienables como la vida y la libertad, o la Revolución Francesa, donde la Asamblea Nacional redactó la «Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano», consolidando las bases de la libertad, la igualdad jurídica y la fraternidad.

Todo esto desemboca el 10 de diciembre de 1948 con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como reacción a las atrocidades realizadas en la Segunda Guerra Mundial. Sus 30 artículos definen por primera vez los derechos civiles, políticos, económicos y sociales inherentes a cualquier persona, sin distinción alguna.

Muy resumidamente: son los derechos a dignidad, libertad, igualdad y fraternidad, a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura, derecho a la privacidad, libre circulación, asilo y propiedad, libertad de pensamiento, opinión, religión, expresión y asociación. Derecho al trabajo, educación, salud, vivienda y cultura, y derecho a un orden social que garantice estos derechos y deberes hacia la comunidad.

Aunque la Declaración no es un tratado vinculante, su peso moral y político ha transformado el derecho internacional y ha servido como base obligatoria para la redacción de constituciones nacionales, leyes locales y tratados internacionales. España se adhiere a la Declaración de Derechos Humanos en diciembre de 1955 con su ingreso en la ONU.

Qué es un derecho humano

Veamos más detalladamente qué es un «derecho humano».

Es un principio jurídico y moral que reconoce que todas las personas, sin excepción, tienen libertades y protecciones fundamentales por el simple hecho de nacer humanos y son independientes de la nacionalidad, el género, el idioma, la raza, la religión o cualquier otra condición. Para que un derecho sea considerado «humano», debe cumplir con cinco propiedades esenciales:

• Universales: Pertenecen a absolutamente todas las personas del planeta, sin discriminación.
• Inalienables: No se pueden restringir, vender, ceder ni arrebatar legítimamente.
• Inherentes: Nacen con la persona y no dependen de la concesión de ningún gobierno o ley.
• Interdependientes: El disfrute de un derecho depende de que se garanticen los demás; por ejemplo, el derecho a la salud requiere agua potable.
• Indivisibles: Todos tienen el mismo valor y no se pueden jerarquizar; no hay derechos más importantes que otros.

Derechos civiles, políticos y sociales

Y ahora que ya sabemos qué es un «derecho humano», vemos cómo se desarrollan otros derechos más específicos: los derechos civiles, los políticos y los sociales:

• Los derechos civiles son un conjunto de libertades y protecciones legales que garantizan la integridad física y mental de las personas, asegurando su capacidad para vivir libres de abusos por parte de gobiernos, instituciones o cualquier otra persona. Exigen que el Estado no intervenga en la libertad del individuo.
• Los derechos políticos son el conjunto de atribuciones legales que permiten a los ciudadanos participar de manera directa o indirecta en la vida pública, el gobierno y la toma de decisiones del Estado. Regulan la participación en el gobierno.
• Los derechos sociales son el conjunto de derechos humanos que garantizan a las personas las condiciones económicas, sociales y culturales necesarias para vivir con dignidad y desarrollarse plenamente en sociedad. Estos derechos obligan al Estado a intervenir de forma activa. El gobierno debe proveer servicios, recursos e infraestructura para asegurar que nadie quede desamparado y buscan reducir la desigualdad y proteger a los ciudadanos frente a los riesgos de la vida, como la enfermedad, la vejez o el desempleo, basándose en tres principios:

• Justicia social: Asegurar una distribución equitativa de las oportunidades y la riqueza.
• Bienestar colectivo: Garantizar un nivel de vida mínimo aceptable para todos los miembros de la comunidad.
• Igualdad real: Corregir las desigualdades económicas de nacimiento para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de éxito.

La deformación demagógica del derecho

Es en este último grupo de derechos, los sociales, donde quisiera centrar mi crítica y explicar cómo, a mi juicio, se ha deformado desde la demagogia el concepto de «derecho». Con increíble ligereza hay determinados grupos políticos que prometen la conquista de nuevos derechos, o se erigen en paladines de su defensa, ocultando de manera deliberada que los derechos conllevan obligaciones de manera inseparable. En el derecho constitucional e internacional existe un principio fundamental: no hay derecho sin deber. Los derechos humanos no son libertades absolutas para actuar sin control, sino un pacto social donde la libertad de uno termina donde empieza la del otro.

El ciudadano tiene fundamentalmente tres deberes frente a los derechos humanos:

Deber de respeto mutuo: Tienes la obligación de no discriminar, no agredir y no vulnerar la dignidad de ninguna persona. Tu derecho a la libre expresión, por ejemplo, no te da derecho a calumniar o insultar a otra persona, ni tu derecho a la propiedad puede menoscabar la de otros.

Deberes cívicos y democráticos: Incluyen la obligación de respetar las leyes del país y resolver los conflictos de forma pacífica.

Deber de contribución: Para que existan servicios públicos que sostengan los derechos, como el derecho a la salud o el derecho a la educación, los ciudadanos tienen la obligación legal de pagar impuestos según su capacidad económica, para que el Estado pueda sostener dichos servicios.

Derecho a vivienda: también obligación

Y es aquí donde se confunden los términos. ¿El ciudadano tiene derecho a una vivienda? Claro que sí, y también la obligación de pagarla, de mantenerla en condiciones, de colaborar en los gastos comunitarios, de pagar los impuestos que la pudieran gravar y de cumplir toda la legislación relativa a dicha propiedad.

La mentira que nos venden, la demagogia, es que hacen parecer que puedes elegir qué parte coges y qué parte te saltas, sin consecuencias aparentes. Si la casa está vacía y es propiedad de un malvado y anónimo “fondo buitre”, sin cara ni cuerpo, entonces ¿tienes derecho a ocupar ilegalmente y sin permiso alguno esa casa? Pues claramente, no. El apellido “buitre” se lo ponen para deshumanizarlo, para darle ese barniz siniestro que le hace parecer malvado y merecedor de todos los males. Pero un fondo de inversión, al fin y a la postre, es la reunión de los ahorros de personas, que una empresa gestiona para crear beneficios. Por lo que ocupando esa casa estás dañando la propiedad de otras personas, no de ninguna malvada, opaca y deshumanizada organización.

Derecho al trabajo: no a cobrar sin producir

En el asunto de los derechos laborales volvemos a topar con el concepto de la aceptación parcial de las obligaciones inherentes al trabajo. ¿El ciudadano tiene derecho al trabajo? Así es, pero también tiene la obligación de cumplir los términos de su contrato o convenio colectivo que le sea de aplicación. El derecho al trabajo no es equivalente a derecho a cobrar un sueldo sin ganárselo.

Algunos políticos quieren vendernos reducciones de tiempo de trabajo por el mismo sueldo, o aumento de salario, por decreto, a las bravas y sin contar con el consenso de los empresarios, que al final son los que crean las empresas y generan esos puestos de trabajo a los que el ciudadano tiene derecho. Sin empresa no hay puesto de trabajo, es así de simple. Y los sueldos no brotan en los árboles, hay que generarlos. Una empresa no puede sobrevivir pagando a sus empleados más dinero de lo que estos generan, es pura lógica matemática y economía básica.

No deja de ser al mismo tiempo una especie de estafa. El político promete eso porque es “popular” para obtener más votos. Pero la intervención de la economía por decreto solo puede llevar al desastre. Si se obliga a la empresa a pagar más de lo que genera, entra en pérdidas y desaparece, y con ella los puestos de trabajo. ¿Y qué le da derecho a ese político a intervenir en un acuerdo empresa-empleado en el cual él no aporta nada? Ni trabajo, ni capital.

Preguntas antes de aceptar un nuevo derecho

Basándose en el barniz de respetabilidad que tiene el concepto de “derecho”, ganado por el desarrollo histórico que ha tenido y por el prestigio de las organizaciones que lo han definido, tratan de colarnos como “derechos” cosas que no lo son. Antes de creerse que van a regalar algo, o que van a conceder alguna prebenda que antes no teníamos, amable lector, pregúntate:

• El coste de su implantación o desarrollo, ¿quién lo va a pagar? Si es el Estado, no pierdan de vista que quien lo paga es el contribuyente. El Estado administra, pero no genera nada.
• ¿Qué obligaciones conlleva este nuevo derecho? Si aparentemente no tiene ninguna, hay que desconfiar, y mucho.
• ¿Ese derecho que se me otorga, modifica, limita o daña el derecho de un tercero? Si lo que me dan hay que quitárselo a otro, tampoco es un derecho. Lo llamarán redistribución, que suena mejor, pero es expolio.

La realidad no se deroga por decreto

No se crean los cantos de sirena, ni las utopías de colores o de bonitos sentimientos. La realidad es tozuda. El dinero no se genera del aire, ni crece en los árboles. En última instancia, de una manera torticera e interesada, lo que se promete es un mayor bienestar económico a cambio de sus votos, pero eso solo se logra a través de cosas tan impopulares como el trabajo duro, el ahorro, la inversión, el esfuerzo y la formación.

Y ahora, aquí abajo en la parte de comentarios, estimado lector, dígame si cree que me equivoco. Está en su derecho.