Una tesis incómoda (y verificable)
El caso Cerredo no empieza con la muerte de cinco trabajadores en 2025. Empieza, como mínimo, en 2022, cuando un primer accidente mortal dejó constancia de que la explotación minera entrañaba un riesgo grave y real. A partir de ese momento, la continuidad de la actividad ya no podía ampararse en la normalidad previa.
Las comparecencias recientes de Belarmina Díaz y Nieves Roqueñí dejan casi cerrado el esquema básico de lo ocurrido.
Cuando ya ha habido muertos, la ignorancia deja de ser excusa.
Lo que empieza a operar es otra cosa: la omisión como forma de gobierno.
Qué había (y por qué no vale hacerse el sorprendido)
Desde entonces, no faltó información. Existieron expedientes administrativos, informes técnicos y denuncias que alertaban de irregularidades en la explotación: problemas de ventilación, deficiencias en los planes de labores, maquinaria inadecuada y una estructura empresarial opaca, con sociedades vinculadas entre sí. Nada de eso era invisible. Constaba en documentos oficiales.
Lo que faltó no fue legislación ni conocimiento técnico. Lo que faltó fue reacción.
Lo que no se hizo tras 2022
No hubo una auditoría integral tras el accidente de 2022. No se decretó un cierre definitivo. No se revisó de forma estructural el sistema de control. El Principado siguió operando como si el aviso mortal hubiera sido un episodio aislado y cerrado, no una señal de alarma.
La secuencia que define el caso
En términos jurídicos y políticos, la secuencia es clara:
aviso mortal → información disponible → continuidad de la actividad.
Cuando ese patrón se consolida, el problema deja de ser técnico. No estamos ante un fallo puntual, sino ante una gestión consciente del riesgo.
Cerredo no fue una fatalidad. Fue el resultado de una cadena de decisiones por omisión, adoptadas después de que el sistema supiera lo suficiente como para no poder alegar ignorancia. Y cuando el poder sabe y decide no actuar, lo que ocurre después ya no es un accidente.
A partir de aquí, la cuestión inevitable es otra:
quién tenía capacidad real para intervenir y decidió no hacerlo.
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