NOTA: tras la noticia propia del día de los Santos Inocentes, que nunca faltará cada 28 de diciembre, sobre el nombramiento ministerial de Adrián Barbón, toca vuelta a despertar conciencias.
Procedimiento limpio. Pliegos claros. Mesa de contratación diligente. Oferta ganadora justificada. Obra ejecutada. ¿Punto final?
La demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés podría figurar en cualquier manual de contratación pública moderna. Procedimiento limpio. Pliegos claros. Mesa de contratación diligente. Oferta ganadora justificada. Obra ejecutada. El caso es que, además, Erri Berri- Afesa, la adjudicataria, forma parte de la trama Cerdán-Servinabar.
Punto final…. y, sin embargo, hoy está bajo investigación.
Por lo que ocurrió dentro del expediente formalmente legal con indicios de lo que pudo ocurrir fuera de él.
Ese es el hilo que conviene seguir si queremos entender qué está en juego, qué se investiga de verdad y por qué este caso importa más de lo que parece.
Para lectores apresurados: qué ha pasado y qué se investiga
En 2021, el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) adjudicó la demolición de las baterías de coque de Avilés a una UTE que presentó una oferta de 2,85 millones de euros, aproximadamente la mitad que sus competidores.
El concurso ponderaba un 55% el precio y un 45% la técnica. La UTE ganadora no fue la mejor técnicamente, pero su oferta económica arrasó en puntos.
Fue calificada como “anormalmente baja”, se pidió justificación, se aportaron informes y la Mesa la aceptó.
Años después, la UCO investiga si, al margen del expediente, esa adjudicación pudo estar vinculada a una comisión de 400.000 euros, dentro de la trama Cerdán-Servinabar de intermediación e influencias dentro de este PSOE que nos ha tocado.
El expediente sigue siendo formalmente válido. La pregunta es otra: ¿hubo pago por influencia fuera del papel?
Para lectores enfocados en la verdad. El contrato: cómo se gana sin casi tocar la ley
Conviene empezar por aquí, porque es el punto que más confusión genera. La adjudicación no se decide en abstracto, sino con una regla de juego concreta. Y esa regla importa más que cualquier intención.
El concurso admitió tres finalistas. Principado de Asturias (PEPA) concurrieron las tres empresas que superaron el umbral técnico inicial:
•la UTE Erri Berri–Afesa,
•la UTE Lezama Demoliciones–Constructora Los Álamos,
•Eiffage Infraestructuras.
En la fase técnica, una de las UTEs, Lezama– Los Álamos, destacó por su excelente puntuación técnica: mejor conocimiento del emplazamiento, planificación detallada y medidas de seguridad más completas.
La UTE que acabaría ganando, Erri Berri–Afesa, quedó por detrás, pero pasó el corte con una valoración modesta, “adecuada” de los aspectos técnicos de la tarea.
La clave llegó al abrir el sobre económico. El contrato se estructuraba como precio neto: coste de demolición menos ingresos por venta de chatarra y materiales recuperables.
En ese marco, la oferta ganadora fue sorprendentemente más baja: 2,85 millones, frente a 6,14 y 6,93 de sus competidores.
El efecto fue devastador en términos de puntos. Con un 55% de peso para el precio, la ventaja técnica de Lezama- Los Álamos quedó neutralizada. La UTE ganadora, Erri Berri- Afesa (la de la conocida trama) alcanzó la mayor puntuación global.
•La Mesa, cuidó primero su responsabilidad y detectó el problema obvio: una diferencia tan grande suele activar alarmas. Declaró la oferta anormalmente baja y exigió justificación.
•La empresa de la baja sospechosa, vencedora final, aportó estudios de mercado sobre el valor de la chatarra, acreditó maquinaria propia para reducir costes y justificó salarios y subcontrataciones conforme a convenio.
•La Mesa, ahora sí, vio su responsabilidad salvada y dio el visto bueno. La adjudicación siguió su curso.
Desde el punto de vista administrativo, el expediente es defendible. Y eso no es un detalle menor: un expediente bien armado es el mejor escudo del sistema.
La otra lectura: cuando el poder no vive en el expediente
La investigación no discute —al menos por ahora— la corrección formal del procedimiento.
Discute otra cosa: si el procedimiento fue acompañado, antes o después, por una intermediación ilícita: la de los 400.000 € que estima la UCO.
Aquí entramos en lo que podríamos llamar el subsuelo del poder. No el que firma, sino el que conecta. No el que puntúa, sino el que tranquiliza. No el que decide, sino el que asegura que la decisión “saldrá”.
La hipótesis que se investiga es simple en su formulación y compleja en su prueba: que alguien, fuera del expediente, utilizó su posición relacional para influir en el proceso y cobró por ello.
La UCO será quien pueda darnos respuesta pues el patrón demostrado de la trama Cerdán hace que esta hipótesis cuente con una muy probable veracidad.
Ese patrón contiene nombres que aparecen como núcleo relacional (no como condenados):
- •Leire Díez «la fontanera».
•Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de SEPI.
•Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán.
El importe que se menciona —400.000 euros— no es aleatorio. Es lo bastante grande para ser un incentivo real y lo bastante pequeño para poder ocultarse entre sociedades, servicios vagos y transferencias opacas.
La corrupción moderna no necesita violar el procedimiento; le basta con colonizar lo que el procedimiento no ve.
Qué convierte una sospecha en delito
Desde el punto de vista penal, hay una frontera nítida. No se cruza con adjetivos, sino con pruebas.
— Oferta baja: sospechosamente legal.
— Expediente correcto: formalmente legal.
— Mesa que acepta una justificación: curiosamente legal.
El salto penal aparece si se acredita que:
1. alguien influyó en la decisión usando su posición,
2. alguien pagó o prometió pagar por esa influencia,
3. ese pago se materializó directa o indirectamente.
Por eso la UCO no mira primero los pliegos. Mira el dinero y las comunicaciones. Transferencias, sociedades interpuestas, facturas por “asesorías”, pagos posteriores a hitos clave. Mensajes previos a la licitación, a la justificación de la baja, a la resolución de la Mesa.
Y, sobre todo, patrones: si el mismo esquema se repite en otros contratos, otros entornos, otros territorios.
- •Sin rastro financiero, no hay caso sólido.
- •Con rastro financiero, el expediente deja de ser un escudo y pasa a ser un decorado.
Los perfiles en juego: quién sabe qué y quién puede romper
En cualquier sistema así, no todos los actores tienen la misma información ni el mismo riesgo. Y eso importa.
— El técnico institucional, miembro de la Mesa de Contratación, vive en el expediente. Confía en el procedimiento. Cree —a menudo con razón— que cumplir la norma lo protege. Solo se inquieta cuando el caso salta del ámbito administrativo al penal.
— El beneficiario empresarial, Erri Berri, calcula en frío. Aguanta mientras el coste sea asumible. Solo se mueve si el golpe es económico y personal: embargos, bloqueo de cuentas, imputación real.
— El jefe de organización, PEPA, rara vez baja al detalle. Delegación, distancia y tiempo juegan a su favor. No suele desertar; gestiona.
Pero hay una figura clave, siempre la misma en estos casos: el intermediario, unos de los tres citados u otro que se desvele.
No firma. No preside. No aparece en la foto. Conecta. Sabe cómo funciona la ponderación, cuándo una baja se puede justificar y cuándo no, quién puede frenar una objeción y quién no. Vive antes y después del expediente, no dentro.
Ese perfil es el más frágil cuando entra un investigador. Porque sabe que, llegado el momento, el sistema puede prescindir de él.
La deserción no llega por arrepentimiento. Llega cuando el cálculo cambia. Cuando callar cuesta más que hablar.
El momento Avilés: sistema observado, no roto
Hoy, el caso Avilés no está roto. Está mirado.
El expediente sigue en pie. La obra está hecha. Las instituciones se remiten al procedimiento. El Ayuntamiento se declara ajeno. Todo eso es coherente.
Cuando aparece el dinero, todo lo demás se reordena.
Pero la investigación no ha terminado. Y en este tipo de casos hay una regla que conviene no olvidar: cuando aparece el dinero, todo lo demás se reordena.
- •Si no aparece, el sistema se estabiliza por inercia.
- •Si aparece, alguien hablará.
- •No por ética, sino por supervivencia.
Epílogo: la pregunta incómoda
Hay dos preguntas posibles ante una obra pública.
•La cómoda es: ¿cómo se adjudicó?
•La incómoda es: ¿para quién se adjudicó?
•La primera se responde con pliegos y actas.
•La segunda, con transferencias y mensajes.
Avilés es hoy el punto donde ambas preguntas se cruzan. Y ahí, exactamente ahí, es donde empiezan los problemas de verdad.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED