El posible relevo de Ángel Escribano por Raül Blanco no es un rumor ni una anécdota bursátil. Es el síntoma final de una cadena de decisiones políticas, industriales y de gobernanza que ha llevado a Indra a una fase de inestabilidad abierta.
Leer más¿Son los menores demasiado inmaduros para usar Instagram, pero lo bastante autónomos para decisiones irreversibles sin sus padres? La nueva propuesta del Gobierno reabre un debate incómodo sobre educación, control, familia y libertad en la era digital.
Leer másEspaña vota de una manera y es gobernada de otra. No por error coyuntural, sino por un sistema electoral y de partidos que ha dejado de reflejar la composición social real en el Congreso.
Leer másLa elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos fue recibida con entusiasmo por quienes buscaban un liderazgo firme y orientado al fortalecimiento nacional.
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Venezuela entra en una fase inédita: caída de Maduro, gobierno interino de Delcy Rodríguez, presión internacional y una transición llena de ambigüedades. En este contexto, Asturias Liberal conversa con Antonio Ledezma
El último artículo de Yago González en La Nueva España sobre el despliegue de Indra en El Tallerón de Gijón vuelve a incurrir en la misma operación editorial que ya detectamos meses atrás: acompañar un relato político-industrial sin someterlo a contraste técnico.
Cuando La Nueva España publica un artículo sobre la implantación de Indra Land Vehicles en El Tallerón, el enfoque es falso y engañoso como corresponde a un medio que vive, con ello, de vender un falso y engañoso futuro para la región.
Francisco Álvarez-Cascos, compareció ante el Congreso el año 2000 para exponer las líneas generales de su programa de legislatura fijando, sin ambigüedades ni subterfugios, una jerarquía clara: la seguridad en las infraestructuras de transporte era la primera prioridad del Ministerio.
La obra Sobre el imperio de la ley, del Dr. Javier Cremades, representa un aporte significativo a la reflexión contemporánea sobre los fundamentos del constitucionalismo y del Estado de Derecho
Aquí el sujeto responsable no es una persona concreta, sino el Principado de Asturias como organización. La consecuencia es inequívoca: indemnización a las víctimas y a sus familias.
El caso Cerredo no empieza con la muerte de cinco trabajadores en 2025. Empieza, como mínimo, en 2022, cuando un primer accidente mortal dejó constancia de que la explotación minera entrañaba un riesgo grave y real.
El Huerna ya no es una infraestructura: es una experiencia casi espiritual. Un ejercicio de paciencia infinita de vecino atrapado en atascos.
Una comitiva fúnebre viaria en la que los vehículos avanzan en silencio, a 60 km/h
En un país mínimamente serio, el ministro competente se aparta, colabora y permite que la investigación no nazca bajo la sospecha de la autoprotección.
La imagen del tejido industrial asturiano, que debería ser un “vergel” a la sombra de la única acería integral del país, de algunas ingenierías y de pujantes astilleros (por citar sólo algunas empresas tractoras), tiende a preocupante… para nuestro futuro y para el de nuestros hijos.
El problema es que, más allá del titular, las ZBE no resuelven la movilidad, apenas corrigen de manera estructural la contaminación y, además, trasladan el coste principal del ajuste al ciudadano corriente
En los últimos días, la figura de Julio Iglesias ha pasado de ser celebrada a ser cuestionada por la opinión pública.
Adrián Barbón no actúa solo como presidente del Principado; actúa, sobre todo, como cuadro orgánico del PSOE que conoce bien dónde están los límites de su autonomía.
Su hija, Mariana González, lo ha contado con una entereza que estremece. En su carta pública —que quedará como testimonio moral de estos tiempos oscuros— confesó cómo el régimen intentó someter a su padre
Por eso Alemania compra a GDELS sin complejos, exige que produzca en suelo alemán, fuerza inversiones en plantas nuevas y existentes, integra pymes locales en la cadena de suministro y asegura una capacidad productiva sostenida que no depende de promesas futuras, sino de contratos ejecutables.
Por alguna razón fácil de comprender, pero difícil de justificar, el equipo de agitprop de Moncloa-Ferraz se ha empeñado en que hacer política en una tragedia como la vivida en Adamuz es facha, cosa fea y retrograda.
