Sobre el papel, Asturias dice cumplir con la ley. En la consulta, los niños con autismo descubren que es mentira.
Asturias vive instalada en un espejismo sanitario: el Gobierno repite que la atención está garantizada, que existen protocolos, que los recursos cumplen la normativa estatal. Pero cuando uno baja del papel a la práctica, ese supuesto cumplimiento se derrumba. El discurso es impecable; la realidad, un desierto de garantías para las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
No hablamos de una opinión, sino de normas del Estado, documentos ministeriales y hechos clínicos. Y en todos esos planos, Asturias falla. No por accidente, sino por estructura.
Lo que exige la ley: cartera común, ampliación bucodental y estrategia TEA
La Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, establecida en el Real Decreto 1030/2006, fija lo que todas las comunidades autónomas deben garantizar en sanidad pública, sin excepciones territoriales.1
En 2022, el Consejo Interterritorial aprueba la ampliación de la cartera de salud bucodental, incorporando de forma expresa a personas con discapacidad, incluidas las que no pueden colaborar por falta de autocontrol. Se recoge por escrito: sedación o anestesia general cuando la exploración no sea posible en condiciones normales, diagnóstico adecuado y actuaciones preventivas y terapéuticas homogéneas en todo el país.2
La norma no deja margen: la sedación para personas con discapacidad que no pueden colaborar no es una opción, es una obligación.
A esto se suma el I Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA 2023–2027, que obliga a las comunidades a articular una atención sanitaria integral y accesible, con profesionales formados, coordinación entre niveles asistenciales y protocolos específicos para TEA.3
Por encima de todo, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y desarrollada en la legislación interna, establece el derecho a recibir servicios sanitarios de la misma calidad que el resto de la población, con ajustes razonables y sin discriminación por discapacidad.4
En resumen: la ley exige sedación cuando no hay autocontrol, diagnóstico completo cuando no es posible la exploración convencional, atención bucodental preventiva y tratamientos adaptados, coordinación real en TEA y accesibilidad sanitaria efectiva.
Lo que Asturias declara, y lo que realmente hace
En los documentos del Ministerio de Sanidad, todas las comunidades autónomas afirman que aplican sedación en la atención bucodental de personas con discapacidad que no pueden mantener el autocontrol. Todas: también Asturias. Sobre el papel, el Principado dice estar cumpliendo.
Sin embargo, la experiencia real de las familias demuestra lo contrario. Un niño con TEA grave acude a la unidad de salud bucodental del Monte Naranco en tres fechas consecutivas:
- •Junio de 2022: primera visita. No se deja explorar. No se ofrece sedación.
- •Enero de 2023: segunda visita. Ya conocen su perfil. No se ofrece sedación.
- •Octubre de 2023: tercera visita. Se repite el mismo patrón. No se ofrece sedación.
En las tres ocasiones, la unidad actúa como si la obligación de sedar en caso de falta de autocontrol no existiera. La cartera común obliga; el sistema asturiano lo ignora.
La ampliación de la cartera bucodental obliga también a garantizar un diagnóstico adecuado, incluida la radiografía, cuando la exploración clínica no es fiable. En Asturias, incluso cuando finalmente se practica una sedación en la UVI pediátrica del HUCA, no se realiza radiografía. El niño sale de la sedación con un “no tiene nada” que la clínica privada desmentirá después con una radiografía sencilla.
La secuencia es demoledora: tres visitas sin sedación, una sedación sin radiografía, un dolor que detecta el colegio, una caries que sólo aparece cuando la familia paga en la privada. La normativa se cumple en BOE; el tratamiento, en una factura privada.
El protocolo que no protocoliza nada
Cuando la familia exige explicaciones, la respuesta de la Consejería de Salud de Asturias se apoya en el llamado “PROTOCOLO-sociosanitario-asturias para la atención a la salud oral de la población vulnerable”. Ese documento, que debería ser la columna vertebral de la atención a personas con discapacidad, se parece más a un folleto de educación para la salud que a un protocolo clínico.
No regula sedaciones, no establece circuitos para TEA, no define itinerarios hospitalarios, no marca tiempos máximos de espera, no fija criterios de derivación y no especifica cómo garantizar la exploración cuando el paciente no colabora. Es un documento generalista que se usa como escudo administrativo, no como herramienta real.
La propia respuesta oficial afirma que la unidad “actúa según su criterio profesional” y que se ha empezado a “definir un apartado específico TEA”. Es decir: reconoce que, hasta ahora, no existía. Mientras el Ministerio ya había aprobado fondos y planes, el Principado seguía improvisando.
El Principado ha presentado como “protocolo” un documento que no garantiza nada: ni sedación, ni radiografía, ni circuitos TEA, ni tiempos de respuesta.
Del BOE a la consulta: vulneraciones en cadena
Las vulneraciones no son teóricas, son concretas:
- •Incumplimiento de la cartera común: no se ofrece sedación pese a constar un TEA grave con imposibilidad de colaboración; no se garantiza radiografía en sedación.
- •Incumplimiento de la ampliación bucodental: la atención a discapacidad no se presta en condiciones de equidad ni homogeneidad, pese a la financiación específica repartida entre comunidades autónomas.2,5
- •Incumplimiento de la Estrategia TEA: no hay unidad hospitalaria TEA, ni formación sistemática, ni protocolos efectivos, ni datos fiables sobre población atendida.3,6
- •Incumplimiento del enfoque de derechos que la Convención de la ONU y la legislación española imponen: la discapacidad no puede ser una excusa para ofrecer menos, sino una razón para adaptar más.4,7,11
Mientras todo esto ocurre, los documentos oficiales siguen diciendo que “se hace sedación”, que “se cumple la cartera” y que “existe protocolo”. El Ministerio de Sanidad acepta las autodeclaraciones de las comunidades y las comunidades se parapetan en papeles que no se corresponden con la experiencia de las familias.
El resultado es un doble engaño: al Estado se le dice que se cumple; a las familias, que no hay nada más que ofrecerles.
No es un fallo técnico: es un problema legal y ético
Llegados a este punto, la discusión ya no es “técnica”. El debate es jurídico y ético.
Si la cartera común, la ampliación bucodental, la Estrategia TEA y la Convención de la ONU obligan a garantizar determinados servicios, y esos servicios no se prestan, estamos ante una vulneración sistemática de derechos sanitarios de una parte de la población: las personas con TEA y sus familias.
•Cada vez que un niño con TEA sale de una consulta sin sedación pese a necesitarla, se incumple la cartera.
•Cada vez que una radiografía necesaria no se practica, se incumple la cartera.
•Cada vez que una familia tiene que pagar en la privada un servicio que la sanidad pública está obligada a dar, se vulnera el principio de equidad.
•Y cada vez que se responde con un protocolo vacío a una reclamación bien fundada, se falta a la verdad.
Asturias puede seguir proclamando que “cumple la ley”. Pero mientras la experiencia real de las familias contradiga el BOE, lo único que cumplirá el Principado será el papel de comunidad rezagada que disfraza sus carencias con burocracia.
Entre lo que la ley promete y lo que Asturias hace hay un abismo. Y quien cae en ese abismo no es la Administración, son los niños con autismo.
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Documentos y referencias recomendadas
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental (Acuerdo del Consejo Interterritorial, 22 de junio de 2022).
Orden SND/606/2024, de 13 de junio, sobre ampliación de la cartera de servicios de atención de salud bucodental.
Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (documento marco).
I Plan de Acción Estrategia Española en TEA 2023–2027 (Acuerdo de 2023).
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Instrumento de Ratificación).
Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED