(Importante y agudo análisis de Marcelino Lastra sobre el control de los resultados electorales, lejos de las teorías de la conspiración, pero también de la ingenuidad sobre las prácticas fraudulentas en democracia. Aparecido en https://www.miciudadreal.es/).
Me explico: La legitimidad del resultado de las elecciones pasadas no la da el Ministro del Interior, ni la portavoz del Gobierno, ni una pléyade de observadores internacionales, por muy bienintencionados que sean.
La legitimidad de un proceso electoral sólo es posible cuando cada etapa del mismo ha sido sometida al control real y efectivo del resto de los actores afectados. Bastaría que un pequeño eslabón del proceso hubiera escapado a dicho control para que su resultado perdiera la legitimidad.
Me enfocaré en el recuento de los votos del 28 de Abril.
Por resumir, lo dividiré en tres etapas: Primera: Recuento de cada mesa y envío encriptado de los resultados a través de una tableta. Segunda: Captura de dichos resultados por un elemento intermedio creado expresamente y a última hora por motivos de seguridad; es decir, para evitar que algún pirata informático pudiera interferir alterando la información. Tercera: Recepción de los datos, ya reasegurados, por un tercer elemento encargado de su cómputo preceptivo.
No existió el debido control ni transparencia en las etapas segunda y tercera. Además, en caso de detectarse alguna irregularidad, sería prácticamente de imposible probación.
Bastaría con incluir un programa de reconocimiento inteligente de caracteres, por ejemplo, en el elemento de seguridad señalado como etapa segunda del recuento, para alterar los datos capturados de las actas originales.
No afirmo que haya sucedido así. Defiendo que un proceso electoral debería ser anulado si el efectivo control del resto de los actores afectados no hubiera podido realizarse en la totalidad del proceso, de lo contrario, la aceptación de los resultados oficiales se parecería más a un acto de fe filo religioso que a un ejercicio racional.
Si el sistema democrático estuviera basado en la fe no existirían ni la división de poderes ni el control a los miembros del poder ejecutivo.
Dar por buenos los resultados de unas elecciones no debidamente controladas sería un acto de inmadurez e irresponsabilidad políticas. Argumentar que quien tenga alguna sospecha, que la denuncie ante la justicia, es no entender la enorme dificultad, por no decir imposibilidad, de la carga probatoria.
Por ello, lo que debe probarse no es la existencia de una irregularidad, sino la ausencia del control debido; de lo contrario estaremos a merced del poder ejecutivo y/o de los partidos que lo sustentan: Puro absolutismo partitocrático.
El gran administrativista español, García de Enterría, solía decir que el derecho administrativo había nacido para proteger a los administrados de los abusos de la Administración; sin embargo, el poder se las ingenió para darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en un instrumento a favor de sus intereses.
Así actúa el poder; y cuando usurpa determinadas parcelas sensibles para sus aspiraciones y de quienes les patrocinan, ya no las soltarán; recordemos quién tiene el monopolio de la fuerza.
El próximo domingo se celebrarán concentraciones frente a los ayuntamientos en diversas ciudades de España para exigir elecciones transparentes. No se trata de qué partido nos gusta más o menos, o de a qué mito ideológico nos adherimos.
Se trata de defender el último rescoldo de ese fuego bastardeado y manipulado hasta la náusea mal llamado democracia.
Militante consciente en las ideas de que la «Historia de España es la historia del mundo» y de que el «Mundo hispano es mucho más que una cultura; es una civilización»
Licenciado en Derecho
Máster en Dirección y Admón de Empresas.
Diplomado en Márketing y en Dirección Comercial
