Antes de discutir culpas penales —que corresponderán a los tribunales—, Cerredo plantea una cuestión más inmediata y menos eludible: la responsabilidad patrimonial del Principado de Asturias. No es un juicio moral ni una imputación ideológica. Es Derecho administrativo básico.
Cinco trabajadores murieron en 2025 tras un accidente mortal previo en 2022, con informes, denuncias y expedientes que alertaban de riesgos graves. Cuando concurren daño efectivo, funcionamiento anormal del servicio público y nexo causal, aunque sea indirecto, la ley es clara: la Administración responde. No hace falta dolo. No hacen falta condenas penales. Hace falta que el sistema haya fallado. Y falló. La legislación española es clara:
- Constitución Española — Artículo 106.2 (Responsabilidad patrimonial de la Administración)
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículos 32 y siguientes
Aquí el sujeto responsable no es una persona concreta, sino el Principado de Asturias como organización. La consecuencia es inequívoca: indemnización a las víctimas y a sus familias. Después, si quiere, la Administración discutirá internamente quién falló. Pero primero paga. Así funciona un Estado de Derecho.
Este punto es crucial porque fija el marco: no hablamos de errores aislados, sino de un fracaso institucional. Y ese fracaso tiene una cadena política clara.
I. Belarmina Díaz: el aval como escudo insuficiente
Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Minas entre 2018 y 2025 y brevemente consejera, sostuvo que todo lo que firmó tenía aval técnico y jurídico y que desconocía el entramado empresarial. Dimitió, y ese gesto tiene un valor político que nadie discute.
Pero jurídicamente desplaza la pregunta hacia otro lugar: ¿qué valen los avales cuando la información relevante no se lee, no se cruza o no circula dentro del propio sistema? El aval no exonera cuando el control falla de forma reiterada. Menos aún tras una muerte previa.
La dimisión no borra la cuestión de fondo: si el sistema de validación funcionaba solo en apariencia, la responsabilidad no desaparece; cambia de plano.
II. Nieves Roqueñí: “se hizo lo que había que hacer”
Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera entre 2019 y 2023, afirmó que “se hizo lo que había que hacer en cada momento” y negó la previsibilidad del accidente recurriendo a metáforas de lotería.
Sin embargo, los hechos son tozudos. Tras el accidente de 2022:
- •no hubo auditoría integral del sistema de control,
- •no hubo cierre definitivo,
- •no hubo revisión estructural de la cadena de decisiones.
Decir que nadie podía preverlo puede ser un argumento retórico. Administrativamente es inverosímil. La política no está para confiar en la suerte, sino para anticipar riesgos cuando ya se han materializado.
III. Adrián Barbón: cuando el error se convierte en patrón
Adrián Barbón Rodríguez sostuvo y mantuvo ese marco. No ordenó una auditoría integral tras 2022. No forzó una revisión del sistema tras 2025. Y cuando un sistema falla una vez, puede ser un error; cuando falla dos veces, es un patrón de gobierno.
Aquí la responsabilidad penal es improbable. Pero la responsabilidad política e institucional es directa. Porque el presidente no gestiona expedientes, pero sí responde del diseño, la supervisión y la reacción del sistema.
IV. De la fragmentación como coartada al Estado como sujeto responsable
Cerredo demuestra algo incómodo: la fragmentación de competencias se usó como coartada. Cada nivel heredó el problema como si fuera ajeno. Nadie lo asumió como propio. Y el riesgo siguió avanzando.
Por eso la responsabilidad patrimonial es tan relevante: reconstruye el caso desde el resultado, no desde las excusas. El Estado responde porque el servicio no funcionó como debía. Punto.
V. Cierre: cuando la omisión decide
Cerredo no exige retórica ni cacerías. Exige aceptar que la política no puede refugiarse eternamente en avales, herencias y organigramas. Porque cuando todos sabían algo, pero nadie supo lo suficiente como para actuar, el resultado no es una fatalidad.
Es una decisión colectiva por omisión.
La mina no mató dos veces, la dejó matar dos veces un sistema que confundió legalidad formal con responsabilidad real.
Y eso, en democracia, tiene nombres y tiene consecuencias.
ENLACES RECOMENDADOS:
- Constitución Española — Artículo 106.2 (Responsabilidad patrimonial de la Administración)
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículos 32 y siguientes
- Asturias Liberal — “Cerredo: el testimonio definitivo y las responsabilidades políticas”
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED