Hay un cinismo que ofende a la conciencia democrática. Las autoridades del interinato aspiran al reconocimiento de los gobiernos libres del mundo, pretenden presentarse como una alternativa institucional y reclaman confianza internacional.
Al mismo tiempo, mantienen bajo rejas a centenares de venezolanos cuya libertad ha sido exigida reiteradamente por organismos internacionales de derechos humanos.
Esa contradicción tiene nombres, rostros y familias. Según el último balance de Foro Penal, permanecen detenidos por razones políticas 321 venezolanos: 181 civiles y 140 militares. Ciento setenta y uno siguen sin condena. Cada cifra representa una casa en silencio, una madre esperando noticias, unos hijos obligados a crecer con la ausencia de su padre o de su madre.
El poder que hoy pide legitimidad fuera de Venezuela debe empezar por reconocer una verdad elemental dentro de Venezuela, ninguna transición será creíble mientras haya presos políticos.
La libertad de quienes están detenidos arbitrariamente constituye una obligación de Estado, una exigencia ética y una condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana.
La persecución política y los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado decenas de medidas cautelares a favor de militares y civiles perseguidos, al advertir riesgos graves contra su vida, salud e integridad.
También ha sido tajante: las excarcelaciones con restricciones no equivalen a libertad plena y tampoco reparan la arbitrariedad de la detención. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha documentado una práctica que se prolonga en el tiempo: detenciones sin garantías, procesos judiciales usados como castigo y cárceles convertidas en instrumentos de intimidación política.
El patrón comenzó durante el régimen de Hugo Chávez, se profundizó bajo Nicolás Maduro y continúa bajo quienes conservan la maquinaria de persecución.
El reconocimiento internacional exige reconocer la verdad
Venezuela necesita que sus autoridades reconozcan esta verdad antes de pedir que el mundo las reconozca a ellas.
El lunes 16 de noviembre, durante el desayuno informativo del Fórum Europa organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, tuve la oportunidad de planteárselo al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi: la situación de los presos políticos venezolanos reclama la atención persistente de las democracias de nuestro continente y exige que el Estado acate las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las decisiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
La legitimidad nace de la soberanía popular, del respeto a la Constitución y de la protección efectiva de los derechos humanos.
Delcy Rodríguez y el núcleo de poder que la acompaña tienen en sus manos la decisión de liberar a quienes permanecen injustamente encarcelados. Las llaves de esas rejas están en Miraflores.
Bastaría una voluntad política clara para abrirlas, restituir la libertad plena y detener el sufrimiento de tantas familias expuestas a la angustia diaria de saber que sus seres queridos continúan en cárceles marcadas por la precariedad, el aislamiento y el riesgo.
Una salida pacífica y democrática
La salida pacífica que defienden María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ofrece un camino responsable: libertad plena para los presos políticos civiles y militares, desmantelamiento del aparato represivo, garantías para todos los actores y elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables. Esa ruta coloca la soberanía en el lugar que le corresponde: en las manos del pueblo.
Pero una elección, por sí sola, no resolverá la tragedia venezolana. Hace falta organizar al país desde abajo. En los barrios, urbanizaciones, gremios, sindicatos, centros estudiantiles, universidades, ateneos y espacios culturales debe renacer el debate ciudadano.
Venezuela necesita hablar de lo que ha ocurrido, de cómo reparar el daño y de cómo reencontrar a los millones de compatriotas dispersos por el mundo.
La libertad como primera prueba de legitimidad
La democracia se reconstruye con instituciones, pero también con ciudadanos activos. Se reconstruye cuando cada venezolano comprende que su voz cuenta y que el país no puede seguir siendo administrado por una élite que teme a la libertad.
La verdad está frente a ellos. La libertad de los presos políticos es la primera prueba.
Mientras eviten asumirla, seguirán pidiendo reconocimiento para una legitimidad que Venezuela no les ha concedido.

Antonio José Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, 1 de mayo de 1955) es un político y abogado venezolano, destacado opositor al régimen de Nicolas Maduro. Actualmente exiliado político en España. Fue el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández.También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal. Fue dos veces Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) desde 1984 y fue elegido Senador de la República en 1994, siendo la persona más joven en ser elegida para ese cargo.
