Venezuela arrastra una tragedia cuya profundidad no puede medirse únicamente en cifras económicas o migratorias. Se expresa también en el desmantelamiento de sus instituciones y en el sufrimiento cotidiano de su gente.
Comprender cómo llegamos hasta aquí exige un diagnóstico honesto, sin eufemismos. Lo que ha vivido nuestro país no es un simple accidente histórico:
Responde a un proyecto de concentración del poder que ha socavado uno de los avances democráticos más importantes de la Venezuela contemporánea: la descentralización.
El origen de un proyecto autoritario
La vocación autoritaria de ese proyecto quedó en evidencia antes de su llegada al Gobierno. En 1992, como gobernador del Distrito Federal, me correspondió defender el orden constitucional frente a las dos intentonas golpistas de aquel año: la del 4 de febrero, encabezada por Hugo Chávez, y la del 27 de noviembre, protagonizada por otros militares insurrectos.
Junto al presidente Carlos Andrés Pérez y a las instituciones democráticas, enfrentamos aquellas acciones contra la República.
Elegido alcalde del municipio Libertador en 1995, asumí el cargo en enero de 1996. Me tocó trabajar primero durante la presidencia de Rafael Caldera y, después, con Chávez en Miraflores, a partir de 1999.
Fue entonces cuando sufrimos la asfixia financiera que denunciamos durante nuestra gestión: la retención de recursos que legalmente correspondían al municipio, bajo la administración del entonces gobernador del Distrito Federal, Hernán Grüber Odremán.
No se castigaba únicamente a un alcalde, se perjudicaba a los ciudadanos que dependían de los servicios municipales.
El despojo de la Alcaldía Metropolitana
Ese mecanismo se profundizó años después contra la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Tras nuestra victoria electoral de noviembre de 2008, el Gobierno impulsó una estructura de poder paralela, encabezada por una funcionaria designada por el “dedo” autoritario de Chávez, a la que transfirió competencias y recursos de la institución que los caraqueños nos habían confiado mediante el voto.
Denunciamos el despojo de la mayor parte del presupuesto, la ocupación de sedes institucionales y la imposición de cargas laborales que comprometían nuestra capacidad de gestión. Se pretendía vaciar de contenido una autoridad elegida por los ciudadanos.
A pesar de aquel cerco, seguimos trabajando. Impulsamos el Plan Estratégico de Caracas y propuestas como TransMetrópoli, el Parque para la Vida y la modernización del manejo de residuos sólidos.
Eran iniciativas para una capital más integrada, habitable y eficiente.
No todas pudieron ejecutarse, pero dejaron una base de planificación que merece ser revisada, actualizada y aprovechada en democracia.
La autonomía negada desde el poder central
Nuestra experiencia no fue un caso aislado. Durante estos años, numerosos gobernadores y alcaldes han trabajado con empeño para responder a las necesidades de sus comunidades. Sería injusto desconocer sus esfuerzos.
El problema es que sus iniciativas han tropezado una y otra vez con un poder central que restringe recursos, invade competencias y subordina las instituciones a la obediencia política.
La descentralización no puede funcionar cuando la autonomía existe en el papel, pero se niega en el presupuesto y en las decisiones.
El Zulia: riqueza sin bienestar
El Zulia muestra con crudeza esa contradicción.
Una región de extraordinaria riqueza energética padece interrupciones del servicio eléctrico y graves dificultades de acceso al agua potable. Sus recursos naturales no se traducen, por sí solos, en bienestar.
Hacen falta inversión, mantenimiento, capacidad técnica y rendición de cuentas.
A mi juicio, el centralismo, la corrupción y la subordinación de la gestión pública a criterios políticos han agravado esa distancia entre el potencial de la región y las condiciones de vida de sus habitantes.
Tampoco puede construirse su porvenir debilitando instituciones fundamentales como la Universidad del Zulia.
Los límites de la gestión local
Este panorama obliga a distinguir entre el valor de la gestión local y los límites que le impone el sistema. No se trata de menospreciar la elección de un alcalde o de un gobernador, ni de desconocer lo que una autoridad responsable puede hacer por sus vecinos.
Se trata de comprender que esos esfuerzos, por necesarios que sean, no bastan para transformar un modelo que concentra las decisiones y los recursos en la Presidencia de la República.
El cambio político nacional como condición
Por eso sostengo que la salida exige un cambio político nacional y que la elección presidencial debe abrir el camino a una transformación democrática efectiva.
No basta con sustituir a quien ocupa Miraflores, es indispensable cambiar la manera de ejercer el poder. Venezuela necesita un liderazgo comprometido con los límites constitucionales, la independencia de las instituciones y la autonomía de sus estados y municipios.
Ese cambio debe permitirnos recuperar la descentralización, no como una concesión del Ejecutivo, sino como un principio de organización de la República.
Necesitamos una Presidencia civilista, sin pretensiones hegemónicas, que gobierne sin invadirlo todo y que entienda que compartir responsabilidades no debilita al Estado, más bien lo acerca a los ciudadanos.
Una República de responsabilidades compartidas
Un país no se reconstruye desde un solo despacho. Su recuperación exige competencias claras, recursos suficientes y responsabilidades verificables para el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías.
Exige también la participación de las comunidades organizadas, los gremios empresariales, los sindicatos, las universidades y los liderazgos estudiantiles y culturales.
La autonomía debe ir acompañada de transparencia, controles y rendición de cuentas.
Devolver el poder a las regiones
Sanar a Venezuela exige desmontar el centralismo asfixiante y devolver a sus regiones la capacidad de decidir, administrar y construir su propio porvenir.
El cambio en Miraflores debe servir para que el poder deje de terminar allí.
Esa es la transformación que propongo: una República en la que ninguna comunidad tenga que pedir como favor lo que le corresponde por derecho.
Antonio José Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, 1 de mayo de 1955) es un político y abogado venezolano, destacado opositor al régimen de Nicolas Maduro. Actualmente exiliado político en España. Fue el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández.También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal. Fue dos veces Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) desde 1984 y fue elegido Senador de la República en 1994, siendo la persona más joven en ser elegida para ese cargo.