La caída de Nicolás Maduro abrió en Venezuela una esperanza que millones de ciudadanos habían pagado con cárcel, exilio, hambre y miedo. Parecía posible que el país comenzara a desmontar el aparato levantado durante más de un cuarto de siglo para someter a la sociedad.
Pero una dictadura no desaparece cuando cae uno de sus rostros. Desaparece cuando se desmantelan sus instrumentos.
La máquina sigue en pie
Se resume perfectamente con una frase que no admite maquillaje: Delcy Rodríguez encabeza «una máquina trituradora de los derechos humanos». No es una metáfora excesiva.
Es la descripción de una estructura que conserva cárceles políticas, servicios de inteligencia sin depurar, jueces subordinados, leyes represivas y funcionarios vinculados a abusos que continúan ocupando posiciones dentro del aparato estatal.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha advertido que mecanismos fundamentales de la represión permanecen intactos. Sus investigaciones siguen documentando detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas, mientras responsables vinculados a graves violaciones anteriores permanecen dentro de las estructuras del Estado.
Excarcelar no equivale a liberar
Las excarcelaciones producidas durante estos meses deben ser reconocidas, pero no confundidas con libertad plena. Excarcelar no siempre significa absolver, devolver derechos, reparar el daño ni garantizar que el liberado no vuelva a ser detenido. Administrar selectivamente las rejas también es administrar el miedo.
La libertad no puede convertirse en una concesión periódica del poder.
La puesta de largo internacional de Delcy Rodríguez
En ese contexto, la anunciada presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de Naciones Unidas adquiere un significado que excede una visita diplomática. Su participación en Nueva York y los encuentros previstos al margen de la Asamblea suponen una puesta de largo internacional de la actual dirección venezolana. Reuters ha confirmado su presencia y los contactos internacionales previstos.
La fotografía de normalidad institucional, sin embargo, no modifica por sí misma la situación de los derechos humanos.
Mientras se celebran reuniones diplomáticas, continúan pendientes la liberación incondicional de los presos políticos, la investigación de las torturas, la reparación de las víctimas y el desmontaje efectivo de los mecanismos utilizados para la persecución política.
Petróleo y democracia no son incompatibles
La cuestión petrolera tampoco obliga a escoger entre democracia e intereses económicos. María Corina Machado ha defendido expresamente la asociación económica y energética entre Venezuela y Estados Unidos. Su discrepancia se refiere a las condiciones institucionales en las que debe desarrollarse.
En declaraciones recogidas el 3 de septiembre por Reuters, Machado sostuvo que solo un Gobierno serio y democrático puede proporcionar la estabilidad necesaria para atraer inversiones petroleras duraderas.
Su planteamiento no consiste en cerrar Venezuela a los acuerdos energéticos ni al capital estadounidense, sino en sostener que una Venezuela democrática puede desarrollar esa relación con mayor seguridad jurídica, transparencia y estabilidad.
Es una idea que el propio Antonio Ledezma ha desarrollado en Asturias Liberal. En «Acuerdo para ganar-ganar» recuerda una regla elemental:
no existe recuperación económica sostenible sin seguridad jurídica, y no existe seguridad jurídica verdadera sin instituciones democráticas.
La voluntad expresada en las urnas
Existe además una cuestión que ninguna normalización política debería hacer desaparecer: lo sucedido en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El Centro Carter, invitado oficialmente a observar aquellos comicios, concluyó que la elección no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y señaló que el Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados desglosados por mesa que permitieran comprobar su proclamación oficial.
Posteriormente, el propio Centro Carter examinó las actas recopiladas por la oposición, correspondientes a más del 80% de las mesas. Esas actas atribuían a Edmundo González Urrutia aproximadamente el 67% de los votos, frente a alrededor del 30% de Nicolás Maduro. Su informe final señaló además que las actas publicadas habían sido consideradas legítimas por auditores externos y académicos.
Por ello, la legitimidad derivada de aquella victoria electoral de Edmundo González debe finalmente ser reconocida.
La prolongación material de una estructura de poder no puede sustituir indefinidamente a la voluntad acreditada de los electores.
No basta con cambiar la escenografía
Una transición democrática no se acredita mediante fotografías, contratos o ceremonias internacionales. Se acredita con hechos: liberación de los presos políticos, fin de la tortura, garantías para los exiliados, independencia judicial, libertades públicas y desmontaje del aparato represivo.
Ledezma lleva meses insistiendo en esa continuidad. Venezuela no necesita simplemente sustituir nombres en la cúspide, sino romper con los mecanismos que hicieron posible la persecución y la arbitrariedad.
Ese es el problema que permanece ante nuestros ojos. La trituradora sigue funcionando.
Y mientras sus engranajes institucionales, policiales y judiciales sigan operativos, podrá cambiar la escenografía, pero la transición democrática seguirá incompleta.
Para ampliar
- Antonio Ledezma: «Venezuela y los miles de presos políticos». Presos políticos, torturas, medidas cautelares, jueces militantes y la «puerta giratoria» de la represión.
- Antonio Ledezma: «Todos van preso». Denuncia de las detenciones arbitrarias y de los centros de reclusión utilizados contra militares y civiles opositores.
- Antonio Ledezma: «La libertad, la vida y los bienes». Sobre detenciones arbitrarias, persecución política y violaciones graves de derechos humanos.
- Antonio Ledezma: «El daño más profundo a superar». Sobre la destrucción institucional, el Estado de Derecho y las secuelas humanas de la represión.
- Joaquín Santiago Rubio: «El Helicoide como sistema bolivariano: el caso Rocío San Miguel». El centro de detención como expresión de un sistema de poder y no como una anomalía aislada.