Tras el intento de los españoles por construir su “permanencia en la existencia” con la Constitución de 1978, el proyecto del PSOE del expresidente Zapatero y del actual, Pedro Sánchez, continúa la línea disgregadora del territorio y de los españoles iniciada con la segregación de las naciones hispanas.

Una disgregación y una neodependencia, más que verdadera independencia, continuada con el paulatino fraccionamiento territorial de España: Vascongadas, Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares y demás identidades reinventadas contra la realidad española. Todo le sirve al proyecto del “sanchismo” para convertir a España en una entidad sumisa a él y a él, en una figura sumisa a un proyecto de pretensiones mundialistas: la agenda 2030.

La voluntad de existir de los españoles depende de lo que estos hagan durante 2023. Y, en tal momento histórico, ¿qué se debe, qué se puede hacer?

A siete años del proyecto para 2030, mítico e imposible por más que en su camino obtengamos más dependencia, recorte de libertades y empobrecimiento diferencial, los ciudadanos españoles tienen ante sí un momento clave. Las batallas electorales de mayo (autonómicas y municipales) y de finales de año (generales) suponen un punto de gravedad indiscutible:

La gestión de las cuentas públicas (endeudarse es someterse).  

La reducción del sector privado de la economía (frenarlo es debilitarse).

El abandono de la autosuficiencia energética (hacerlo es perder libertad nacional y, por ende, individual).

La conversión del delincuente en víctima y de la víctima en daño colateral (invertir los criterios del Poder Judicial es desproteger a los ciudadanos).

Recomponer la educación pública y privada de alto nivel (el ideologismo pedagógico y la falta de esfuerzo es degradante para los que menos pueden).

La voluntad de existir de los españoles depende de lo que estos hagan durante 2023. Y, en tal momento histórico, ¿qué se debe, qué se puede hacer? Correlativamente lo siguiente:

En primer lugar se necesita elegir a un gobierno que ponga en su sitio a los que separan el territorio común. La rehabilitación política de los sucesores de la organización criminal ETA debe ser revertida y la persecución judicial de los asesinatos no juzgados, reactivada. Con esto, tras esto o a la vez que esto, es de libro reponer en el Código Penal tanto el delito de sedición como reforzar el de malversación tanto para quienes se lucran con recursos públicos para sí mismos como para los que lo hacen para atacar la unidad territorial (Artículo 2 de la vigente Constitución: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”).

El déficit y la deuda pública deben ser drásticamente reducidas. A nadie se le escapa, salvo que se practique la política del avestruz, que la deuda reduce la libertad, tanto de la nación como la de cada ciudadano que la compone. Es imprescindible un gobierno que aplique soluciones a largo plazo y abandone el infantilismo interesado de lo inmediato.

Las mejores técnicas económicas, que se deben combinar con la austeridad pública para crear riqueza, pasan por el sector privado. Gobernar desregulando con inteligencia y reduciendo la asfixiante presión fiscal abre las puertas a la iniciativa empresarial generadora, la cual ha de ser encomiada y no atacada.

Aumentar la cesta energética sin abandonarse a la mitología verde, aunque sin desecharla el cuidado medioambiental: más energía nuclear (eco-realista donde las haya), más prospecciones petrolíferas (aquí hay que decir que la pérdida de su explotación en aguas cercanas a las Canarias, en beneficio del Marruecos, fue un error limítrofe con la traición). Es decir, más de todo lo que suponga más autonomía energética para España.

Reforzar la profesionalidad de todo el poder judicial (sin exceptuar niveles) restaurando los principios determinativos de culpa y castigo frente al hoy invertido victimismo del culpable y culpabilización de la víctima.

Gestionar la educación desde la nación y no desde la fracción, desde la exigencia y no desde la aculturación, desde la competencia y no desde los intereses gremiales ni desde las ideologías verdes y rosas.

En suma, se necesitan acciones en estas líneas por parte de todos los poderes del Estado empezando por el Ejecutivo al que hay que elegir en 2023 para esas tareas.

Joaquín Santiago

Publicado en el diario La Nueva España el 10 de febrero de 2023:

https://www.lne.es/opinion/2023/02/10/2023-ano-cero-espana-82749466.html